PP y PSOE salvan una Ley de Energía que corre el riesgo de ser recurrida por el Estado

Las Cortes de Aragón han aprobado este jueves la Ley de Energía mediante el procedimiento de lectura única, una semana después de que finalizara el plazo para presentar enmiendas, con el voto a favor del grupo que sustenta al ejecutivo, el PP, del PSOE y del PAR, y las dudas de su viabilidad ante la posibilidad de que vuelva a ser recurrida por el Estado.

Esta ley deriva del anterior Decreto-ley 1/2023 que fue derogado por el Constitucional y que, según los argumentos del texto, creó un vacío normativo que afectaba a la competitividad del sector energético, que ahora reincorpora y ajusta las disposiciones anuladas, adaptándolas al marco constitucional y que además incluye recomendaciones de las Cortes de Aragón y del Consejo de Protección de la Naturaleza para actualizar la planificación energética, con énfasis en el autoconsumo, comunidades de energía, planificación territorial e inversiones renovables prioritarias.

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En su defensa de la ley, la vicepresidenta del gobierno autonómico, Mar Vaquero, ha destacado que es "una oportunidad y un reto para todos los aragoneses", con la que se marca el desarrollo futuro y el liderazgo político y social de Aragón.

"Aragón tiene la oportunidad de recoger el esfuerzo de tanto trabajo. Es un territorio capaz de liderar un cambio político y social, la ley será un pilar para lograr ese impulso", ha dicho Vaquero, insistiendo en el "gran potencial" de esta comunidad para atraer y retener el talento y el poder de que sea "más competitivo, más trascendente y más importante" y "una apuesta por afrontar juntos los desafíos y por la prosperidad de Aragón".

Apuntalar la logística, la agroalimentación y la industria

Ha añadido que la norma va a contribuir a "apuntalar" la logística, la agroalimentación y la industria, a que las empresas ser más competitivas, porque además ofrece seguridad jurídica.

La ley está dividida en nueve capítulos, seis disposiciones adicionales, dos disposiciones transitorias, una disposición derogatoria y siete disposiciones finales.

También crea el Foro Permanente de Energía y establece un Fondo Solidario para reinvertir tributos energéticos y adapta normas aragonesas a la legislación estatal y europea para mejorar la eficiencia regulatoria y competitividad energética.

Entre sus objetivos figuran reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, garantizar la autonomía energética, satisfacer la creciente demanda eléctrica y reducir costes para combatir la pobreza energética, además de fomentar el autoconsumo y un modelo energético competitivo y sostenible que respete los valores ambientales y paisajísticos.

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La ley también pretende fortalecer el tejido industrial aragonés mediante incentivos para proyectos que incorporen energía renovable, mejorando la competitividad empresarial y reduciendo emisiones. Con ajustes normativos, la ley integra las instalaciones de generación renovable como infraestructuras clave, garantizando agilidad administrativa y seguridad jurídica para atraer inversiones.

El debate y el apoyo del PSOE

En el turno de la oposición, la socialista Marta Gastón ha defendido que el éxito de Aragón en energías renovables se debe al "legado" de su gobierno en las dos anteriores legislaturas con las leyes de 2016, 2021 y 2023 como bases de un modelo energético "moderno, sostenible y competitivo".

Ha criticado al PP por "desdeñar" estas medidas, luego adoptarlas y añadir cambios "insustanciales" y ha justificado el apoyo a la ley "desde la responsabilidad y la coherencia", con enmiendas que mejoran el reparto de fondos y eliminan "aberraciones urbanísticas", priorizando siempre los intereses de la región.

Alejandro Nolasco (Vox) ha dicho que se trata de un "calco del decreto ley de Lambán" y ha acusado al Gobierno de redactarla "al dictado del lobby energético" y "al servicio de inversión extranjeros que se va a llevar la pasta y aquí van a destruir el paisaje y nos van a dejar una inmensa chatarra".

Ha lamentado la ausencia de medidas para las comunidades energéticas, el autoconsumo o las pymes, y ha calificado el procedimiento de "cacicada" que tendrá como resultado la "devastación ambiental" que "arrasará" Aragón sin generar riqueza y que supone una "traición absoluta a los aragoneses".

El diputado de CHA José Luis Soro ha expresado su rechazo a la tramitación en lectura única para un texto "especialmente técnico, denso y complejo", ha denunciado la falta de participación política, al no dar voz a los colectivos afectados ni tiempo para debatir las más de 300 enmiendas presentadas.

Ha cuestionado las modificaciones introducidas respecto al decreto anterior, como la generalización del PIGA para cualquier proyecto energético, algo que califica de "barra libre" y contrario al interés general, además de afectar la autonomía municipal al excluir a los ayuntamientos de decisiones clave y lo que ha reclamado es un Plan Energético de Aragón.

El portavoz de Aragón Teruel-Existe, Tomás Guitarte, ha anunciado la presentación de un recurso de amparo ante el Constitucional frente a la tramitación porque se han vulnerado los derechos de las minorías, al tiempo que considera que la norma contradice en fondo y forma la normativa de la UE, el denominado consumo de energía "no aporta ni un milímetro" al autogobierno incluye conceptos jurídicos "a medida de un oligopolio que tiene secuestrado" al Gobierno de Aragón y supone un "ataque" a las comunidades energéticas y al autoconsumo "de verdad" y está hecha "para justificar el desorden en la implantación de renovables".

Andoni Corrales (Podemos) cree que a esta ley, que es "casi igual" al anterior decreto que fue recurrido, "le falta ambición y valentía" y ha recordado que la propiedad del viento y del sol es "de todos los aragoneses" y por eso "no cabe regalar" el recurso a empresas "que llegan al estilo bienvenido Mr Marshall".

Desde IU, Álvaro Sanz, ha calificado de "chapuza" esta ley que requería sentarse a hablar y que "lo único" que hace es "utilizar el autoconsumo y comunidades energéticas para desregularizar e impulsar aún más el desorden para beneficiar a unos pocos".

Ha explicado que las 80 enmiendas que ha presentado han sido con el objetivo de que el autoconsumo sea el objetivo principal, no la venta de la energía, al tiempo que ha acusado al ejecutivo de legislar "a la carta" y de "arrogarse la capacidad de expropiar por la vía de la utilidad pública".

Por el PAR, Alberto Izquierdo ha dicho que esta norma es "la mayor muestra de autogobierno a la hora de ordenar y decidir dónde, como se va a transformar, dónde va a llegar y quién la va a utilizar".