La DPZ planea un nuevo ecovertedero para dejar de depender de Zaragoza
La futura planta de residuos costará no menos de 50 millones de euros y dará servicio a más de 250 municipios de la provincia. La institución provincial negocia con la DGA una permuta de suelos en el PTR
Servicio Ecoprovincia cargando resiudos de la planta intermedia de La Almunia de Doña Godina. / DPZ
La legislación europea sobre el tratamiento de residuos urbanos es clara: al menos el 50% deben ser reciclados. Los municipios no tienen escapatoria y deben aplicarse en la materia, para lo que son imprescindibles las plantas de tratamiento de residuos que separan y tratan de manera específica los distintos restos que generan los ciudadanos.
Las exigencias son similares para los pequeños y los grandes municipios, a pesar de que los recursos disponibles para hacer frente a este reciclaje no sean los mismos. De ahí nació la colaboración interinstitucional entre el Ayuntamiento de Zaragoza y la Diputación Provincial de Zaragoza para dar servicio a los pequeños municipios en el tratamiento de residuos. Pero desde que se firmara el acuerdo entre ambas instituciones, las tasas que implementa el consistorio zaragozano a los pueblos de la provincia se han más que duplicado.
Con esta situación, y aupado por la buena salud financiera de la DPZ, su presidente, el socialista Juan Antonio Sánchez Quero está decidido a construir una nueva planta de tratamiento de residuos que dé servicio a los más de 250 municipios de la provincia, que dejarían de verter sus restos –y el pago de sus tasas– en Zaragoza. La intención es que el proyecto esté lanzado en esta legislatura. Y ya cuenta con 6 millones de euros en el presupuesto de 2025.
Los trabajos previos están avanzados y la DPZ cuenta con una memoria inicial, pero la semana pasada la institución provincial encargó nuevos estudios para avanzar en las características que deberá tener el nuevo ecovertedero, así como cuál sería su ubicación ideal, el análisis del modelo de explotación, el estudio de la viabilidad del contrato y las evaluaciones de impacto ambiental. Además, ya se han iniciado las negociaciones con el Gobierno de Aragón para conseguir terrenos en el Parque Tecnológico de Reciclado (PTR) a través de una permuta de otros terrenos de propiedad provincial.
La intención del presidente provincial es que la nueva infraestructura se impulse en esta legislatura y esté en marcha poco después. Así, los más de 250 municipios de la provincia que a día de hoy vierten sus restos en el Complejo para Tratamiento de Residuos Urbanos de Zaragoza (CTRUZ), pasarían a hacerlo en el CTRUP, el centro de la provincia. El coste estimado en los primeros análisis no es menor de 50 millones de euros.
El aumento de las tasas
Según fuentes provinciales, la factura que pagan los municipios ha ido subiendo paulatinamente en un servicio al que no pueden renunciar. En concreto, cuando comenzó la colaboración (2009-2013), la tasa por tonelada vertida era de 15,31 euros. En la etapa de Pedro Santisteve (ZeC) como alcalde, la tasa pasó a los 17,70 euros por tonelada y después a los 24 euros. Y con la llegada de Jorge Azcón (PP) a la alcaldía, se elevó a 30,57 euros. Desde 2024, el consistorio zaragozano aplicó una nueva subida, hasta los 36,10 euros por tonelada.
Es la DPZ quien abona esta factura, unos 2,5 millones de euros al año para las arcas del Ayuntamiento de Zaragoza, y luego repercute a los municipios de la provincia el coste en proporción a su población. A esta factura hay que sumar, por otro lado, el millón de euros anuales que figura en el convenio de los barrios rurales en concepto del uso de servicios –como la asistencia de los bomberos del Ayuntamiento de Zaragoza y el propio acceso al CTRUZ–. Y, por otra parte, la institución provincial también asume el coste por la construcción y la gestión de las seis plantas intermedias de tratamiento y el transporte desde ellas al CTRUZ, lo que supone otros 2,4 millones al año.
El coste de la gestión de la basura no es nada desdeñable y contar con una infraestructura propia permitiría a la DPZ no depender de la planta de Zaragoza ni de renovar los convenios de colaboración.
Servicio Ecoprovincia, en Ejea. / DPZ
Contactos con el Gobierno de Aragón por los terrenos
Para la puesta en marcha del futuro ecovertedero provincial, la DPZ ya ha realizado los primeros contactos con el Gobierno de Aragón para realizar una permuta de suelos que permita instalar la nueva planta en terrenos del Parque Tecnológico del Reciclado.
Según ha podido saber EL PERIÓDICO, la DPZ ofrecería al Ejecutivo aragonés los terrenos de la Escuela de Capacitación Agraria de Movera, que ya utiliza el Gobierno de Aragón en virtud de un acuerdo que se renueva periódicamente, a cambio de suelos en el PTR.
El intercambio, claro está, requeriría de una tasación y una igualación del coste, pero es prioritario para la DPZ por el tipo de usos del suelo y por la ubicación estratégica de Zaragoza para minimizar el coste del traslado de los residuos. Está por ver cómo se concreta la permuta para que el nuevo ecovertedero pueda ser una realidad a pocos kilómetros del CTRUZ.
Una colaboración para cumplir la ley que ha durado menos de una década
La Diputación de Zaragoza y el Ayuntamiento de Zaragoza llegaron a un acuerdo en 2017 para que todos los municipios de la provincia pudieran verter sus residuos en la planta del Centro de Tratamiento de Residuos Urbanos de la capital (CTRUZ) y así poder cumplir la normativa europea que obligaba a reutilizar al menos el 50% de la basura que se generan. Una obligación legal que estaban abocados a cumplir para no ser sancionados por verter en plantas que incumplían la norma y que, para cumplirla, debían afrontar una inversión inasumible.
Fue la DPZ la que debía costear buena parte de la factura de la solución. Zaragoza le abría las puertas de su ecovertedero a todos los pueblos de la provincia, pero se entabló una compleja negociación por el coste que debían pagar esos ayuntamientos por verter sus residuos en el CTRUZ. Entonces, la llevaron a cabo el Gobierno de ZeC en Zaragoza y una diputación también estaba presidida, como ahora, por el socialista Juan Antonio Sánchez Quero.
Se llegó a un acuerdo, por un coste unitario de 17 euros por tonelada y el compromiso de la DPZ de acometer una inversión millonaria en plantas de transferencia que funcionarían como puntos de recogida intermedios antes de verter en la planta de Zaragoza. Seis millones para hacerlas a los que sumar la factura del transporte de la basura hasta el CTRUZ, unos 18 millones en 10 años.
Es lo que ha asumido estos siete años la DPZ. Y los municipios solo tenían que abonar la tasa por el tratamiento de sus residuos que no ha dejado de crecer y ya supera los 36 euros por tonelada. Ahora era el PP, muy crítico en el 2017 con el acuerdo, es con quien había que negociar, y construir un CTRUZ provincial es la solución.
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