Los deberes pendientes de un acuerdo que se hizo esperar: Embarcadero, dinero y placas solares

La última comisión bilateral entre el Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de Zaragoza sirvió para desatascar grandes acuerdos que llevaban tiempo pendientes, pero también dejó cuestiones que todavía están por resolver mientras se sigue a la espera de una nueva reunión entre las partes

Jorge Azcón y Natalia Chueca, en rueda de prensa después de la última reunión bilateral.

Jorge Azcón y Natalia Chueca, en rueda de prensa después de la última reunión bilateral. / ÁNGEL DE CASTRO

Iván Trigo

Iván Trigo

Zaragoza

Hace un año y casi dos meses se reunió por última vez la comisión bilateral entre el Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de Zaragoza. Fue la primera en muchos años entre dos partidos del mismo color político (azul PP) y con un hecho significativo. El presidente de Aragón que ejerció de anfitrión de la cumbre en el Pignatelli había sido hasta pocos meses antes el alcalde de la capital aragonesa. En aquella cita las dos partes consiguieron desatascar importantes acuerdos, pero no todos se han cumplido todavía ni se puede decir ya que no queden rencillas pendientes por resolver. Por el momento, no hay fecha para una próxima reunión, aunque la relación estrecha que mantienen ambas instituciones haga que gran parte del trabajo se realice en los despachos.

El ansiado pacto de la calle Embarcadero

Entre otros muchos, este asunto fue uno con los que el Gobierno de Lambán y el ayuntamiento de Azcón se tiraron los trastos a la cabeza. Con la llegada de Chueca a la plaza del Pilar y el líder de los populares al Pignatelli, las dos partes cerraron en diciembre de 2023 un pacto muy similar al que habían estado a punto de firmar el PSOE y el PP en la legislatura anterior pero que el fragor electoralista enterró.

En concreto, en ese pacto la DGA se comprometía a ceder al ayuntamiento los suelos de la calle Embarcadero que los vecinos del barrio de Casablanca usan como aparcamiento. A cambio, el ayuntamiento entregaba al Ejecutivo autonómico miles de metros cuadrados repartidos por toda la ciudad para poder levantar vivienda mientras el consistorio se encargaba de mantener el estacionamiento para los habitantes de esta zona de la ciudad.

Pues bien, más de un año después, se ha redactado ya un convenio que recoge el acuerdo sobre la calle Embarcadero, pero todavía se está revisando por parte de los funcionarios de ambas partes antes de su aplicación. Al mismo tiempo, informan fuentes conocedoras del proceso, se está trabajando en la fase administrativa con la actualización de todos los trámites registrales de las distintas parcelas, previos a poder avanzar y formalizar los acuerdos y firmar ese convenio que, entre otras cosas, incluye el desatasco de los suelos del ámbito del antiguo reformatorio del Buen Pastor de Torre Ramona. No obstante, la DGA sí que ha recibido ya la tutela de suelos municipales situados en Rosales del Canal y Miralbueno y en los que el Ejecutivo autonómico construirá vivienda asequible.

Cuestión de agua y de dinero

Una de las reclamaciones que el alcalde Azcón siempre hizo al presidente Lambán fue la recepción de fondos para mantener y mejorar las depuradoras de la capital aragonesa. El ayuntamiento se ha pagado de su bolsillo las plantas que limpian el agua antes de devolverla a los ríos, pero sin embargo el impuesto que grava a los ciudadanos para pagar el coste de la depuración es autonómico, por lo que lo recauda la DGA.

Este ha sido uno de los puntos de fricción entre ambas instituciones en los últimos años, si bien en la última bilateral se pasó de puntillas. Los esfuerzos del ayuntamiento se centran ahora en tratar de convencer al Gobierno de España de que ayude a financiar la nueva depuradora que necesita Zaragoza ahora que la de La Cartuja está a punto de finalizar su vida útil.

Es decir, ahora que tanto el Gobierno de Aragón como el ayuntamiento están en manos del PP, el foco se ha puesto en una institución superior, el Gobierno de España (PSOE) cuando de pedir dinero se trata. No obstante, preguntada por esta misma cuestión, la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, afirmó en el último pleno que el compromiso del Ejecutivo autonómico con su capital se demostraba con las aportaciones realizadas para la renaturalización de las riberas del Huerva (20 millones) o para la construcción del nuevo campo de fútbol (76 millones), además de otras cantidades satisfechas por parte de la DGA de Azcón.

Es decir, el Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de Zaragoza han enterrado el hacha de guerra por el asunto de la depuración. El enemigo común ahora es el Gobierno de España y, además, a cambio, el Ejecutivo autonómico ha regado la ciudad con dinero para desatascar las promesas electorales que fueron de Azcón y después asumió Chueca.

Placas solares en los colegios

Otro de los acuerdos que se sellaron en la última bilateral fue que el Gobierno de Aragón permitiría al ayuntamiento que instalara placas solares en las cubiertas de los colegios de la ciudad para reducir el coste de su mantenimiento, un desembolso que asume el consistorio. Por lógico que parezca, este pacto se había antojado difícil en la legislatura anterior. Sobre esta cuestión, los técnicos municipales están a punto de finalizar los estudios técnicos sobre las cubiertas de los colegios y su capacidad energética. 

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