Aragón tiene registradas 1.246 fosas comunes de la guerra civil
Los trabajos de actualización realizados por el Ejecutivo autonómico durante el último año añaden 123 espacios a la base de datos anterior
Dos operarios trabajan en la exhumación de una fosa en Ejea de los Caballeros, el pasado mes de noviembre. / MIGUEL ÁNGEL GRACIA
El Gobierno de Aragón ha actualizado su base de datos de fosas de la guerra civil española y posterior represión en la comunidad y la cifra registrada ha alcanzado los 1.246 espacios. Un crecimiento de 123 respecto al anterior recuento, iniciado en 2008 y avanzado con el paso del tiempo. Esto se extrae de los trabajos en materia memorialistas de la Dirección General de Patrimonio, dependiente de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte de la DGA, que dirige Tomasa Hernández.
La derogación de la Ley de Memoria Democrática de Aragón en febrero de 2024, fruto del pacto de Gobierno de PP y Vox que se rompió el pasado verano, no terminó del todo con la política memorialista. Parte de los trabajos se mantuvieron, centrados sobre todo en las fosas comunes y su análisis y exhumación, pero desapareció la colaboración con las entidades memorialistas.
Por provincias
El total de 1.246 fosas comunes registradas por el Gobierno de Aragón es fruto de la actualización realizada durante el último año y medio. Teruel es la comunidad que más espacios con restos de represaliados acumula, con hasta 444. En el anterior análisis, la provincia tenía controladas 419 fosas comunes. El crecimiento también se ha dado en las otras dos provincias: Zaragoza hoy tiene situadas 432 fosas comunes, por las 359 del anterior estudio, mientras que Huesca acumula 370 fosas, por las 345 que había localizadas antes de esta actualización.
Los datos que se tienen controlados en la consejería hasta finales de 2025 reflejan que se ha intervenido en 309 fosas para llevar a cabo acciones memorialistas. Esas más de 300 intervenciones incluyen las acciones más recientes, comandadas por los últimos Ejecutivos autonómicos y que contaban con la supervisión de profesionales técnicos, que aplicaban métodos puramente científicos y basaban las intervenciones en protocolos estandarizados para este tipo de trabajos. En este recuento también se incluyen los procedimientos anteriores, que no seguían esas acciones tan escrupulosas.
Pero aún queda trabajo por hacer. Los cálculos de Patrimonio dicen que Aragón almacena hasta 740 fosas en las que los técnicos podrían intervenir: 280 en Teruel, 229 en Zaragoza y 215 en Huesca.
La última categoría en esta clasificación son las que la DGA considera como «extinguidas». 197 fosas comunes forman parte de este último apartado, en el que se incluyen aquellas zonas que son de «difícil acceso para su excavación», aquellas que ya han sido «dignificadas» y otras en las que no existen reclamaciones de familiares de los cuerpos que puede haber en la localización.
Nueva base de datos
Los trabajos de recuperación se iniciaron en 2023, para rescatar la información pública que ya existía entonces relativa a la distribución y localización de las fosas comunes de Aragón. Entrando en el año 2024, el Gobierno autonómico realizó «un gran avance» para completar la información y llevar a cabo la actualización. Ahora, según señalan fuentes de la consejería encargada de estos trabajos, «la base de datos permite localizar y encontrar información precisa». Todo después de ese año de basta documentación.
Colaboración
La información recogida por el departamento de Cultura tiene dos salidas visibles. La primera, atender a aquellos ciudadanos que quieran saber más sobre alguna fosa o la situación de los restos. La segunda, la colaboración institucional en materia de política memorialista, ya que la base aragonesa actualizada permite «ofrecer datos más precisos al ministerio a la hora de diseñar el nuevo plan de cuatro años para intervenir en las fosas».
La base anterior, de 2008, había recibido actualizaciones, pero no había contado con «este esfuerzo de búsqueda de información y actualización» que ahora ya se refleja en el registro aragonés. El trabajo, por ejemplo, ha incluido la recopilación de archivos de los juzgados Togado Militar del Acuartelamiento de San Fernando de Zaragoza.
Financiación
El trabajo del Ejecutivo autonómico para el presente año en materia memorialista todavía no está definido, pero la intención es seguir trabajando en líneas similares a las de 2024. Entonces se destinaron 237.000 euros para 17 intervenciones repartidas por todo el territorio. La DGA destinó 110.00 euros de su presupuesto al trabajo de exhumaciones, análisis de datos o pruebas de ADN. Los otros 117.000 euros los aportó el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, dirigido por Ángel Víctor Torres. La DPZ destinó de su presupuesto del año pasado 450.000 euros, para trabajos centrados en la provincia.
La base de datos que mantiene ahora el Gobierno de Aragón es una herramienta que incluye toda la información sobre las fosas, con su situación, si han sido ya intervenidas, el tipo o la identificación de los restos que se han localizado. Es un documento, aseguran desde el departamento, que está siempre pendiente de nuevas incorporaciones, por si se localizan nuevas fosas. La herramienta es de uso público, pero no de acceso directo para la ciudadanía. Desde la consejería de Tomasa Hernández destacan que la ciudadanía que necesite información sobre el asunto tan solo tiene que contactar con la Dirección General de Patrimonio Cultural, que atenderá a las peticiones.
Sin noticias del banco genético a nivel nacional
Los trabajos en la actualización del mapa de fosas comunes y de lugares con restos de represaliados en la comunidad no han cesado en los últimos tiempos, pero el paso siguiente todavía no ha pisado el suelo.El Gobierno de Aragón sigue trabajando con su propio banco genético de datos de ADN, un registro que facilita la identificación de las víctimas gracias a la recopilación de perfiles de personas que buscan a sus familiares y de los restos encontrados en las fosas.
El siguiente paso, anunciado hace tiempo por elGobierno central, no termina de darse. El Gobierno de España avanzó la puesta en marcha de un banco de datos a nivel nacional, con el objetivo de facilitar las identificaciones por todo el territorio y permitir que las personas emigradas, o que residen en otras comunidades autónomas, pudieran llegar a encontrar restos de antepasados que fueron asesinados en otras regiones. Una demanda de las asociaciones memorialistas desde el comienzo de estas políticas y, también, de los laboratorios implicados en las tareas de control, registro e identificación de los perfiles genéticos. Sin embargo, el Ejecutivo aún no ha creado este solicitado sistema.
ElGobierno de Aragón ya anunció que colaborará con la entidad nacional cuando se ponga en marcha.Cuando eso suceda, pedirá a las personas que han dado sus datos permiso para compartir los datos con el banco español.
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