Una realidad invisible: uno de cada 4 presos sufre algún problema de salud mental

«La prisión no deja de ser un reflejo de lo que hay en la sociedad» es una frase que habitualmente suena en boca de personas vinculadas al ámbito penitenciario. Esta pone de relieve cómo la vida en la cárcel replica muchas dinámicas y problemas que existen fuera y la salud mental no escapa a esa realidad. En estos casos, agravada por factores como la propia privación de la libertad de unos presos cuya situación suele pasar inadvertida frente a otros asuntos que sí ocupan las agendas políticas y mediáticas. Sin embargo, su invisibilización no soluciona que, según el sindicato Acaip-UGT, uno de cada cuatro reclusos padezca algún problema de salud mental y que el 8% sufra trastornos graves. Y que los estudios del Ministerio del Interior sitúen la prevalencia de la enfermedad mental en el 45,9% de estas personas. La administración no es ajena a este asunto y por ello ofrecen programas como el Paiem. No obstante, profesionales y asociaciones consideran necesario contar con más medios para hacer frente a esta situación.

Así lo ve el psicólogo de la asociación Asapme Aragón Carlos Muñoz, que desarrolla el Paiem en la cárcel de Zuera y que afirma que «es notoria la falta de medios para la atención a la enfermedad mental, en general, y también en el ámbito penitenciario. Como en todo, siempre se puede más».

El experto especifica que los diagnósticos más habituales en este ámbito «fundamentalmente son de personas con esquizofrenia y otros tipos de psicosis, trastornos afectivos, como el bipolar y trastornos del control de impulsos, entre otros». Y añade un matiz: «Es frecuente en el medio penitenciario la existencia de patología dual, esto es, la convergencia de un trastorno por uso de sustancias con un trastorno psiquiátrico».

Abordjae psicosocial multidisciplinar

Muñoz cuenta que el hecho de implantar un programa específico que diera respuesta a las necesidades de tratamiento de estas personas en prisiones «surge de la propia institución, siendo conscientes de la alta prevalencia entre la población reclusa». Sobre el Paim, desde Instituciones Penitenciarias explican que ofrece un abordaje psicosocial multidisciplinar, en el que, además de los equipos sanitarios, también participan trabajadores sociales, psicólogos, educadores y entidades. En el algunos centros, el personal de vigilancia también está involucrado en el Paiem y, en otros, incluso cuenta con su propio módulo específico.

En el caso de Asapme Aragón, trabajan «especialmente con personas con algún trastorno psicótico», precisa el psicólogo, con las que desarrollan actividades grupales «que incluyen ámbitos tan diversos como la psicoeducación, la adherencia al tratamiento, la adquisición de habilidades sociales o la gestión emocional».

Más allá del Paiem, Muñoz cita otros programas cuyo objetivo es mejorar aspectos de la salud mental de la población reclusa, como aquellos dedicados al control de impulsos, a las adicciones, la prevención del suicidio o la disminución de conductas autolesivas. «Nos consta la dedicación del personal con el que nosotros trabajamos. Personal que hace lo que puede con los medios que tienen», señala. Y, preguntado por los aspectos en los que debería mejorar el abordaje de la salud mental en las prisiones, reflexiona: «Es cierto que la población reclusa no vende a los gobiernos y dedicar recursos para propiciar la reinserción social verdadera no es algo atractivo para presentar en el programa electoral». En ese sentido, recuerda la reciente supresión del subsidio de excarcelación. «Estoy convencido de que si se actuara previamente con algunas de estas personas muchas de ellas no acabarían en prisión», destaca.

Por ello, cree que, en el corto plazo, «se deberían dotar de más medios a los departamentos que trabajan la salud mental en prisión» y «debería plantearse la necesidad de atención de profesionales de la psiquiatría de una manera más estable y dotar al área de psicología, enfermería, trabajo social y educación social de los recursos adecuados».

El portavoz de UGT-Asaip, Mariano Sanz, se muestra contundente en ese sentido: «A cualquiera le puede chocar que la figura del psiquiatra penitenciario no existe». Todo ello, en un contexto como el de las cárceles en el que el 25% de los reclusos tiene algún problema de salud mental y el 8% padece trastornos graves, según este sindicato, que también observa que, entre los presos con una enfermedad psiquiátrica, entre un 35 y un 45% padece cuadros depresivos o tiene algún problema asociado al consumo de tóxicos.

Una situación que se agrava, según Sanz, «con la privación de libertad» la ansiedad que pueden desarrollar aquellos reclusos que tienen, por ejemplo, juicios pendientes y por el mero hecho de que «la vida en prisión es complicada». 

«Al no haber médicos, el seguimiento queda muy en entredicho», incide el portavoz sindical, que precisa que a la cárcel de Zuera -y a la de Daroca- acuden semanalmente dos psiquiatras de la sanidad pública aragonesa en virtud de un convenio. «Hacen lo que pueden, pero no da para tanta población», sentencia sobre unos centros en el que «las enfermerías penitenciarias se han acabado convirtiendo en pequeños psiquiátricos».

Sanz recuerda que el cometido de los trabajadores en la prisión responde al artículo 25.2 de la Constitución, es decir, a la reeducación. «Pero tienes que dotar tanto de recursos humanos como materiales y la realidad en una prisión como la de Zuera es deficitaria», concluye. 

Suscríbete para seguir leyendo