Carmen Susín, tajante con el reparto de menores migrantes: "Aragón no va a colaborar"

El Gobierno de Aragón insiste en su rechazo a la modificación de la ley de extranjería para redistribuir a los menores migrantes entre comunidades autónomas. Lo informó este martes el presidente de la DGA, Jorge Azcón, y lo ha vuelto a recordar este miércoles la consejera de Bienestar Social y Familia, Carmen Susín: "Aragón no va a ser partícipe de un acuerdo basado en la desigualdad y en la xenofobia, y no vamos a entrar en debates cuantitativos".

La consejera ha remarcado que la comunidad aragonesa "no va a colaborar en el reparto de menores" y ha recordado que, como ya anunció el líder del Ejecutivo, se va a "presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional".

La modificación de la ley de extranjería se elevó este martes al Consejo de Ministros y fue aprobada mediante el Real Decreto Ley por el acuerdo pactado entre el Gobierno de España y Junts. Este cambio permite un traslado de los menores no acompañados de las regiones que están saturadas, como es el caso de Canarias, a otras comunidades autónomas. Este reparto se hará en función de la capacidad de acogida de cada territorio, y Hacienda dotará de un fondo de 100 millones de euros a las autonomías.

Para acceder a esta financiación, las comunidades deberán acreditar que disponen de un número de plazas que se adecúe a su población -la relación aproximada es de una plaza por cada 2.250 habitantes- y que, con la llegada de menores de otras regiones, superarían esa capacidad. Para el traslado de menores se seguirán criterios como la población, la renta per cápita o el número de menores acogidos en los últimos seis meses, entre otros. 

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Las comunidades autónomas tienen de plazo hasta el 31 de marzo ara presentar la cifra actualizada de menores acogidos en la región. Desde el Ministerio de Juventud e Infancia ya se han hecho algunas estimaciones sobre las cifras para cada autonomía, pero Susín ha subrayado en repetidas ocasiones que ella no va a "entrar al debate de cifras, ni de datos ni de presupuestos".

Lo que sí ha expresado la consejera de Bienestar Social es que "el sistema está desbordado por la falta de política migratoria del Gobierno de España". Según los últimos datos publicados, actualizados a finales de enero, la ocupación dentro del sistema de acogida para menores migrantes no acompañados es del 189,42%. En términos absolutos, desde la consejería de Bienestar Social indican que tienen disponibles 104 plazas en el sistema y que tienen que atender 197 solicitudes. 

Con todo, Susín ha indicado que "la cuestión realmente importante es que se ha quebrado el principio de igualdad entre los españoles". “Esta es una medida infame que impone que menores vulnerables se repartan entre territorios destinándolos a unas comunidades autónomas sí y a otras no”, ha subrayado la consejera. El malestar llega principalmente por el caso de Cataluña, que será una de las comunidades que menos menores recibirá a pesar de su población o nivel de renta por tener un sistema ya saturado. 

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“Visto queda que no quieren migrantes en Cataluña. No los quieren adultos y tampoco los quieren menores”, ha afirmado Susín, que ha recordado que Aragón es región limítrofe a esta comunidad y que “se va a ver perjudicada” con este cambio.

Además, Susín ha subrayado que "mediante un decreto ley no se puede modificar una ley orgánica" y ha señalado que "el traslado y la reubicación obligatoria de menores afecta a derechos y libertades de los extranjeros en España, que exige una regulación mediante ley orgánica".

"No vamos a entrar al juego interesado del Gobierno de España", ha afirmado Susín con rotundidad. Según ha expresado, con esta modificación pactada entre el PSOE y Junts, "los menores más vulnerables se convierten en rehenes de una negociación insolidaria, injusta y que les deshumaniza".