La falta de la voluntad política deja el patrimonio aragonés de la guerra civil en el aire
La consolidación y exhibición de los restos arqueológicos asociados a la guerra civil también se ve lastrada por los pocos recursos

El pueblo viejo de Belchite será un montón de piedras en menos de veinte años si no se actúa de forma decidida. / Miguel Ángel Gracia
La desolación actual en las calles del viejo Belchite no es producto directo de la guerra civil. Han sido el paso del tiempo y el abandono los que han transformado un pueblo rico, referente en toda la comarca, en un páramo desolado tomado por los escombros y la maleza. En un símbolo de la dificultad de tratar el patrimonio bélico. Su inclusión como uno de los 25 espacios en riesgo de desaparición en todo el mundo por parte de la World Monuments Found supone un toque de atención ante unos vestigios incómodos para todas las administraciones por su origen traumático.
Los expertos en patrimonio, así como los arqueólogos e investigadores, difieren sobre el uso, destino y perspectiva de estos enclaves. «Es necesario estudiar mucho los restos antes de intervenir», reflexiona el arquitecto especializado en el patrimonio fortificado de la guerra civil Joel Ametlla. «A muchos pueblos se les tiene que decir que lo importante es registrar las trincheras, o los espacios relacionados con el conflicto que estén presentes en sus municipios, pues a veces las intervenciones directas no son necesarias», indica.
Ametlla, uno de los impulsores del Grupo de Investigación de Espacios de la Guerra Civil (Griegc), una empresa dedicada a la investigación histórica, científica y técnica de este tipo de restos que ha estado detrás, por ejemplo, de la restauración y difusión de la línea del Cinca, destaca que muchas de las intervenciones no se pueden plantear únicamente como una forma de atraer turistas, pues tienen un perfil muy concreto que puede despistar a los promotores, sobre todo cuando se hacen desde el ámbito municipal.
«La recuperación de este pasado siempre tiene que hacerse con la complicidad de los vecinos del pueblo, tienen que ver los espacios como un motivo de orgullo, independientemente del bando al que pertenezcan, como una forma de recordarse que ese pueblo estuvo en el mapa», precisa.
En este sentido, el arqueólogo Pedro Rodríguez Simón indica que muchos ayuntamientos están mostrando interés en los últimos años en realizar intervenciones, pero que en ocasiones estos trabajos se limitan a excavaciones puntuales y consolidaciones que finalmente quedan abandonadas, tras ser señalizadas con unos paneles que en pocos años son ilegibles por la acción del sol o garabateados por los vándalos. «Existe un problema de coordinación, pues las buenas intenciones de los ayuntamientos pueden crear problemas, con modelos clónicos de recuperación que presentan un interés relativo», evidencia.
Con todo, explica que en los últimos años la recuperación de este patrimonio ha tomado algo de impulso, con más conciencia del riesgo de desaparición total de los restos, algo que se ejemplifica en la inclusión de Belchite en la lista de enclaves en peligro de extinción. Rodríguez Simón recuerda una iniciativa «casi pionera» como fue el fulminado programa Amarga Memoria, del que formó parte realizando un primer inventario de restos del conflicto. «Lamentablemente quedó en nada», señala.
Sin coordinación efectiva, sin un plan general y dependiendo casi siempre de los escasos presupuestos municipales, las cosas se complican todavía más por la indefinición de la legislación que debería proteger estos enclaves, sean trincheras, nidos de ametralladoras o viejas estructuras vinculadas a la retaguardia.
«La legislación estatal protege estos restos desde 2006, sin embargo las competencias en patrimonio son de las comunidades autónomas y por eso depende de sus recursos que se cumplan más o menos», indica Ametlla.
El Museo de la Guerra Civil de Teruel
Un ejemplo concreto de los vaivenes que produce el sentir político de cada legislatura en la gestión del patrimonio asociado al conflicto está en el Museo de la Guerra Civil que se instalará en Teruel. Correspondió a un Ejecutivo socialista la promoción de la instalación que el actual equipo de gobierno popular se encargará de terminar y dar contenido. Por el momento, los plazos acumulan diferentes retrasos.
La empresa adjudicataria solicitó en verano una ampliación en el periodo de ejecución «por problemas con la llegada de suministros». Y reclamó de nuevo en noviembre una ampliación del plazo (hasta el 30 de abril esta vez) porque se vieron afectados por la DANA de Valencia. En todo caso, desde el Gobierno de Aragón indican que no se ha dejado de trabajar «en ningún momento» y que las obras avanzan. Además, se ha propuesto al Ayuntamiento de Teruel la posibilidad de ampliar el ancho de la acera en esa zona de la avenida para facilitar los accesos.
En términos generales, desde la dirección general de Patrimonio Cultural expresan que en materia de memoria se ha dado prioridad a lo que se considera «más urgente», especialmente a las exhumaciones para localizar víctimas y atender las peticiones de familiares (se incrementó el presupuesto en 2024 en un 10%, hasta los 110.000 euros). No obstante, no se ha renunciado a realizar trabajos en los vestigios que se consideran yacimientos arqueológicos y son una parte más del patrimonio histórico de la comunidad.
En este sentido, el pasado año se realizaron tres actuaciones en Mediana, Vivel del Río Martín (con casi 6.000 euros y en la que está implicada Griegc) y en un proyecto sobre hospitales militares en valle del Alfambra y Val de Jarque, dotado con 8.400 euros para elaborar un censo de víctimas y revisar los lugares de enterramiento, entre otras actuaciones.
Además, en el ámbito de la arqueología preventiva se está incidiendo especialmente en los desarrollos de los parques eólicos, pues por sus situaciones estratégicas, coinciden muchas veces con este tipo de vestigios y se han realizado actuaciones de documentación, excavación arqueológica y conservación de los mismos, lo cual ha favorecido su identificación y control patrimonial.
En este sentido, Rodríguez Simón celebra que se tomen medidas preventivas y pide que se trate de interesar al público general sobre la necesidad de estos trabajos. «A veces parece que solo se hacen cosas para los muy interesados en los asuntos de la guerra», precisa. El patrimonio es un asunto de toda la comunidad
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