El Clúster del Maestrazgo iniciará las obras en marzo con cuatro litigios abiertos

El Maestrazgo está cerca de poner punto y final a siete años de travesía social y administrativa para que en las lomas de las despobladas tierras entre Teruel y Castellón se erija el mayor parque eólico de España. El macroproyecto de energías renovables propiedad del fondo danés CIP –que cerró hace cinco meses la compra de la iniciativa a la aragonesa Forestalia– comenzará los movimientos de tierras y la obra civil con la llegada de la primavera, entre finales de marzo y principios de abril, para instalar 122 aerogeneradores repartidos en nueve municipios con el objetivo de empezar a evacuar energía a finales de 2026. Esos son, al menos, los planes de la compañía, que solo tiene pendiente lograr los permisos de obras de los ayuntamientos afectados (un arquitecto municipal está finiquitando su elaboración de forma conjunta) para lanzar una inversión de 1.100 millones de euros, según confirma a este diario el director de CIP en España Javier Prados. Sin embargo, no está dicha la última palabra, pues en su contra juegan las cuatro vías judiciales y administrativas que grupos ecologistas, plataformas vecinales, particulares y partidos políticos han interpuesto con el objetivo de paralizar el inminente inicio de la construcción debido a las afecciones paisajísticas y sobre la avifauna que aseguran que lleva aparajada la iniciativa.

Desde hace unas semanas, la promotora, junto a las compañías que se encargarán del transporte del material, estudia las carreteras del Maestrazgo para identificar cuáles son las modificaciones en los accesos para que el transporte se efectúe de forma eficiente y poder transportar las palas de casi 80 metros de largo y 70 toneladas de peso que compondrán los aerogeneradores. «Ya estamos ahí, encaminados a que la construcción comience», señala el director de CIP en España. El fondo también lleva meses almacenando en el aeropuerto de Teruel las palas que se fabrican en la planta de GE Vernova en Coves de Vinromà (Castellón). Tienen un contrato de alquiler para explotar con este fin 32 hectáreas por las que desembolsan algo más de 90.000 euros al mes durante un mínimo de 18 mensualidades y un máximo de 36. Esto les permitirá ahorrarse cualquier imprevisto con los suministros una vez empiecen con la instalación. Y para quien eche las cuentas, si el almacenamiento se prolonga hasta julio de 2027, el consorcio que gestiona la pista de Caudé se habrá embolsado 3,24 millones de euros.

El Consejo de Ministros –sin el apoyo de los titulares de Sumar– propició el empujón definitivo a la iniciativa empresarial el pasado mes de julio, al resolver de un plumazo las divergencias entre los informes favorables –la mayoría de ellos– y desfavorables de los Gobiernos aragonés y valenciano, en especial por la línea de Muy Alta Tensión que servirá para evacuar la energía en la subestación de Morella (Castellón), con 173 kilómetros de infraestructura.

Tras pasar por el filtro del Ministerio de Transición Ecológica, el proyecto se adelgazó desde los 165 aerogeneradores proyectados en un primer momento por Forestalia hasta los 122 actuales y dos plantas fotovoltaicas. En total, el clúster contará con una potencia instalada de 744 megavatios, equivalente al consumo medio de 570.000 hogares y una cifra que no queda lejos de la capacidad de generación de las centrales nucleares de España, que rondan los 1.000 MW por reactor.

Cuatros frentes abiertos para impedir el proyecto

La preparación del proyecto marcha en paralelo a las maniobras de distintos actores del territorio por frenar in extremis el proyecto. Hay al menos cuatro vías abiertas que lo intentan. La primera, la denuncia por delitos ambientales interpuesta por el movimiento ciudadano Teruel Existe en enero de 2023 ante la Fiscalía de Medio Ambiente de Teruel, método que Vox replicó en diciembre del año pasado. Además, dos recursos contenciosos-administrativos han solicitado medidas cautelares ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid para impedir el inicio de las obras. El primero es el presentado por el hotel rural Mas de Cebrián, ubicado en Puertomingalvo y propiedad del empresario Salvador Arenere; el segundo, el que engloba a Teruel Existe, la Plataforma en Defensa de los Paisajes de Teruel, la Fundación para la Conservación del Quebrantahuesos o la Plataforma No a la MAT del Norte de Castelló. «Habrá un grave impacto sobre la avifauna y por supuesto sobre el paisaje porque ocupan espacios de la Red Natura 2000 y destrozará el Geoparque del Maestrazgo», resume Mariano Tomás, portavoz del movimiento ciudadano.

'Molinos, sí; molinos, no': el viento se cuela en las urnas del Maestrazgo

«Nosotros lo que estamos es muy satisfechos. Después de siete años de dura lucha contra viento y marea, porque fuimos nosotros los que fuimos a buscar inversores y promotores en 2018, por fin los parques eólicos van a llegar al Maestrazgo con sentido común. Llevamos 20 años viendo los molinos de los pueblos vecinos sin percibir un duro. Sé que no es la única solución para el territorio y la despoblación, pero el dinero, al igual que a la felicidad, ayuda a la sanidad, la educación y los servicios», señala Fernando Safont, alcalde de La Iglesuela del Cid y presidente de la Asociación Viento Alto, que aglutina a los municipios donde se instalarán los aerogeneradores que alcanzarán los 161 metros de altura: Cantavieja, Mirambel, Bordón, La Cuba, Tronchón, Fortanete, Villarluengo, Puertomingalvo y La Iglesuela.

En todos ellos se ha vivido un largo camino hasta el punto de casi vislumbrar el hormigón sobre las casi 2.000 hectáreas que ocuparán los parques. «No hay otra forma de decirlo: en cada una de las elecciones de los últimos siete años aquí se ha votado en clave de referéndum sobre si los vecinos querían molinos o no. Y prácticamente todos los alcaldes que impulsamos el proyecto hemos llegado hasta aquí, sin importar el color político», concluye Safont.