El Gobierno de Aragón pregunta a los reformatorios por sus "camas plegables y sillones" para acoger a menores no acompañados

Las entidades sociales de Protección y Reforma de Menores alertan sobre la "sobreocupación" de los centros y creen que se están cruzando "líneas rojas".

Imagen de archivo de un centro de reforma de menores.

Imagen de archivo de un centro de reforma de menores. / El Periódico de Aragón

David Chic

David Chic

El Gobierno de Aragón ha trasladado a los centros de Protección y Reforma de Menores de Aragón una comunicación interna para unificar los "criterios de acogimiento residencial" de los centros propios de protección de la infancia del IASS "en consideración de la situación actual de emergencia por sobreocupación de unidades de acogida de menores en protección internacional y temporal". Para esto están pidiendo conocer los espacios disponibles en los centros, sean "camas plegables, colchones o sillones" con la intención de habilitar "plazas en observación, pudiendo iniciarse la sobreocupación en centros de autonomía o de acción educativa en función de las características de los chicos"

El documento, firmado por la jefa de servicio de Atención a la Infancia y Adolescencia el pasado 17 de enero, indican que por el momento únicamente se está "tomando nota" de las posibilidades de cada unidad, sin embargo, desde la Plataforma por un Convenio Autonómicos de Protección y Reforma de Menores señalan que la sobreocupación se está produciendo ya en varios centros, con menores de acogida durmiendo en pasillos. "El servicio de Atención a la Infancia es el responsable de esta situación tan deshumanizada. Nos preguntamos si este es un entorno seguro para menores que necesitan una atención integral que están en situación de especial vulnerabilidad y exclusión social", indican.

En un comunicado han expresado la necesidad de "más recursos de protección" y dotar a los centros de plantillas de profesionales que aseguren una atención de calidad "y no a mínimos como nos encontramos en la actualidad". Ponen como ejemplo los casos de sobreocupación en un centro de Zaragoza, donde se ha pasado a duplicar sus plazas o la situación de una entidad en Teruel con solo dos educadores para atender a nueve menores, todos ellos con características especiales.

Los responsables de estos centros consideran que se pueden "sufrir situaciones excepcionales" a las que hay que dar respuesta aunque alertan de que existen "líneas rojas que no se deberían cruzar". En este sentido, la plataforma junto con los sindicatos que la integran (CGT, UGT y CCOO) piden "dignificar la labor que realizan todos los días los profesionales que atienden a los menores, sin que se les reconozca su trabajo". 

Desde el Gobierno de Aragón indican que han denunciado desde hace tiempo que los recursos de acogida y protección de menores de la comunidad "están saturados", una cuestión a la que se ha referido en varias ocasiones la consejería de Bienestar Social y Familia agravada por el hecho de que no sólo están llegando menores migrantes no acompañados a Aragón dentro de los programas oficiales en vigor.

El Ejecutivo explica que desde enero a diciembre de 2024 han llegado a las puertas de los centros de menores y comisarías de Policía hasta 233 personas que se han declarado menores de edad y otros 16 en lo que llevamos de 2025, que han accedido al sistema de protección de menores. La comunidad autónoma es la administación que debe asumir la tutela de estas personas. Desde la consejería indican que vistos estos datos "y la actual situación de saturación y falta de medios y profesionales", han instado al Delegado del Gobierno y a la Ministra de Infancia a que ofrezcan "una explicación" de cómo se puede proveer de nuevos medios a la comunidad autónoma y también "qué medidas va a tomar el Gobierno de España para evitar la llegada masiva de menores no acompañados".

Sobre la saturación de los reformatorios denunciada por los sindicatos precisan que se abrió en septiembre un nuevo recurso para 15 menores y el IASS está trabajando en dos contratos de emergencia con sendas entidades especializadas para reforzar "un sistema que efectivamente está tensionado", tal y como lleva meses denunciando el Gobierno autonómico, derivado de una "falta de control en las políticas migratorias y la atención y acogida de personas mayores y menores de edad".

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