Miedo y falta de medios en los centros de menores de Aragón: los profesionales exigen una auditoría del servicio

La denuncia sobre la situación vivida en el centro de menores de Ateca, con agresiones y abusos a los residentes por parte de personal sin cualificar, y la reciente muerte de una educadora en Badajoz son dos situaciones menos extremas de lo que se podría pensar, según han alertado este martes desde el sector de protección y reforma de menores de Aragón. Los profesionales denunciaron la falta de medios humanos por la «política low cost» que rige los centros y evidenciaron que estas dos situaciones aisladas «dan la razón» a las voces que reclaman un cambio de rumbo en el sector. Asimismo, exigen una auditoria en todos los centros.

El portavoz de CGT y trabajador del centro de Juslibol Héctor García señaló que en el sueldo que reciben no está incluido «tener que soportar una agresión violenta» y anunció que los trabajadores han convocado una concentración para mañana jueves, a las 11.30 horas, frente a la sede central del IASS, en la plaza del Pilar de Zaragoza, conel fin de reclamar la negociación definitiva de un convenio autonómico.  

Centros de menores saturados en Aragón: «Llegan a situaciones violentas»

Según denunciaron, los centros de menores son entornos donde los profesionales se enfrentan a situaciones «de alta complejidad» que han empeorado en los últimos años, sobre todo debido a los niveles de tensión que tienen que soportar las plantillas. Pusieron como ejemplo uno de los centros de la capital aragonesa, donde de los 50 educadores en este momento se encuentran 10 de baja. «Los profesionales se enfrentan a situaciones de alta complejidad, derivadas de la vulnerabilidad, trauma o conductas disruptivas de los menores», explicaron.

El responsable de Privada y Servicios Socioeducativos de la federación de Enseñanza de CCOO en Aragón, Alberto Echevarría, consideró que el servicio de atención a los menores «le está saliendo muy barato» al Gobiero de Aragón y que es «especialmente alarmante» que la seguridad y la calidad asistencial dependan «de la negociación económica» de las empresas gestoras . La situación, según recalcaron, es «insostenible», con unos trabajadores que, desde la externalización, han perdido un 50% de su poder adquisitivo con respecto a lo que percibirían si hubieran seguido siendo empleados públicos, y «cada vez son peores las condiciones laborales». Y eso asumiendo que se juegan la vida mientras ven como no se cumplen las ratios de educador por menor que deberían estar vigentes.

Reversión de contratos

En este sentido, desde la plataforma exigieron al Gobierno de Aragón que se realicen «auditorías inmediatas» en todos los centros de menores para verificar el cumplimiento de las plantillas y de la normativa por parte de las empresas y organismos adjudicatarios. En caso de que se detecte un incumplimiento, los sindicatos pidieron que se aplique una «reversión» de la externalización y que la Administración se haga cargo del centro «como primera responsable».

La secretaria del sector de Servicios Sociales de UGT en la comunidad, Angélica Mazo, también reclamó protocolos específicos «claros» sobre cómo actuar en situaciones en las que hay denuncias previas, así como un análisis «exhaustivo y riguroso» del perfil de los menores destinados a cada uno de los recursos. Esto evitaría situaciones de riesgo juntando en un mismo espacio a chavales con diferentes inquietudes, necesidades o contextos sociales. En caso de «indicios de irregularidades», abogó por exigir «responsabilidades administrativas» a los responsables de la negligencia.

Según las cifras que manejan desde la plataforma por el nuevo convenio, en la comunidad existen unos 600 educadores sociales para atender a 300 menores en diferentes vías de inclusión. Se calculan que existen 25 centros, aunque los servicios se activan en función de las necesidades.

Entre las peticiones reclaman la necesidad de contar con dos profesionales como mínimo por turno en todos los pisos tutelados, la instalación de sistemas de alarma y comunicación directa con los cuerpos de seguridad y el diseño de protocolos específicos de actuación ante las situaciones de violencia que se puedan generar en el interior de los recursos de acogida.