El caso del profesor condenado por maltrato del IES Goya (Zaragoza) puede cambiar la ley estatal para ejercer la docencia

El caso de Luis Antonio Irzo, el profesor del IES Goya de Zaragoza condenado a siete años por maltratos a su mujer y sus dos hijos, podría sentar un precedente a nivel estatal que llevaría a ampliar los supuestos que establecen las incompatibilidades para ejercer la docencia. En estos momentos, la ley de protección integral a la infancia y la adolescencia establece que el único antecedente delictivo que precede a la inhabilitación para ser profesor es el relacionado con los delitos de carácter sexual, pero el Ministerio de Infancia y Juventud ya se ha puesto en contacto con las familias del IES Goya para "invitarles" a participar en un proceso de consulta pública que concluye el próximo 23 de diciembre.

De hecho, esta propia normativa ha ido variando con el paso de los años. En un principio, había que presentar un certificado de delitos penales que acreditase estar limpio a ese último respecto, pero con el tiempo eso varió y bastaba con una declaración jurada, aunque desde hace un tiempo se ha vuelto a requerir un mayor volumen de documentación. Esta última instancia es competencia de las comunidades autónomas, pero la ley es estatal y el Ejecutivo autonómico solo puede moverse en esos términos.

"Si el docente no está inhabilitado por sentencia y ha cumplido ya la pena, no hay marco legal que impida su contratación", explican fuentes de la DGA al ser consultadas sobre el caso de Luis Antonio Irzo, exconcejal del PP en Huesca. Es decir, al no incurrir en esos delitos de abusos sexuales y haber cumplido su sentencia –que fue conmutada por una multa de algo más de 1.500 euros–, no hay motivos legales para poder inhabilitarlo.

Es en este punto donde ahora trabaja el Ministerio de Juventud e Infancia, liderado por Sira Rego (Sumar-IU). "Este caso ha abierto un debate, relacionado con la protección a la infancia, que el ministerio está dispuesto a abordar", expresan fuentes ministeriales a este diario. Por su parte, los familiares se muestran "muy contentos" por esta determinación y aseguran que, desde la pasada semana –cuando fueron contactados por Madrid–, ven un "rayo de esperanza" en un caso que ha generado una sonora polémica desde que salió a la luz.

Polémica

Cabe recordar que Irzo es profesor de Física y Química en 2º y 3º de la ESO del IES_Goya. Graduado en esa especialidad y con el antiguo Certificado de Aptitud Pedagógica (CAP), no ejerció la docencia hasta 2017, tan solo un año después de ser detenido y dos antes de que el Juzgado de lo Penal número 1 de Huesca le condenara a siete años de prisión por maltrato continuado a su mujer y a sus hijos.

Precisamente, este debate fue abierto hace tiempo por su exmujer y víctima, Paloma Delgado, quien emprendió una recogida de firmas en Change.org para modificar la normativa y ampliar los supuestos restrictivos. "Esta medida la reclama la sociedad. Es un problema social y la solución pasa por reformar la ley porque nos topamos con un muro legal", denunció el pasado octubre en este diario, en el que expuso su punto de vista: "El mensaje que se transmite es negativo porque se minimiza el delito y se vuelve a a ningunear a la víctima. Es incoherente que una persona que haya maltratado a sus hijos sea responsable de otros menores".

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Fue en octubre cuando el caso de Irzo y el IES Goya saltó a la opinión mediática, tras conocerse que algunas alumnas, al enterarse de las condenas al profesor, organizaron una sentada a modo de protesta para pedir su destitución. Y es que Irzo, además de impartir clases de su especialidad, Física y Química, también es docente de Atención Educativa, una asignatura en la que se tratan cuestiones de ética. "Es rocambolesco que hable él de ética e imparta sus ideas", sostenía entonces una de las madres, que ya anticipaba movimientos junto a otros padres y madres para modificar la ley de protección integral a la infancia y la adolescencia. Una lucha que ya ha llegado a Madrid y que puede sentar un precedente histórico. 

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