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Quién es Eduardo Lacasta, el empresario condenado por estafa que se ha marcado un nuevo ‘Ecce Homo’ en Aragón

El empresario del sector inmobiliario que ha encargado pintar su cara en la iglesia de Latre, en el municipio oscense de Caldearenas, fue condenado a seis años de cárcel por liderar el millonario fraude de Fincas Atlanta

Eduardo Lacasta Lanaspa fue condenado en 2020 a seis años de cárcel pero no entró en prisión.

Eduardo Lacasta Lanaspa fue condenado en 2020 a seis años de cárcel pero no entró en prisión. / EL PERIÓDICO

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El Periódico de Aragón

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Zaragoza

Eduardo Lacasta Lanaspa es el nombre del empresario del sector inmobiliario que se ha marcado un nuevo 'Ecce Homo' en Aragón, al encargar pintar su cara en la iglesia parroquial de Latre, en el municipio oscense de Caldearenas, durante una restauración que él mismo ha sufragado. Lacasta, oriundo de esta localidad y que se ha autorretratado como San Matías, no es un desconocido en Aragón, donde ha sido protagonista de la crónica judicial en esta última década.

En el año 2020 fue condenado a seis años de prisión tras una operación policial que destapó un millonario fraude de uno de los grupos inmobiliarios más importantes de Zaragoza, Fincas Atlanta. Eduardo Lacasta Lanaspa era el líder del entramado al que el juez instructor le imputó un fraude de 45 millones de euros que la sentencia dejó en una responsabilidad civil de 5 millones.

Líder del entramado de Fincas Atlanta

El 9 de mayo del 2013 el Grupo de Blanqueo de Capitales de la Jefatura Superior de Policía de Aragón desarrollaba la operación que bautizó como 'King'. Seis años después, la Audiencia Provincial de Zaragoza dictó sentencia condenatoria contra ocho acusados, entre los que destacaba el líder de la trama, el empresario Eduardo Lacasta Lanaspa, castigado con 6 años de cárcel.

Inicialmente afrontaba 16 años de prisión, si bien tras el acuerdo que alcanzó su abogado Fernando Lacruz con la Fiscalía el número de delitos se redujo a cuatro. En concreto, fue condenado por un delito continuado de estafa, otro de insolvencia punible, otro contra la Hacienda Pública y pertenencia a grupo criminal.

Junto a la pena privativa de libertad, la Sección Sexta del tribunal provincial le impuso el pago de indemnizaciones por valor de más de 6,6 millones de euros, de los que 1,1 millones los cobraría el Ayuntamiento de Zaragoza y 453.160,90 euros la Agencia Estatal de Administración Tributaria.

No fues el único condenado por esta trama de descapitalización del grupo inmobiliario, ya que Lacasta Lanaspa se valió de socios, testaferros y de dos sobrinos. Alfredo Lacasta fue condenado a 2 años y 4 meses de cárcel; José Germán Pascual, a 2 años y 4 meses; Javier Arque, David Lacasta y Lario González, a 1 año y 3 meses; Joaquín Jiménez y Rafael Echave, a 1 año. Una pena también inferior a la que afrontaban inicialmente (hasta 4 años), dado que sus letrados (Celia Gil Lagunas, Rafael Ariza, José Luis Melguizo, Javier Rodríguez y José Ángel Roy) también llegaron a pactos con el ministerio público.

Beneficiados

La notable reducción de la condena en este caso responde a dos circunstancias: la reparación del daño, aunque solo se adelantaron 250.000 euros, y las dilaciones indebidas. Es decir, la Audiencia de Zaragoza reconoció en su sentencia que la Justicia había sido lenta a la hora instruir este caso y de sentarlos en el banquillo de los acusados, por lo que se compensaba esa circunstancia con una rebaja de la condena.

El considerado por el tribunal provincial como líder del grupo criminal, Eduardo Lacasta Lanaspa, no ingresó en la cárcel de Zuera, donde estuvo provisionalmente tras su detención. A pesar de que la sentencia le imponía un total de 6 años de prisión, la pena máxima por delito no superaba los 2 años, que es lo que marca la ley de enjuiciamiento criminal a la hora de que un condenado duerma entre rejas.

El fallo del tribunal

En el fallo los magistrados resaltaron que los encausados "constituyeron un entramado de más de cincuenta empresas, que actuaban bajo la denominación comercial Grupo Inmobiliario Atlanta, con sede social en la calle Josefa Amar y Borbón número 1 de Zaragoza", entre las que figuraban empresas patrimoniales --para el alquiler de viviendas y el aval de otras operaciones--, empresas promotoras --para la construcción y venta de pisos-- y empresas de servicios, subcontratas de las anteriores.

Con ellas, realizaron diversas operaciones de compraventa (la mayor parte de ellas ficticias) con la intención de traspasar la titularidad de inmuebles de empresas deudoras a otras empresas del grupo, con el fin de frustrar los derechos de crédito de los acreedores.

A través del grupo y en diversas variantes (no construir las casas pagadas y no devolver el dinero, usar cheques sin fondos, dejar sin pagar pedidos y servicios, edificar sin licencias, etc.) fueron generando el agujero de casi 50 millones que los afectados no podían recuperar, puesto que el capital y los bienes embargables iban pasando de una sociedad a otra.

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