La ley de Vivienda de Aragón inicia su tramitación pese al rechazo de la oposición

La futura ley de Vivienda de Aragón empieza su camino sin consenso en las Cortes. El rechazo de la oposición a una de las principales leyes del Gobierno de Jorge Azcón para la presente legislatura augura que continuará el enfrentamiento entre el PP y el PSOE, también en materia de vivienda, una de las principales preocupaciones de los aragoneses.

Aunque el Ejecutivo aragonés ha hecho de esta una de sus principales banderas, y ha avanzado ya la promoción de 2.000 viviendas protegidas o para alquiler asequible en toda la comunidad, la oposición le reprochó al consejero del ramo, Octavio López, la voluntad «especuladora» de una norma que, consideran desde la izquierda, se centra en «priorizar el negocio de unos pocos». Pese a este rechazo inicial, el PP logró el apoyo de Vox y el PAR y la abstención de Aragón-Teruel Existe, lo que permite el inicio de la tramitación de la norma.

El consejero de Vivienda, Fomento y Logística del Ejecutivo autonómico, Octavio López pidió de inicio el apoyo de todos los grupos para que la ley de Vivienda pudiera ser «de todos» y enriquecerse en el trámite parlamentario. Según el titular de Vivienda, se trata de una ley con «pocas dosis ideológicas» y que busca resolver uno de los principales problemas de los aragoneses, el acceso a una vivienda ya sea en régimen de compra o de alquiler. 

El titular del área recordó que esta es la primera norma que se presenta en Aragón «en más de 40 años» y defendió que es un compromiso del Gobierno «con los más de 47.000 jóvenes» que quieren independizarse y no pueden, o a los que quieren comprar y «necesitan un empujón». López defendió que, en apenas 18 meses, el Gobierno ha impulsado 2.000 viviendas públicas y «multiplicado por dos» los fondos autonómicos para este fin.

López destacó que la ley plantea la posibilidad de construir entre 12.000 y 14.000 viviendas públicas en diez años, la «receta» para combatir el incremento de precios al que ha llevado la falta de oferta por una regulación nacional «inadecuada» que ha expulsado 7.500 alquileres en Aragón en solo tres años. El consejero defendió que la nueva ley aspira a resolver uno de los problemas más graves en la actualidad, y aseguró que busca el equilibrio «entre alquiler y compra, entre medio urbano y rural, y entre inquilinos y propietarios».

Las novedades de la ley

Entre los ejes que se asienta este proyecto, el aprovechamiento de suelos de titularidad pública de los municipios que no vayan a destinarse a equipamientos públicos; el aumento del parque público de vivienda del 1% al 9% de media europea; ayudas para que los demandantes de vivienda no destinen a ella más del 30 % de sus ingresos; otras subvenciones para promotores y compradores para vivienda protegida; o la colaboración público-privada para construir «cuanta más vivienda pública sea posible en el menor tiempo».

Pero desde el PSOE, Chunta Aragonesista, IU y Podemos consideraron que la norma sí tiene tintes ideológicos. El portavoz de IU, Álvaro Sanz, criticó que la norma aborda el problema de vivienda como un «bien de mercado, no como el derecho a techo».

Por parte del PSOE, la portavoz Beatriz Sánchez criticó que la ley «prioriza el negocio de unos pocos a costa del patrimonio público y el esfuerzo de todos los aragoneses». La portavoz socialista de Vivienda denunció que el proyecto de ley «no pretende resolver los problemas de la mayoría de la gente, sino permitir que algunos hagan negocio». «En lugar de fomentar el alquiler social o incrementar el parque de vivienda pública, el PP quiere regalar recursos públicos a promotores y grandes tenedores, en vez de destinarlos a garantizar este derecho para las familias aragonesas», criticó.

Isabel Lasobras, de CHA, criticó que el proyecto, «insuficiente e ineficaz», se aleja de una visión pública y equitativa de la vivienda para acercarse a un modelo más permisivo con la especulación. Andoni Corrales, de Podemos, dijo que esta ley es un «cheque regalo» a los promotores inmobiliarios.