Crónica política | Los cuentos de las cuentas

La semana política se ha vuelto a ir con la mirada puesta en la calculadora y en el futuro de la financiación autonómica. El pleno monográfico del martes volvió a cerrarse con el ya tradicional consenso en Aragón, al que se añadió la defensa de la despoblación y la orografía como criterios, y además la DGA envió una carta a la ministra de Hacienda para tener un encuentro bilateral y el Comité Técnico Permanente de Evaluación (CTPE) dio un mes a las comunidades para alegar y aportar a la reforma del sistema de los fondos autonómicos.

Hasta ahí, el resumen de otros siete días «secuestrados» por el debate de la financiación autonómica. La pelota, en este partido entre las comunidades y el ministerio, vuelve a estar en el campo de las autonomías. Las regiones tienen hasta mediados de marzo para aportar más propuestas, que el ministerio recogerá y, sin plazo establecido, volverá a poner sobre la mesa. Aragón, conforme con lo presentado en 2022 en base al consenso y a la base jurídica, emitirá el mismo informe. No se descartan contactos con otras comunidades para convencer a territorios de similares características (el Pacto de Santiago) que apoyen explícitamente la presencia de la despoblación, sea como sea, en la financiación autonómica.

Voces de varios colores políticos conversaban esta semana en el Palacio de La Aljafería celebrando el «impacto mediático» de la despoblación, que ha saltado al debate público. Exigían, entre bambalinas, insistir en la orografía: las distancias y las alturas de los municipios aragoneses expanden los gastos de la comunidad para prestar el servicio a los ciudadanos.

Antes de que el CTPE autorizase el mes de gracia a las comunidades, el presidente Jorge Azcón movía ficha. Le pedía, por carta, a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, un encuentro para detallar el impacto de la eliminación de las dos variables correctoras en la futura financiación. Bilateralidad, sin renunciar a la multilateralidad. Curiosamente, Azcón refería en esa carta que todos los grupos, menos Vox, apoyaban el rechazo al nuevo sistema: el PP no se entiende con su socio preferente en lo que se refiere a la llegada de fondos por parte del Estado.

Un pleno monográfico

Porque hablar de la financiación para varios años obliga a hablar también de las cuentas de este. 2025 llega a la mitad de su segundo mes sin techo de gasto ni presupuestos en la comunidad. Y no parece que la firma se vaya a estampar pronto. Vox sacó en el pleno monográfico toda su artillería antiautonomista y consideró «único responsable» al Gobierno de Azcón de la falta de cuentas en la comunidad. Roberto Bermúdez de Castro, consejero de Hacienda, respondió en el pleno del jueves en una comparecencia sobre la situación de la prórroga presupuestaria, sin guiños a la ultraderecha. El responsable de la fiscalidad aragonesa contestó al PSOE, a CHA –que solicitó su comparecencia–, a Teruel Existe y al grupo mixto que componen Podemos, IU y PAR. Sin embargo, con muchas indirectas pero ninguna declaración frontal, Vox quedó en el aire.

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No hay un acercamiento y la DGA tiene muy presente el escenario de que la prórroga presupuestaria sea la forma de organizar los fondos aragoneses para 2025. Se habló también de decretos ómnibus si fueran necesarios. Lo que se ve en Madrid puede llegar a Zaragoza, aunque se siga defendiendo aquello de que «esa política no debe salir de la M-30».

Un capítulo que une ambas cuestiones se ha reservado para ser el epílogo de este febrero con f de financiación. El martes, el Congreso debatirá la PNL registrada por el aragonesista Jorge Pueyo exigiendo un fondo de compensación al Gobierno central, por la pérdida de 87 millones por el menor crecimiento de población. Pueyo espera el apoyo de PP y PSOE, que tendrán que mostrar su compromiso y coherencia con el discurso de los últimos meses. Los primeros, para no dejar en mala posición a un Azcón que ha puesto desde hace semanas los 87 millones como causa principal para no negociar los presupuestos; los segundos, para ver cuánta fuerza tiene el socialismo aragonés en Madrid, ahora que ya han cambiado las posturas sobre la financiación privilegiada de Cataluña, según las dos últimas votaciones en las Cortes.