Azcón extenderá la ‘alfombra roja’ a las pymes y la hará más mullida para las grandes

La alfombra roja que pone el Gobierno de Aragón a los proyectos empresariales es uno de los aspecto más valorados por los inversores que deciden instalarse en la comunidad. El Ejecutivo autonómico quiere intensificar la política business friendly (amigable con los negocios), lo que pasa por hacer más extenso y mullido ese tapiz de facilidades administrativas, también para las pequeñas iniciativas. Y_replicar la misma doctrina en lo que se refiere a la gestión pública al servicio de la ciudadanía.

Es lo que se pretende conseguir con la nueva ley de agilización administrativa y atracción de inversiones, que ya cuenta con un borrador, al que ha tenido acceso este diario. El documento, de 86 páginas, marca los principios y reglas generales para avanzar cualitativamente en la materia sobre las bases marcadas por la ley aprobada en 2021 por el Gobierno cuatripartito que presidía Javier Lambán.

El Gobierno de Aragón acelera para aprobar una ley que agilice los trámites y atraiga inversiones

El impulso de la transformación digital de la Administración es uno de los puntos fuertes de la nueva ley, que plantea incluso la incorporación de soluciones y técnicas de Inteligencia Artificial para facilitar «una gestión y respuesta más rápida, objetiva y eficiente». Esta apuesta se asocia a los anuncios que viene realizando Azcón sobre el uso de esta tecnología para agilizar trámites administrativos.

En este sentido, se apuesta por potenciar la Plataforma de Gobernanza de Datos (HAL) con nuevas herramientas y capacidades, lo que tendría un coste anual estimado de 852.509 euros. La DGA pondrá asimismo a disposición de las personas un espacio personalizado y único de relación electrónica denominado MiA (Mi Aragón). El presupuesto previsto en este caso es de 409.600 euros.

El uso de soluciones de IA, la reducción de la carga burocrática y una oficina para atraer inversiones, entre las novedades de la futura ley

Otra de las novedades que recoge el anteproyecto de ley es la creación de una oficina de apoyo a iniciativas empresariales y atracción de inversiones –a través del Instituto Aragonés de Fomento (IAF)­–, así como la página web Aragón empresa. El coste de estas medidas sería de 200.000 euros. El nuevo órgano se encargaría de aglutinar la labor de acompañamiento y asesoramiento a las empresas y emprendedores.

Se trataría de una unidad operativa enfocada en los proyectos más a pie de calle de pymes, autónomos y emprendedores, complementaria a la labor que desarrolla la Dirección de Inversiones Estratégicas del Departamento de Presidencia, que está liderada por Marta Ríos.

¿Qué es un PIGA? Las siglas de la 'alfombra roja' de las inversiones en Aragón

Precisamente, otro de los bloques del borrador está dedicado al impulso de inversiones empresariales estratégicas, con el objetivo de dar más agilidad, orden y claridad a la normativa actual.

Menos papeleo y más confiabilidad

El objetivo de la DGA, según el borrador, es impulsar un marco proactivo que facilite y dinamice la actuación económica «en un entorno de confiabilidad y seguridad jurídica», así como el desarrollo de medidas de apoyo de atracción de iniciativas de inversión, apoyo al tejido económico y fidelización empresarial.

En concreto, el anteproyecto pretende dar un paso más hacia un aligeramiento de la burocracia, sobre todo en la simplificación de trámites, y trata de imprimir mayor confianza en la ciudadanía, los operadores económicos y las empresas. Esa vocación de hacer las cosas más fáciles se traduciría en cuestiones como la aportación de menos documentación al inicio de una tramitación; o que la información que pueda obtener por sí misma la Administración, se subsanará de oficio.

A esto se suma una interpretación de las normas reguladoras en el sentido más favorable para agilizar la toma de decisiones, evitando la aplicación de trabas y de exigencias formales. Además, se refuerzan las figuras del silencio positivo –autorización automática si no hay respuesta de la Administración en un plazo determinado– y de la declaración responsable –un documento personal que acredite el cumplimiento de la norma–.

Devolución de ayudas públicas

El anteproyecto dedica otro apartado destacado al impulso de medidas de fidelización empresarial con el fin de evitar la deslocalización de compañías que se han beneficiado de ayudas públicas. Y en caso de incumplirse ese compromiso, se exigirá el reintegro de las subvenciones percibidas en los últimos ocho años.

La nueva ley se prevé que vea la luz a lo largo de 2025, una vez sea aprobada en el Consejo de Gobierno y supere el trámite parlamentario. Ocurrirá cuatro años después de la anterior norma, que logró un amplio consenso parlamentario a ambos lados del tablero. El proyecto legislativo se encuentra todavía es el proceso tramitación, pendiente de informes, alegaciones y revisiones internas de los distintos departamentos a los que atañe, dado el carácter transversal de su contenido.