Informe de la Cámara de Cuentas: Solo un tercio de los ayuntamientos de Aragón presentan sus presupuestos en plazo

Solo un tercio de los ayuntamientos aragoneses presentaron sus presupuestos en plazo en el pasado ejercicio 2022. Así se desprende del informe de fiscalización presentado por la Cámara de Cuentas de Aragón sobre 2022, en el que tan solo el 34% de los municipios tenían planteadas sus cuentas en octubre, como marca la ley. Un problema que afecta especialmente a los municipios de menos de 5.000 habitantes, señala el informe, que afea otras cuestiones como la aprobación de contratos por 33 millones de euros contra el criterio del interventor.

El presidente de la Cámara de Cuentas de Aragón, Jesús Royo, junto al consejero Antonio Cendoya, han presentado este lunes en las Cortes de Aragón, uno de los documentos más destacados de la institución, el análisis sobre la fiscalización del sector público aragonés. Aunque el estudio del ente fiscalizador no señala grandes incumplimientos ni traslada al Tribunal de Cuentas infracciones, señala las cuestiones en las que los municipios deberían mejorar para garantizar el cumplimiento de la norma.

Así, en relación con los plazos establecidos por la ley para la aprobación de los presupuestos anuales y las cuentas generales, se observa un bajo nivel de cumplimiento en lo que respecta a la aprobación de los presupuestos, con solo un 34% de las entidades cumpliendo con el plazo legal. Este incumplimiento es especialmente notable en los municipios con más de 5.000 habitantes, en las comarcas y en dos de las tres diputaciones provinciales.

En 2022, el censo local de Aragón estaba formado por 983 entidades de las que 849 son entidades principales. De estas, 731 son municipios que suman 1.326.315 habitantes. En el plazo legal establecido para la rendición de cuentas, antes del 15 de octubre de 2023, habían rendido un 74% del censo, es decir, 629 entidades. Fuera de plazo, esta cifra aumentó hasta llegar a las 789 entidades, un 98% del censo.

La gestión de los contratos

El 77% de las entidades locales enviaron a la Cámara la relación de los contratos formalizados en el ejercicio 2022. Las mancomunidades y las entidades locales menores presentan porcentajes menores, del 54% y 65%, respectivamente, explica el informe de la Cámara.

El total de contratos fue de 32.521, ascendiendo su importe de adjudicación a 1.307 millones de euros. El 93% fueron contratos menores (con un importe de 111 millones de euros), siendo la tipología más utilizada la de servicios y suministros, que representaron un 44% y 40% respectivamente.

Entre los reparos que señala el ente fiscalizador, destaca que en el ejercicio 2022, 79 entidades locales en Aragón comunicaron la adopción de 1.159 acuerdos que contradecían los reparos de sus órganos de intervención, sumando un total de 33 millones de euros.

La principal causa de estos reparos (64%) fue la omisión de trámites esenciales que podría dar lugar a la nulidad del acto. Asimismo, 66 entidades comunicaron la adopción de 920 acuerdos con omisión del trámite de fiscalización previa, cuyo importe ascendió a 33 millones de euros, sobre todo en materia de contratación (95%).

El importe del resto de los contratos, a pesar de representar un 7% del total, ascendió a 1.196 millones de euros, siendo más utilizados los de obras y servicios, que representan un 35% y 32% respectivamente. El 95% se ha tramitado de forma ordinaria, el 5% por urgencia y el 1% por emergencia.

El 90% corresponde a los ayuntamientos (72% al Ayuntamiento de Zaragoza) y el 5% a las diputaciones provinciales.

La principal modalidad de gasto sobre la que se adoptan acuerdos con la omisión del trámite de fiscalización previa es la contratación, un 95% del total (50 millones euros). De los 920 acuerdos adoptados con omisión de fiscalización previa, el 70% han sido tramitados a través de reconocimientos extrajudiciales de crédito.

Los municipios pequeños solo tienen interventores interinos

El procedimiento habitual para cubrir puestos de Intervención o Secretaría-Intervención es el concurso. Sin embargo, este método solo se utiliza en el 25% de los casos. Es más común que estos puestos sean ocupados por funcionarios interinos, representando el 60% del total. Esta cifra aumenta al 65% en municipios de entre 101 y 500 habitantes, al 75% en municipios de menos de 100 habitantes, y al 67% en Entidades Locales Menores.

El análisis financiero de las entidades auditadas en 2022 revela un panorama de estabilidad y eficiencia en la gestión de recursos públicos. El gasto total ascendió a 2.142 millones de euros, incrementándose un 10,58% respecto del ejercicio 2021. Destaca el peso del Ayuntamiento de Zaragoza, con un gasto de 864 millones de euros, el 40% del total de todas las entidades locales.

En la distribución del gasto destacan dos áreas principales: bienes corrientes y servicios (781 millones) y personal (652 millones), ambos capítulos constituyen el 67% del gasto total. Las inversiones alcanzaron los 350 millones de euros. Los gastos financieros aumentan ligeramente respecto al ejercicio anterior, situándose en 14 millones, representando el 0,7% del total del gasto, lo que refleja una gestión eficiente de las obligaciones financieras. La deuda por habitante asciende a 934 euros.

Los servicios básicos copan el gasto

En cuanto a la finalidad del gasto, los servicios públicos básicos como saneamiento, agua, residuos y alumbrado representaron el 31% del total, seguidos por los gastos de actuaciones de carácter general, con un 22%. El gasto medio por habitante se situó en 1.615 euros anuales.

Los ingresos totales fueron de 2.174 millones de euros, incrementándose un 8% respecto del ejercicio 2021. Las transferencias, tanto corrientes como de capital, constituyeron la principal fuente de ingresos con un 53%, seguidas por los impuestos directos (24%) y las tasas y precios públicos (15%).

El ejercicio concluyó con indicadores financieros positivos, incluyendo un resultado presupuestario ajustado de 246 millones de euros y un remanente de tesorería para gastos generales de 663 millones. Estos datos sugieren una situación económico-financiera saludable en el sector público local, demostrando la capacidad de las entidades para cubrir sus necesidades y mantener una gestión fiscal responsable.

Las recomendaciones de la Cámara de Cuentas

El ente fiscalizador ha mantenido en este informe recomendaciones similares a ejercicios anteriores, como que las entidades locales tienen el deber de comunicar las modificaciones censales, aprobar el presupuesto en tiempo y forma, analizar y depurar los saldos contables de derechos pendientes de cobro y dotar adecuadamente las provisiones para insolvencias, así como la obligación de rendir cuentas anuales y trasladar la información relativa a contratación, convenios y control interno a la Cámara de Cuentas en forma y plazo.