Javier Prados, director de CIP en España: "Estamos tranquilos: el clúster Maestrazgo ha seguido la legalidad de forma escrupulosa"

PREGUNTA (P): ¿Cuándo va a empezar la construcción del parque?

RESPUESTA (R): El cronograma de obra se establece con muchísimos datos. Son 122 turbinas después de las últimas restricciones medioambientales, que la compañía ha tomado la decisión de no lucharlo más, simplemente cancelar las posiciones para atender el requerimiento. Confiamos en conseguir cuanto antes los pocos permisos y las licencias que nos quedan para cumplir el cronograma. Lo importante es destacar que la construcción va a comenzar en muy breve, en el primer trimestre, y que gracias a este pronto comienza empezará a verter a red a finales de 2026. Es uno de los poquísimos proyectos que van a conseguirlo antes de 2027. Los camiones ya están pasando por las carreteras para ver las mediciones, estamos identificando cuáles son las modificaciones en los accesos para que el transporte se efectúe de forma eficiente... Ya estamos ahí, encaminados a que la construcción comience.

(P): ¿Por qué se ha optado por almacenar las palas en el aeropuerto de Teruel?

(R): El mantenimiento en Teruel es interesante. La forma de desarrollar proyectos como este es tener en gran consideración al territorio, asegurarnos de establecer una serie de medidas que integren al territorio en el proyecto. Esto quiere decir que debemos ser capaces de identificar infraestructuras locales que podamos utilizar dentro del proyecto: es además una cosa única en el mundo que una iniciativa almacene las palas para asegurar que se cumple con los plazos.

(P): Este es un proyecto impulsado en un primer momento por la promotora aragonesa Forestalia hasta que CIP lo adquirió en su totalidad. ¿Sigue jugando algún papel en la iniciativa?

(R): Forestalia fue el desarrollador, y como es habitual en este tipo de proyectos, se acuerdan distintos hitos que deben cumplirse. Uno de ellos, el de listo para construcción, suele suponer que el inversor adquiere la totalidad de la compañía y que el promotor salga de la misma. A este punto se llegó en noviembre de 2024, por lo que CIP compró el 100% del proyecto. Es cierto que aún existe una relación contractual para unos trabajos menores relativos a terrenos y algún permiso secundaria.

"Admitimos las críticas de terceros, como cualquiera en el mundo, y nos sentamos con quien no entiende el proyecto, o no ve el beneficio, o que directamente se opone. Pero pedimos que haya rigor técnico y base científica en las alegaciones"

Javier Prado

— Director de CIP en España

(P): ¿Por cuánto se formalizó la operación?

(R): Se llegó a un acuerdo contractual que por cuestiones de confidencialidad comprenderá que no le puedo trasladar. Pero lo importante es que el proyecto está desarollado por una compañía local con gran conocimiento del terreno que nosotros, los inversores, compramos a posteriori para aplicar nuestro conocimiento y experiencia. 

(P): Sabe de sobra que este proyecto ha estado marcado por las críticas de colectivos ecologistas y defensores del paisaje. ¿Son conscientes en CIP de este ruido social?

(R): El proyecto se aprobó por Consejo de Ministros y creo que esa es la mayor garantía que podemos tener en este país. ¿Contestación social y ruido? Sabemos que lo hay, pero creo que tenemos que quedarnos con el ruido del impacto socioeconómico del proyecto: una inversión de más de 1.100 millones de euros, que supondrá la creación de 3.500 empleos y 440 millones en tasas e impuestos locales de los que 120 millones irán para los municipios de Aragón. Y tenemos que hacer por un esfuerzo por escuchar por los alcaldes que han sido reelegidos y llevan apoyando este proyecto siete años más que a plataformas de oposición que creo que obedecen a posicionamientos políticos, muchas de ellas ubicadas lejos geográficamente de la zona. No son capaces de reconocer las medidas socioeconómicas importantísimas gracias a los recursos económicos del proyecto y están diciendo cosas falsas y ficticias. Admitimos las críticas de terceros, como cualquiera en el mundo, y nos sentamos con quien no entiende el proyecto, o no ve el beneficio, o que directamente se opone, como nos sentamos con Teruel Existe en Copenhage. Pero eso sí: siempre que haya rigor técnico y base científica en las alegaciones.

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(P): ¿Entiendo que se refiere a esa tala de dos millones de árboles que denunció Teruel Existe? ¿Lo desmiente?

(R): Es una cifra absolutamente ficticia. No se tala un solo árbol en Aragón si no es de la mano del órgano autonómico competente. La declaración de impacto ambiental establece un ratio de uno a uno, que obviamente vamos a incrementar, no sé en cuánto. Y lo más importante, es una cifra tendente a un efecto contrario a una crítica constructiva, es falsa, ficticia y no sabemos de dónde salen. Se decía incluso que habrá aerogeneradores en Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA): no hay ni uno solo y tampoco afección directa e indirecta.

(P): ¿Cuándo empezarán a recibir los ayuntamientos el dinero relativo a tasas e impuestos municipales?

(R): Los 121 millones que repercuten en los municipios en Aragón, que responden a conceptos de ICIO y otras tasas, se pagará muy en breve, en cuanto obtengamos la licencia de obra. Los ayuntamientos van a ser los protagonistas, ya que serán los que aprueben las medidas y saben cómo puede beneficiar a los vecinos.

(P): ¿Qué planes tiene CIP para comercializar la energía? ¿Optarán por suministrarla a una industria cercana o apostarán por un contrato de compraventa a largo plazo, un PPA, como le dicen en el sector?

(R): Estamos en conversaciones con potenciales off-takers (una empresa que compra la energía generada por un proyecto solar) a través de un PPA. Hemos establecido en paralelo una vía de trabajo para avanzar en los potenciales compradores de esa energía.

(P): ¿Algún promotor de centros de datos?

(R): Se está hablando con varios perfiles, pero son conversaciones muy confidenciales. Es un proyecto que tiene un atractivo por el volumen de megavatios y la configuración técnica que tiene: 744 MW que es muy interesante para un PPA.

(P): Hay abiertas varias vías judiciales abiertas contra el proyecto. ¿Temen que se pueda paralizar la construcción?

(R): A nosotros no nos han dado traslado de ningún procedimiento. Respetamos plenamente que quien no esté de acuerdo haga los recursos que consideren oportuno. Pero estamos absolutamente convencidos de que se ha seguido la legalidad de forma absolutamente escrupulosa en el proyecto, como no puede ser de otro modo. Son procesos reglados y transparentes y si alguien no está de acuerdo lo que tiene que hacer es recurrir. Nosotros estamos bastante tranquilos, y será el órgano administrativo, o en su caso el judicial, el que decida lo que sea.

(P): CIP tiene otro gran proyecto en Teruel, la planta de hidrógeno verde que se denomina 'Catalina'. Los permisos ambientales para autorizar la construcción del electrolizador, el corazón del proyecto, depende del Gobierno de Aragón. ¿En qué estado está la tramitación?

(R): Tenemos una relación excelente con el Gobierno de Aragón, que ha sabido identificar esta inversión industrial en una zona como Andorra. Es un proyecto destacable por el carácter innovador que tiene y las posibilidades que va a brindar a España y a Aragón para posicionarse a la cabeza de este vector energético y que conseguirá descarbonizar.

(P): ¿Tienen ya concedida la solicitud de agua, cifrada en 4,3 hectómetros cúbicos?

(R):