Aragón abre la puerta a las macrogranjas: estudia modificar la capacidad máxima de las explotaciones porcinas

El Gobierno de Aragón estudia modificar «la limitación de la capacidad máxima de las explotaciones ganaderas intensivas y el régimen de distancias mínimas entre ellas», lo que abre la puerta a las macrogranjas. Así reza la orden del consejero de Agricultura, Ganadería y Alimentación, Javier Rincón, por la que activó el inicio del procedimiento para modificar la Ley de Agricultura Familiar, tal y como avisó el Ejecutivo autonómico de Jorge Azcón desde su llegada al Pignatelli.

El objetivo con este estudio es «depurar distorsiones provocadas» por el texto. El consejero refleja en su escrito, firmado a mediados de octubre, la necesidad de abordar otras problemáticas en el sector, como «la determinación de unidad de cultivo con una mayor superficie anteriormente regulada». Antes de estos supuestos, y algunos más que se pueden añadir con las propuestas ciudadanas en el proceso de consulta pública ya cerrado o durante su tramitación en las Cortes, deberán resolverse asuntos obligatorios. Esos puntos no son otros que los artículos 14, 18, 50 y 53 y la disposición transitoria segunda de la ley, ya que existían «discrepancias competenciales» con leyes nacionales. La comunidad se comprometió en la Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de Aragón a corregir esos apartados para evitar el choque entre competencias.

La intención del Ejecutivo autonómico es «simplificar» los registros administrativos que la Ley de Agricultura Familiar, aprobada en 2023, incluyó en la gestión autonómica del campo aragonés.

Los estudios, que fuentes de la consejería que lidera Rincón confirman que ya se están produciendo, atienden a las aportaciones recibidas por el departamento durante el proceso de consulta pública. Finalizado el pasado 14 de noviembre, hasta 19 organizaciones, instituciones y particulares aportaron escritos para incluirse en el debate de la modificación.

Como en todo proceso abierto, cada una de las patas que compone el sector muestra su particular opinión sobre la futura reforma legislativa. UAGA, por ejemplo, rechaza la modificación de la capacidad máxima de las explotaciones en intensivo y defiende que «la mayoría del sector» sí se encuentra representada en la actual regulación de la distancia entre granjas o la definición de la unidad mínima de cultivo. UPA sigue la tendencia de la organización mayoritaria en el sector y apuesta por modificar el texto en busca del mantenimiento del pequeño productor. 

En contra, otra organización agraria como Asaja, que apuesta por la eliminación «de la totalidad» del artículo 8 de la ley, precisamente el que regula el número de UGM (unidades de ganado mayor) y la distancia que se debe mantener entre las granjas. Araga también presenta alegaciones en este sentido.

Otros organismos, como EGPE (Enel Green Power España) centran sus valoraciones en el futuro de la energía solar, pidiendo limitar la implantación de placas solares en zonas en proceso de concentración parcelaria o en las que se hayan iniciado procedimientos de instalación de regadíos. La empresa Vall Companys solicita también la eliminación del límite de cabezas de ganado en las explotaciones en régimen intensivo.