Estado y Gobierno de Aragón celebrarán una bilateral por la Ley de Energía autonómica

El Gobierno de España y el Gobierno de Aragón mantendrán una reunión bilateral por la Ley de Energía desarrollada por la comunidad autónoma. El Ejecutivo aragonés ha recibido una comunicación desde el Ministerio de Política Territorial por la que se les convoca a este encuentro, con el objeto de negociar la formulación de 24 artículos. Si no se llega a un acuerdo, el Gobierno central podrá presentar un recurso de inconstitucional antes del 30 de septiembre de 2025.

Por delante se abren seis meses de encuentro y negociación entre ambas instituciones. La vicepresidenta autonómica y portavoz de la DGA, Mar Vaquero, ha confirmado que el Gobierno de Aragón acepta esta proposición y asistirá a la reunión “con carácter conciliador” para mantener en el marco legislativo autonómico una norma que ordena “una línea estratégica fundamental para la DGA y que tiene que ver con el desarrollo económico de Aragón y la competitividad”.

“La invitación del Ministerio de Política Territorial es para negociar en una bilateral las discrepancias sobre esta ley aragonesa”, ha resumido Vaquero, que ha avanzado que el equipo del Ejecutivo autonómico, todavía por definir, acudirá al encuentro “para colaborar y conciliar”. El fin, como no puede ser otro, es evitar “un hipotético recurso de inconstitucionalidad” por parte del Gobierno central. 

El escrito, según ha relatado Vaquero, contiene alegaciones a un total de 24 preceptos. Los facotres a los que señala el Gobierno de Pedro Sánchez hacen referencia a “redes de distribución, mancomunidades de energía o las competencias de la comunidad autónoma para incorporar directivas comunitarias”. También, según ha citado la vicepresidenta autonómica, las alegaciones, que firma el Ministerio de Transición Ecológica, señalan problemas en “las instalaciones próximas de producción en efectos de autoconsumo, declaraciones de interés general, la titularidad de líneas directas, actividad de las comunidades de energía, las redes de distribución cerradas o las líneas directas”, entre otras cuestiones. 

Vaquero ha señalado que en el seno del Pignatelli se están estudiando los comentarios del Gobierno central para “ver la interpretación que le damos a las diligencias que ha plasmado en su escrito el ministerio”. El objetivo, según ha comentado la portavoz, es lograr “seguridad jurídica” para “un valor que es estratégico para la comunidad”. 

La vicepresidenta autonómica, responsable de Economía, ha descartado que algunos de los grandes proyectos inversores que han aterrizado en la comunidad puedan caerse por este nuevo tropiezo de la Ley de Energía: “No nos lo planteamos, es una premisa estratégica e importante para Aragón, por lo que hay que llegar a acuerdos”. 

Azcón: "La ley de energía significa competitividad"

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha participado este martes en la inauguración de Smagua y también ha valorado las alegaciones del ministerio a la Ley de Energía de la comunidad. "Llegó la invitación a que abramos negociaciones por la ley que se aprobó en las Cortes", ha resumido Azcón, que ha señalado que las 24 alegaciones que llegan desde el Gobierno de Aragón tienen que ver con "los autoconsumos, las mancomunidades o la transposición de directivas europeas que deberían haberse incorporado a la normativa española", algo que no se había hecho a nivel estatal, pero que "el Gobierno de Aragçon incorporó a su legislación".

El jefe del Ejecutivo autonómico ha defendido que esta norma significa "competitividad" y que ayuda a la comunidad para "atraer más industria y desarrollar el sector de la energía". El presidente se ha mostrado esperanzado con el proceso bilateral abierto, "un proceso de negociación con voluntad de llegar a acuerdos". El líder de la DGA ha afirmado que la postura del Gobierno de Aragón será en defensa de "las competencias de la comunidad" y que se trabajará por "defender que nuevas inversiones sigan llegando".

"Hemos activado la comisión de cooperación. Es una ambición de dialogar y negociar conjuntamente y ver en aquellos espacios donde estimamos que hay una invasión de competencias para llegar a un acuerdo para ver de qué manera podemos llegar a un acuerdo, y sin necesidad de recurrir, modificar esa ley y hacerla acorde a la Administración General del Estado y la Administración autonómica", ha dicho Sara Aagesen, la vicepresidenta y ministra de Transición Ecológica.