La reorganización de la Atención Continuada en Aragón podría acabar en los tribunales

Suenan tambores de huelga en la sanidad pública aragonesa y el consejero del ramo en el Gobierno de Aragón, José Luis Bancalero, se enfrenta con ello a los primeros paros generales desde que está en el puesto. Unos paros que han sido convocados por Cemsatse, sindicato mayoritario, para los días 24 y 31 de marzo y que se unirán al resto de protestas –encabezadas por la manifestación del próximo día 15 en la capital aragonesa–, en respuesta a la reorganización de la Atención Continuada que ha planteado la consejería, y que podrían no quedarse ahí, ya que Cemsatse se está planteando llevar a los tribunales el decreto, que finaliza ahora su período de alegaciones.

Su secretaria general, Merche Ortín, recalca a este diario que su propuesta «siempre ha sido la misma» en los once meses que llevan negociando con el equipo de Bancalero y que están dispuestos a recurrir a la Justicia porque consideran que el procedimiento «no se ha hecho como debería». «Nos pasaron el borrador un miércoles y nos pedían la respuesta para el domingo. Les pedimos una semana, ya que además creemos que no se ajusta a la legalidad», sentencia Ortín.

Una versión que no coincide con la de Bancalero, quien se ha referido a la huelga asegurando que se ha encontrado «desinformación» al hablar con varios profesionales sobre los paros. «Muchos no sabían que llevaba ese acuerdo», expresó. Y es que, según defiende el consejero, la «realidad» es que el Departamento de Sanidad que él dirige ha puesto en marcha un acuerdo que ya existía, en referencia a la firma entre sindicatos y la anterior consejería de Sira Repollés, en los últimos meses de la legislatura de Javier Lambán, para salir de, precisamente, otra huelga. 

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En cambio, otro de los portavoces del sindicato, Leandro Catalán, matiza que aquel acuerdo firmado en 2023 recogía la posibilidad de que las coberturas en centros externos al propio por parte de los profesionales de la Atención Continuada en las ciudades, sobre todo Zaragoza, debía ser siempre «voluntaria» y que ahora «abre la puerta a la obligatoriedad». Catalán remarca que «el 100% de los profesionales están de acuerdo con tomar medidas serias» y Ortín –que va un paso más allá y habla de una obligatoriedad «impuesta»– subraya que en el medio rural sí recogen dicha voluntariedad.

En ese sentido, pese a subrayar que «respetan» la «conflictividad que transmite algún sindicato», Bancalero insiste en que «no entiende» el cambio de opinión de «algunos sindicatos», en clara referencia a Cemsatse, pero ha señalado que están «abiertos a sugerencias porque estamos en período de alegaciones», en unas declaraciones que han llegado minutos antes de la Comisión Permanente del Consejo de Salud de Aragón. 

División en los sindicatos

Mientras, el resto de sindicatos mostraron una vez más su desacuerdo con la huelga planteada por Cemsatse, que no apoyaron. Los más críticos fueron CSIF y CCOO, que lamentaron la «precipitación» del sindicato mayoritario. «Estamos poniendo el vendaje antes de la herida», subraya Delia Lizana, secretaria general de la sección de Sanidad de CCOO de Aragón, donde explican que «respetan» el derecho a la huelga, pero no entienden esa_«precipitación». 

En la misma línea se muestran desde CSIF, cuya presidenta en la comunidad, Jessica Fessenden, admite que en el sindicato les «choca» esta convocatoria de huelga porque, dicen, «pidieron eso en su día». Asimismo, remarca que «todavía no se ha hablado» de cuestiones concretas como las condiciones laborales o los horarios, sino que «solo» se ha abordado la modificación del decreto de 1997.

Cabe matizar que hace dos años se firmaron dos acuerdos de salida de huelga. Uno, en el mes de febrero, firmado por Cemsatse; otro, en marzo, rubricado por CCOO, CSIF y UGT, con contenidos diferentes, aunque la sensación en los tres últimos es que Bancalero está aplicando el rubricado por su predecesora, Sira Repollés, con Cemsatse. 

Aunque, eso sí, desde UGT han preferido abstenerse respecto a la huelga porque insisten en que hay un «vacío» en el cambio de jornada de un médico que trabaje de 8.00 a 15.00 y luego desde las 15.00 en otro Punto de Atención Continuada. Por ello, no descartan la huelga, pero prefieren esperar a conocer la respuesta a sus alegaciones.

Muface

Respecto a las polémicas de los últimos meses con Muface, que finalmente tendrá a Adeslas y Asisa como responsables de la atención sanitaria a los funcionarios durante los próximos tres años, Bancalero ha acusado al Ministerio de Sanidad de haber llevado a cabo una «improvisación» que ha supuesto que el funcionariado «haya optado por ir a la sanidad pública, pero aún tiene la posibilidad de ir a otras aseguradoras, aunque DKV no esté».

Siguiendo la estela de las críticas a la cartera liderada por Mónica García, el consejero aragonés ha destacado que ve «incongruencias» en su gestión respecto a Muface y, en un tono más duro, dijo que «borda la incompetencia». Por último, ha reconocido que el integrar a los MAC (médicos de Atención Continuada) y a los EAC (enfermeros) registraría la «mayor sobrecarga» en la Atención Primaria, ya que, matiza, «el sistema Muface no contempla un modelo como el nuestro».