La DGA emprende una batalla judicial contra el reparto de menores migrantes pero matiza que no serán "insumisos"

El Gobierno de Aragón ha confirmado este viernes, en un consejo extraordinario, la interposición de un recurso de inconstitucionalidad contra el real decreto aprobado sobre el reparto de menores migrantes. Una iniciativa que se hace efectiva tras anunciarla el presidente Jorge Azcón el pasado martes, pero la batalla judicial no se quedará ahí, ya que en un recurso de este tipo no caben las medidas cautelares.

Por ello, la DGA también presentará recursos contencioso administrativos a todas las órdenes ministeriales que deriven de este decreto. La primera ya la recibieron ayer, a través de un correo electrónico en el cual se les exigía facilitar los datos sobre los menores que actualmente acoge Aragón antes del 31 de marzo.

Con todo, y pese a la esperanza de que la inconstitucionalidad prospere, la DGA "no será insumisa". Esto es, acatará en todo momento la legislación, por lo que si sus distintas apelaciones no prosperan, estará obligada a asumir el reparto aprobado desde Madrid. Así se desprende de las palabras de la vicepresidente Mar Vaquero, quien ha comparecido junto a la consejera de Bienestar Social y Familia, Carmen Susín, para dar a conocer los acuerdos del Consejo de Gobierno extraordinario celebrado este mismo viernes.

En dicha intervención, Vaquero ha incidido en que emprenderán una batalla judicial con todos los medios a su alcance. Primero, con el recurso de inconstitucionalidad contra el decreto, el primer paso indispensable para todo lo demás. Y después, con las impugnaciones correspondientes a los actos administrativos que deriven de él.

Es en esta segunda parte donde sí podrían obtener medidas cautelares que, en la práctica, supondrían no verse obligados a cumplir con los requerimientos gubernamentales en la materia. Aunque, eso sí, Vaquero ha matizado que el Gobierno de Aragón "no ha incumplido nunca la ley" y que en ningún caso serán "insumisos". Por ello precisamente presentarán todos los recursos posibles, para no tener que llegar a esa disyuntiva.

Carmen Susín, tajante con el reparto de menores migrantes: "Aragón no va a colaborar"

En estos momentos, los servicios jurídicos del Gobierno de Aragón ya trabajan en la elaboración del recurso de inconstitucionalidad, que aún no tiene plazos definidos y que no estará listo, mínimo, hasta la próxima semana. Aunque la orden para facilitar los datos al ministerio caduca el 31 de marzo, por lo que es previsible que antes, en cuanto la DGA entienda que ha recibido una comunicación oficial -más allá del mencionado correo electrónico-, se recurra al contencioso-administrativo por esta situación.

En cualquier caso, tanto Vaquero como Susín han incidido en que la interposición era "necesaria", ya que el decreto "atiende únicamente a las urgencias personales, políticas y territoriales de Sánchez". La vicepresidenta ha ido más allá, asegurando que detrás del decreto ley hay criterios "xenófobas" sobre las que pesa un trasfondo político, términos similares a los empleados por Azcón y el PP a nivel nacional. "Cataluña no quiere acoger estos menores", ha señalado Vaquero.

Susín, por su parte, ha reincidido en que la comunidad aragonesa está "sobrepasada" y ha pedido al Gobierno de España "jugar con las mismas cartas". "Para eso está la conferencia sectorial, como se ha hecho siempre", ha concluido, sin detallar los datos concretos de este momento, ya que ha preferido esperar a conocer los "criterios de cálculo" empleados por Moncloa.

Azcón: "Traspasa todas las líneas rojas"

El presidente Azcón también se ha referido de nuevo al decreto, que ha definido como "injusto" y "desigual", un término este último que el ministro Ángel Víctor Torres ha empleado, precisamente, para señalar al líder popular aragonés. Según Azcón, "todos sabemos cuáles son las razones reales de este decreto, que conocimos porque lo contó Junts", y ha aseverado que este pacto "traspasa todas las líneas rojas de la historia del PSOE".

Unas declaraciones que han llegado tras reunirse en el Pignatelli con su homólogo andaluz, Juanma Moreno, quien también ha anunciado que la Junta de Andalucía "estudia" interponer un recurso, siguiendo la estela de Aragón. "Es absurdo que un señor que está a más de 2.000 kilómetros, un prófugo de la justicia, decida que lo que tenemos que acoger los andaluces y los aragoneses", ha remachado.