Funcionario público aragonés afectado por la crisis de Muface: "La prestación sanitaria ha ido empeorando poco a poco"

Alfonso Peiró trabaja en la Administración General del Estado y desde hace más de veinte años es beneficiario de la mutualidad

Alfonso Peiró, funcionario aragonés, posa en la plaza Albert Schweitzer de Zaragoza.

Alfonso Peiró, funcionario aragonés, posa en la plaza Albert Schweitzer de Zaragoza. / Josema Molina

«Esta situación se veía venir», afirma Alfonso Peiró (1974), que trabaja en la Administración General del Estado en Zaragoza. Se refiere al escenario de crisis que en los últimos meses viven los funcionarios adscritos a Muface. «Todo ha explotado estos meses, pero en años anteriores ya se hablaba de la infradotación de Muface», subraya. Habla con seguridad porque es mutualista desde hace, mínimo, 20 años. «Con DKV llevo muchísimo tiempo, ni me acuerdo cuanto. Antes estuve en Mapfre Salud, que ya no existe. Pero experiencia con Muface tengo de toda la vida, porque mis padres eran funcionarios mutualistas y yo era beneficiario», cuenta.

Peiró considera que «la prestación sanitaria ha ido empeorando poco a poco» a lo largo de los años. «Nos han ido quitando médicos y hemos tenido que cambiar de especialista o de centro. Esto ha hecho que las citas se hayan ido prologando en el tiempo y cada vez tardan más», dice.

Ahora la situación se ha agravado. Peiró se refiere a su caso particular para denunciar una situación que en este momento viven todos los funcionarios: el retraso de las autorizaciones. Para cualquier intervención, los mutualistas requieren que su aseguradora emita una autorización, que hasta hace unos meses se podía hacer por teléfono y que ahora se debe hacer por correo. «Se me ha demorado más de 14 días. Yo pido cita pero no tengo la autorización, y no me pueden hacer la prueba sin ella», relata. 

Su suerte, confiesa, es que su caso es de Traumatología, por lo que «no es grave». No le pasa así a otros funcionarios. «Una compañera mía está enferma de cáncer. Esta semana se ha ido a hacer un TAC y no tenía autorización, así que no le ha quedado otra que pagar los 440 euros porque es algo de vida o muerte. Adelantó el dinero y espera que la compañía se le devuelva», sostiene.

Aun con ello, por sus planes no pasa el de cambiarse a la seguridad social porque, indica, «sería empezar todo de nuevo». «Prefiero la prestación sanitaria privada porque he estado toda la vida ahí. Irme a la pública sería empezar de cero porque no tienen nada de mi historial médico», cuenta. 

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