Concepción Gimeno, Justicia de Aragón: "Estamos atentos por si alguna decisión sobre financiación choca con el Estatuto"

¿Qué balance hace de este primer año como Justicia de Aragón?

Ha sido un año apasionante, muy intenso y positivo para la institución y para mí. Hemos consolidado el equipo que formamos y hemos puesto en práctica lo que tenía en mi cabeza sobre la protección de los derechos y libertades de las personas. No tenemos citas previas: cualquier persona puede venir y se le atiende en ese mismo día. Nos hemos reunido con muchísimos colectivos...Cuando el ciudadano llega aquí, tenemos una escucha activa, dialogamos, preguntamos, tenemos una idea previa y no engañamos: decimos a las personas qué podemos hacer. Después viene el análisis profundo, casi artesanal, donde se ve cada matiz y a ello aplicamos un Derecho amplio. Funcionamos como puente entre el Derecho y la sociedad, e integramos la buena administración, es decir, que las administraciones deben evitar actuaciones perjudiciales para los ciudadanos si está en su mano.

¿Qué preocupa más en Aragón?

Sobre todo, los servicios públicos esenciales: sanidad, educación, bienestar social... Pero tenemos quejas de todo tipo: tributario, plusvalías, urbanismo, los derivados de la despoblación... Muchas de función pública, sobre los instrumentos tecnológicos que se utilizan para pedir las plazas... No estamos en contra de la evolución tecnológica, pero los cauces deben ser más sencillos y no debemos dejar al margen a una parte de la sociedad que no tiene esos medios telemáticos. El Justicia de Aragón se basa en esa facilidad de llegada. Nosotros aquí utilizamos muchísimo el teléfono para informar de los avances que se producen en los expedientes.

Es la primera mujer que ejerce este cargo, ¿cómo lo está viviendo?

Reconociendo la importancia que tiene. Es una evolución normal de la sociedad, pero también es de una importancia enorme porque hace visible la confianza de la sociedad aragonesa en el acceso de la mujer a las responsabilidades públicas, para que pueda ser en condiciones de igualdad en base a sus méritos y capacidades. Abre puertas y motiva al resto de mujeres.

Hace quince días se produjo en Aragón la jura de cuatro mujeres juezas. ¿Qué sintió al ver esa imagen insólita en la judicatura?

Me hizo pensar que yo soy Justicia de Aragón, la primera, en ocho siglos._Pero lo mismo ha ocurrido en el Tribunal Supremo, con su primera presidenta en 200 años. Ese avance, esa integración de la mujer cada día es más acorde a la realidad. Fue un placer ver que las mujeres, que son mayoría en los procesos selectivos, alcanzan esos puestos de poder, que no es poder por poder, es poder para crear. Las jueces intervienen en la evolución social, en la conciliación, los baremos para el acceso a las funciones públicas... Es importante que la mujer esté ahí.

¿Ha echado en falta contar con la figura del Lugarteniente?

Hemos consolidado un equipo solvente, sólido, y de momento, mi intención es seguir así. El Lugarteniente es una figura que está en la ley y, si es necesaria, se propondrá.

Una de sus prioridades era atender los problemas de salud mental y están elaborando un informe. ¿Qué conclusiones extrae?

Hemos decidido hacer un informe especial, singular. Para nosotros especial es cada sugerencia, porque para todo el mundo su caso es el más importante, y para nosotros, también. Pero el informe de salud mental es especial porque nos hemos reunido con la mayoría de los colectivos profesionales y entidades sociales. Hemos encargado estudios sociológicos porque faltaba una estadística de cuál es el índice de población que está acudiendo a medicaciones para ayudarse en este sentido. Ello puede dar una idea de la dimensión del problema.

¿Es un problema de fondo?

Es un problema muy grave que aboca a situaciones irreparables como suicidios en gente muy joven, y a tener una sociedad que padece de este tipo de trastornos que producen un sufrimiento terrible. Donde haya sufrimiento y el Justicia de Aragón sea consciente, ahí estará.

También han intervenido en aspectos como las quejas por el ruido y los pisos turísticos, algo que colinda con el problema de la vivienda. ¿Qué lectura hace?

La vivienda es un asunto capital. Es un problema complejo, pero parece que puede resumirse en un problema de oferta. ¿Cuáles son las políticas públicas, qué está pasando con el alquiler? Hemos propuesto al Foro de Derechos Ciudadanos que compartimos con la Fundación Giménez Abad hacer un monográfico sobre este tema. Nuestro objetivo es arrojar luz sobre dónde estamos en el nivel de oferta pública y privada y qué deberíamos hacer para aportar soluciones. Sobre los pisos turísticos, debería existir una normativa específica que evite los problemas en las comunidades de vecinos y que haga responsable de cualquier perjuicio a quienes los gestionan. Que los vecinos tengan cauces de comunicación porque este tipo de ocupación de la vivienda es muy breve y, por lo tanto, hay muy pocos mecanismos para actuar. Hay que evitar que prolifere una actividad que puede ser perjudicial si es sin control.

Se reunió con los trabajadores de centros de menores. ¿Cuál es su reflexión sobre el reparto de los menores que llegan a Canarias y la atención que se les debe dar?

Hemos visitado los 28 centros de menores que hay en Aragón. Nuestra actividad ha sido intensa. En verano del año pasado conocimos unos hechos a través de una queja de una madre, vimos que ahí podía haber algo muy grave y nos fuimos a la Fiscalía. Creo que fue con acierto porque hay un procedimiento judicial en marcha. Nuestra actuación no ha podido ser más cuidadosa. Tras ello, hubo un efecto llamada, pero con el análisis y la ponderación que debe ir aparejada, no actuamos de igual forma yendo a la Fiscalía, se ha actuado de otras maneras. Los centros de menores tienen características singulares. A veces son menores que ya tienen una edad que roza o supera la mayoría. Son personas con una historia trágica detrás, que puede haber afectado a su salud mental. Tenemos situaciones de agresividad y eso afecta a las personas que tienen que tratar con ellos. Entendemos que lo que debe haber en esos centros es la mayor profesionalización posible. El Justicia de Aragón entiende que debería haber un pacto de Estado en materia de inmigración, también con las comunidades autónomas, y que a esos consensos se llegue partiendo de los derechos humanos y la dignidad de las personas. Me parece ineludible. En cuanto al destino que tienen las personas, creo que se debe analizar la capacidad que tiene cada territorio para acoger a esas personas.

¿Qué balance hace de su presencia en el territorio?

Creo que es fundamental. La sede de Teruel empezó con nosotros y recibimos a muchísimos ciudadanos.

¿Qué opina de que la financiación autonómica pueda dejar de atender la despoblación?

Tener en cuenta la despoblación es esencial para Aragón y observo con satisfacción que los poderes públicos y la sociedad está a favor de defender este punto. Desde el Justicia estamos atentos por si alguna decisión entra en colisión con lo que defiende nuestro Estatuto de Autonomía.