Alcaldes del PP de toda España piden en Zaragoza poder aplicar nuevas bonificaciones del IBI en función de la edad y la renta

La visita de Alberto Núñez Feijóo a Zaragoza sirvió este domingo para reunir a 33 alcaldes y representantes populares de ciudades españolas con más de 100.000 habitantes. En el encuentro no faltaron José Luis Martínez Almeida (Madrid), María José Catalá (Valencia), Francisco de la Torre (Málaga) y Xavier García Albiol (Badalona), entre otros muchos. El resultado de este cónclave fue un documento, los 'Acuerdos de Zaragoza', con 19 medidas que todos los regidores se han comprometido a aplicar para, entre otras cosas, paliar la crisis de la vivienda. Este pacto incluye desde la aplicación de bonificaciones en el IBI a los pisos alquilados a jóvenes o la agilización de los trámites urbanísticos para conceder licencias de obras.

«No estamos aquí para hacer cosas fáciles», resumió Feijóo al final de su discurso, quien garantizó a los alcaldes presentes que si van cumpliendo las medidas acordadas en ese documento sus ciudadanos verán como «mejora su día a día». Según la regidora zaragozana, Natalia Chueca, que habló en primer lugar en calidad de anfitriona de este foro de grandes ciudades gobernadas por el PP, el objetivo ha de ser «aumentar el estoc de vivienda y hacer frente a las nefastas consecuencias de la ley de Vivienda de Pedro Sánchez».

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Así, entre las diferentes propuestas asumidas por los primeros ediles populares está la bonificación del IBI­ –un impuesto que es competencia de los municipios y que en Zaragoza está al mínimo legal– para las viviendas habituales o para aquellas que se alquilen específicamente a los jóvenes. El PP solicitará que se modifique la ley que regula este tributo para poder incorporar nuevos criterios que permitan introducir bonificaciones a la hora de cobrar el impuesto, como serían la edad, la vulnerabilidad social y/o el nivel de ingresos. «Esta medida se aplicaría también cuando el arrendatario cumpliera la condición, teniendo en cuenta en este caso el importe de la renta a percibir por el propietario», explica el documento.

Asimismo, los alcaldes del PP se comprometieron a elaborar un catálogo de suelo público disponible para la construcción de vivienda asequible para «activar de forma ordenada y controlada» el mercado inmobiliario.

Es decir, lo que propone el PP es poner a disposición del mercado más suelo público para construir más vivienda. Aumentando la oferta, argumentó Feijóo, bajarán los precios, una fórmula que no siempre ha dado los resultados esperados. Eso sí, esto también servirá para crear «cientos de miles de puestos de trabajo» en toda España en el sector de la construcción.

Okupación ilegal

En ese catálogo de suelos se deberán incluir aquellos solares catalogados para construir equipamientos pero que lleven tiempo vacantes, «poniendo en el mercado el suelo patrimonial municipal y suelos reservados para la vivienda protegida de titularidad privada».

En su alocución, Feijóo también pidió más autonomía para las ciudades para poder diseñar y desarrollar sus normas y planes urbanísticos. Pero en este punto también puso deberes a sus propios alcaldes. Según lo acordado, los ayuntamientos del PP tendrán que tramitar la concesión de licencias de nueva edificación «en menos de tres meses». Si no se cumple el plazo establecido se entenderá que el permiso está concedido por silencio administrativo positivo.

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Según los 'Acuerdos de Zaragoza', el PP también fomentará en sus ayuntamientos «la colaboración público-privada»: las administraciones locales cederán los suelos mediante la fórmula del derecho de superficie y las constructoras gestionarán los alquileres según los parámetros establecidos.

El pacto de los alcaldes populares también se centra en otro de los grandes problemas para el PP en materia de vivienda si se atiende al contenido de sus discursos: la okupación ilegal. Feijóo y Chueca cargaron contra Sánchez por «favorecer» esta problemática con su «pasividad y permisividad». Así, el líder nacional de los conservadores reclamó una vez más que el Congreso de los Diputados debata ya un proyecto de ley aprobado por el Senado para la «recuperación inmediata de la posesión de la vivienda» tras un caso de okupación. «No quieren llevar esta ley a las Cortes porque saben que hay votos suficientes para aprobarla», aseguró Feijóo.

El resto de medidas van encaminadas a mejorar la financiación de las ciudades y la «gestión justa y razonable de la tasa de basuras» reformando la ley de Residuos.