Trabajo ordena regularizar otros 1.331 falsos autónomos de Glovo en Zaragoza
La plataforma de las mochilas amarillas acumula en la ciudad más de 23 millones en sanciones y cuotas no abonadas a la Seguridad Social por su polémico modelo laboral
Dos repartidores de Glovo por las calles de Zaragoza. / MIGUEL ANGEL GRACIA
La Inspección de Trabajo ha ordenado regularizar otros 1.331 falsos autónomos en el sector de las plataformas digitales de reparto a domicilio en Zaragoza. Así lo revela la última investigación llevada a cabo desde la entrada en vigor de la llamada ley Rider (en agosto de 2021) a julio de 2024, una campaña cuyos resultados han visto la luz en las últimas semanas. Las actas de sanción y liquidación levantadas rozan los 15 millones de euros (en concreto, 14.990.723 euros). Desde el organismo no precisaron el nombre de la empresa afectada por este nuevo caso, pero este diario ha podido constatar que se trataría de Glovo.
En concreto, las nuevas actas de liquidación por cuotas no pagadas a la Seguridad Social ascienden a 6 millones de euros y afectan a 1.331 trabajadores, mientras que las sanciones impuestas por la falta de alta o cotización de los empleados suman 7,3 millones con 1.296 repartidores implicados.
También se han levantado actas de infracción por ocupar irregularmente a trabajadores extranjeros, situación en que se han detectado a 136 personas. Las sanciones en esta materia ascienden 1,7 millones.
Casi 3.000 falsos autónomos
El cerco contra el controvertido modelo laboral de las plataformas digitales de reparto se inició hace más de seis años en lugares como Zaragoza, que fue la primera ciudad donde se abrió, a mediados de 2017, la primera investigación en España contra Glovo. Desde entonces, la Inspección de Trabajo ha reclamado la regulación de casi 3.000 repartidores de la capital aragonesa que ejercían de falsos autónomos en dicha compañía.
La plataforma de las mochilas amarillas acumula en la capital aragonesa una deuda de más de 23 millones de euros por cuotas impagadas al régimen general de la Seguridad Social y las sanciones aplicadas por la falta de alta y cotización de esos trabajadores, así como por obstruir la labor inspectora.
Esta abultada factura es el resultado de las tres investigaciones llevadas a cabo por la Inspección de Trabajo contra Glovo a lo largo de siete años, la última de ellas recientemente notificada a la empresa.
Las dos primeras actuaciones, que abarcan desde octubre de 2016 a agosto de 2021, se saldaron con la solicitud de regularización de 1.483 repartidores -conocidos como riders- y un agujero económico de 8,6 millones de euros. De esta cifra, 5,4 millones corresponden a sanciones y 3,2 millones a las cotizaciones sociales exigidas a la empresa.
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