Airtex abandona la línea de negocio que deslocalizó de Zaragoza a Rumanía

Golpe de efecto en el seno de Airtex, la compañía propiedad del grupo First Brand Group que deslocalizó su producción de bombas de agua y gasolina para automóviles de su fábrica de Zaragoza para llevarse la operativa a Rumanía, asestando un duro revés a una empresa con casi 90 años de historia en el sector industrial aragonés. La multinacional ha decidido detener las líneas relacionadas con este negocio en su fábrica de Ploiesti, justo las que había trasladado desde la capital aragonesa, lo que implicó la ejecución de un despido colectivo con 91 afectados.

La entidad pone así fin a la actividad de ensamblaje de bombas desde el próximo 15 de febrero, según publicó el pasado lunes el portal especializado Autopos y confirman a este diario fuentes conocedoras de los planes de la compañía. La marca Airtex todavía cuenta con una plantilla de 27 trabajadores en Zaragoza, todos ellos relacionados con servicios como ventas, desarrollo de producto o atención al cliente, pese a que cerró la persiana de la nave que tenía alquilada en Plaza el 29 de febrero del año pasado.

Las citadas fuentes indican que todavía queda un buen abanico de decisiones por tomar y que la matriz está negociando con los clientes el cese de la actividad. Además, Airtex cuenta con plantas en México y China, por lo que señalan que la supresión del negocio de las bombas de agua y gasolina no tiene por qué afectar a los puestos de trabajo que todavía se mantienen en la capital aragonesa, dado que prestan servicio a otras áreas de negocio del conglomerado empresarial relacionados con otros componentes del automóvil, como limpiaparabrisas o enganches.

Airtex presentó el ere tras casi triplicar sus beneficios en 2023

La empresa aragonesa, que nació como Talleres Larraz en 1935, había arrojado beneficios durante los últimos años. La factoría funcionaba viento en popa y alcanzó en 2023 unos resultados positivos de 4,73 millones de euros tras incrementar su volumen de ventas. Sin embargo, la multinacional propietaria de la compañía decidió de forma unilateral deslocalizar la producción. De hecho, como publicó este diario, la multinacional repartió hasta 33,9 millones de euros de los beneficios de la fábrica aragonesa en créditos a otras empresas del grupo distribuidas por todo el mundo, algo que confrontaba con el argumentario de la compañía, que aducía causas económicas para la deslocalización.

La plantilla, compuesta por 132 trabajadores, se movilizó e incluso llegó a ir a la huelga en plena negociación del ere, lo que les sirvió para lograr un acuerdo sobre la bocina con indemnizaciones de 53 días por año trabajado con un máximo de 25 mensualidades y una paga líneal de 7.000 euros para los 91 afectados. El pacto sellado en las instalaciones del Servicio Aragonés de Mediación y Arbitraje (SAMA) para el despido colectivo recogía un compromiso de recolocación a través de la agencia Randstad, el Gobierno de Aragón y el Clúster de la Automoción y la Movilidad de Aragón. El pacto tenía una vigencia de un año.