Ecologistas alegan contra el PIGA de Amazon Web Services por sus impactos medioambientales

Las asociaciones defienden que la expansión de los centros de datos pone "en jaque" los recursos naturales de la comunidad

El centro de datos de Amazon Web Services (AWS) en El Burgo de Ebro, cuya primera fase está prácticamente finalizada.

El centro de datos de Amazon Web Services (AWS) en El Burgo de Ebro, cuya primera fase está prácticamente finalizada. / ANGEL DE CASTRO

El Periódico de Aragón

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La Asociación Naturalista de Aragón, Amigas de la Tierra, Ecologistas en Acción, Ingeniería sin Fronteras y SEO/BirdLife, han alegado contra el Plan de Interés General de Aragón (PIGA) para la expansión de los centros de datos de Amazon Web Services (AWS) en cuatro municipios de por la Comunidad por los graves impactos ambientales y sociales que creen que acarreará este "megaproyecto".

El crecimiento de los centros de datos de AWS convierte a Aragón en el centro de este tipo de instalaciones en España y en uno de los puntos de mayor desarrollo a nivel mundial, un desarrollo que a juicio de las organizaciones ecologistas "pone en jaque" recursos esenciales como el agua y la energía, al tiempo que cuestionan las promesas de empleo y beneficios económicos realizadas por la compañía.

Uno de los principales puntos de las alegaciones es el "enorme impacto hídrico" del proyecto. Los centros de datos de AWS requerirán grandes cantidades de agua para sus sistemas de refrigeración, lo que agravará el ya existente estrés hídrico en Aragón, una región especialmente vulnerable al cambio climático.

Según los colectivos, esta demanda competirá directamente con el consumo agrícola, ganadero y humano, y podría poner en riesgo la sostenibilidad de los acuíferos y los caudales ecológicos de los ríos.

En cuanto al impacto energético apuntan que las proyecciones indican que el consumo eléctrico de los centros de datos de AWS podría superar, para 2030, la mitad de la demanda total de Aragón, comprometiendo así sectores estratégicos como el desarrollo del hidrógeno verde y la movilidad eléctrica.

Un nivel de consumo que, alegan, generará presión sobre la red eléctrica, obligando a costosas inversiones públicas que, según los ecologistas, serán financiadas por los contribuyentes mientras Amazon se beneficia de exenciones fiscales.

Además, critican la falta de un análisis integral sobre los efectos acumulativos de estas infraestructuras, que incluyen la ocupación de grandes extensiones de suelo, la alteración de paisajes y el aumento de las emisiones de CO2 y ponen como ejemplos los casos de Virginia (EE. UU.) o los Países Bajos que demuestran que los centros de datos pueden generar desequilibrios graves en regiones con características similares.

Cuestionamientos al beneficio socioeconómico

Las organizaciones también ponen en duda las promesas de creación de empleo local y beneficios económicos ya que aseguran en sus alegaciones que en otras regiones donde AWS ha desarrollado proyectos similares, las oportunidades laborales directas han sido mínimas y generalmente para perfiles técnicos o puestos de teletrabajo que no impactan de manera significativa en las comunidades rurales.

Además, la construcción de estas infraestructuras suele requerir grandes inversiones públicas, sin un retorno proporcional en términos sociales o económicos.

La "falta de transparencia" en la tramitación del proyecto es otro de los aspectos en los que inciden en sus alegaciones por procesos de consulta pública apresurados y opacos, vulnerando el derecho de participación ciudadana reconocido por el Convenio de Aarhus.

Además, aducen que la memoria económica del proyecto carece de datos verificables, lo que dificulta evaluar si realmente existe un interés superior para la región.

Medidas Correctoras Insuficientes

Según se recoge en las alegaciones, las medidas propuestas para mitigar los impactos ambientales, como el "asesoramiento técnico" a agricultores y ganaderos, son insuficientes y carecen de compromisos vinculantes.

Además, apuntan que no se contempla la posibilidad de suspender las actividades de los centros de datos en escenarios críticos de sequía, como ya se ha hecho en otros países.

Estos colectivos también señalan que los impactos negativos no se limitan al agua y la energía. La implantación masiva de centros de datos puede afectar a otros sectores económicos como la agricultura, aumentando los conflictos por los recursos hídricos y reduciendo la disponibilidad de agua para la extinción de incendios.

En este sentido, alertan de que el proyecto no contempla los riesgos asociados a la extracción no controlada de acuíferos ni las consecuencias del cambio climático en la disponibilidad de recursos hídricos.

Las organizaciones ecologistas han solicitado el archivo del expediente, argumentando que los beneficios económicos prometidos por el proyecto no justifican los impactos ambientales y sociales que generará.

Asimismo, instan a las administraciones públicas para que prioricen la protección del medioambiente y los derechos de las comunidades locales frente a los intereses de las grandes corporaciones tecnológicas.

Con sus las alegaciones, las organizaciones buscan frenar un proyecto que pone en peligro la sostenibilidad de Aragón a tiempo que denuncian la "impunidad" con la que operan las grandes empresas tecnológicas en contextos de alta vulnerabilidad ambiental y social. 

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