El Gobierno de Aragón quiere movilizar más de 3.500 plazas para funcionarios en 2025

Sin descanso en la función pública del Gobierno de Aragón. El Ejecutivo autonómico pretende activar, entre ofertas, convocatorias, movilizaciones y entregas, al menos 3.500 plazas –1.018 gestionadas por el Departamento de Educación– para funcionarios a lo largo de 2025. Un plan que coincide con el trabajo por la estabilización del empleo público, la reducción de vacantes y temporalidad y el cierre de los procesos abiertos en el pasado.

Una parte importante de las plazas a las que podrán aspirar los opositores aragoneses forman parte de procesos atrasados. Como siempre se ha informado desde la consejería que dirige Roberto Bermúdez de Castro, una de las intenciones principales de la actual DGA es dar carpetazo a esos procesos anteriores, que en ocasiones se lanzaron o convocaron, pero nunca se avanzó en la realización de exámenes o formaciones de tribunales.

Opositores y academias ante las ofertas de empleo público: "Es el mejor momento para opositar"

Para finales de 2025 se quieren tener terminadas las 1.059 plazas que todavía colean de los procesos de estabilización de las ofertas públicas de los años 2017 a 2023. 620 de ellas pertenecen a un concurso de méritos que todavía no ha salido, pero en el que ya se trabaja para nombrar los tribunales y clasificar las baremaciones. Con la resolución de esas vacantes, distribuidas en 72 procesos, se cerrarán los procesos de estabilización. Las otras 429 plazas se están movilizando a través de 72 procesos diferentes.

La estabilización del empleo público se dará por concluida, si todo sale según los planes del departamento, a finales de 2025. De hecho, cerrando esos capítulos atrasados se dará fin a ese tipo de procesos, que ya no se incluyen en las nuevas ofertas de empleo público que puedan salir, comenzando por la de este mismo año.

Uno de cada cinco administrativos del Gobierno de Aragón está cerca de la edad de jubilación

El retraso acumulado durante varios años de las anteriores ofertas de empleo público no solo ha afectado a los procesos de estabilización. También las ofertas ordinarias han tenido retrasos: hasta 556 plazas, que forman parte de las ofertas comprendidas entre los años 2018 y 2022, se movilizarán durante el presente ejercicio. Este más de medio millar de plazas están repartidas en hasta 133 procesos diferentes. La intención de la consejería de Administración Pública es que todas las plazas de los ejercicios 2017 a 2022, casi 1.500, tengan nombre y apellidos a comienzos de 2026. El ritmo sería muy similar al logrado durante el pasado 2024, en el que Función Pública fue capaz de nombrar a 1.173 nuevos funcionarios.

Un año que fue productivo también en la movilización de plazas, ya que hasta 2.453 fueron puestas en marcha durante el ejercicio, distribuidas en 286 procesos. 1.123 correspondían al turno libre, en 113 procesos, 927 a la estabilización, en 148 procesos, y 403 de promoción interna.

Más recientes son los procesos que afectan a las convocatorias de 2023 y 2024. 530 forman parte del primero de los cursos, 476 del segundo, para un total de 1.006 plazas que también se esperan haber terminado de movilizar a finales de 2025.

Por su parte, el Departamento de Educación anunció en septiembre la convocatoria de 1.018 plazas, todas de reposición y que corresponden a las ofertas de empleo de 2022 y 2023. Los exámenes tendrán lugar este próximo verano y se abarcarán hasta 24 especialidades. El cuerpo de Educación Secundaria, con 915 plazas, destaca en una oferta en la que también habrá 84 puestos de Formación Profesional y otros 14 para la Escuela Oficial de Idiomas.

El proceso para que estas 2.500 plazas, además de las 1.018 en las que comienza a trabajar en Educación, tengan dueño a final de año no es sencillo. Función Pública quiere convocar los procesos para las oposiciones a lo largo de todo el año, con el compromiso autoadquirido de convocar y cerrar todo lo relativo a ofertas anteriores a 2022, para dar por finalizado ese «atasco» detectado en el último lustro.

Para las más de 1.000 plazas que «nacieron» entre 2023 y 2024 no hay tanta urgencia. La consejería que capitanea Bermúdez de Castro quiere empezar a convocar y a formar los tribunales a lo largo de este 2025, con la mirada puesta en los inicios del año que viene. Será entonces cuando puedan empezar a conocerse el nombre y los apellidos de los opositores que se han hecho con esos puestos en la Administración autonómica.

La gestión del empleo público de Aragón: modernizar un juego de piezas

La confección de los tribunales, en la que ya está inmerso el departamento desde hace tiempo, está costando. Lo forman profesionales voluntarios, que se ofrecen para realizar esta tarea. Como medida motivadora, la consejería ha duplicado el pago por este trabajo, para «incentivar» a los empleados a formar parte de los tribunales. Ahora cobran 70 euros por día, frente a los 35 euros que cobraban hasta el año pasado.

El objetivo final, con la aceleración de los procesos y la finalización de los atascados, es «atraer a la gente cumpliendo el trabajo», es decir, con los plazos y con las ofertas anuales. Todo ello dentro de la modernización que se impulsa, tanto en los perfiles ofertados como en los trabajos que se realizan para desarrollar las ofertas públicas. Se quiere demostrar que «todo funciona, que la gente sepa cuándo empieza y cuándo acaba su proceso», cuentan fuentes de la consejería, para desarrollar «las expectativas» que todo opositor tiene el inicio de su particular aventura laboral, con lo que se defiende que la movilización de los procesos de oposición sirven para cubrir vacantes y evitar el aumento de la temporalidad y de los interinos.