Los profesionales del sector inmobiliario de segunda mano piden medidas fiscales para facilitar el acceso a la vivienda
Zaragoza acoge la IV Convención de Aportalia, un encuentro que ha reunido a un centenar de profesionales del sector inmobiliario

Un momento de la convención Aportalia. / EL PERIÓDICO

El actual problema de acceso a la vivienda requiere medidas estructurales por parte de las administraciones, especialmente aquellas que reduzcan la carga fiscal para quienes quieren comprar una vivienda. Así se ha puesto de manifiesto en la IV Convención de Aportalia, un encuentro que ha reunido a un centenar de profesionales del sector inmobiliario en Zaragoza.
La tendencia actual del sector inmobiliario impacta directamente en la ciudadanía, que encuentra dificultades para acceder y crear un hogar. Como ha expresado el presidente de la Federación de Asociaciones Inmobiliarias (FAI), José María Alfaro, “nos encontramos ante la mayor crisis habitacional de los últimos 40 años y desde nuestra profesión vemos auténtica desesperación entre la ciudadanía ante la imposibilidad de acceder a un hogar digno y asequible”. Por eso, desde FAI reclaman un Plan de Emergencia Nacional para la Vivienda, un “plan Marshall” orientado a resolver los problemas estructurales del mercado inmobiliario para garantizar el derecho a la vivienda a todos los ciudadanos.
Alfaro ha recordado que desde FAI se han propuesto una serie de medidas para incorporar al Plan Estatal de Vivienda entre las que se encuentra la rebaja de la carga fiscal para los compradores. Específicamente han pedido que el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP) se rebaje al 2,5% en todas las comunidades autónomas ya que en España se paga un 7,4% de media por este tributo, lo que supone un 67% más que en el resto de la Unión Europea.
Por su parte, la presidenta de Aportalia, Ángela Sebastián, ha recordado que, aunque el incremento de precios no está siendo tan excesivo en Zaragoza como en otras ciudades, “existe un auténtico problema de acceso a la vivienda tanto en compra como en alquiler que afecta sobre todo a las personas más vulnerables”. En su opinión, “son necesarios los incentivos fiscales y mayor seguridad jurídica para los arrendadores, así como un incremento en el parque de vivienda protegida”, expresa.
Según datos de Aportalia, el precio medio de la vivienda de segunda mano en Zaragoza en el año 2024 se situó en 2.013 euros/m2 un 6,8% respecto a 2023, algo por debajo de la media española que fue del 8,4%.
La profesionalización, un pilar para la ética en el sector
La IV Convención de Aportalia, además de analizar las perspectivas del sector inmobiliario, ha tratado temas como el desarrollo empresarial desde la ética y la profesionalidad o el papel de las coordinadoras. Desde Aportalia se defiende la regulación de la profesión de agente inmobiliario para que los profesionales con formación específica y experiencia sean quienes operen en el sector.
Como explica la presidenta de Aportalia, “la experiencia en el sector, nuestra participación en formación continua para conocer los cambios normativos, la colegiación o la contratación de un seguro de responsabilidad civil son algunos de los aspectos que nos ayudan a ofrecer un servicio de calidad y nuestros clientes pueden tomar decisiones con la confianza de que estamos con ellos en procesos tan importantes como el de comprar o vender una vivienda”.
Ángela Sebastián recuerda que desde la profesión se está abogando por un registro obligatorio de agencias, “el agente tiene que ser localizable y tener una formación y en este sentido, estamos impulsando la puesta en marcha de titulaciones oficiales para ejercer la profesión de agente inmobiliario”, señala.
Aportalia está formada por 17 agencias inmobiliarias que concentran el 10 por ciento de la cuota del mercado de segunda mano en Zaragoza. La asociación está a su vez integrada en FAI, la organización sectorial más grande con 1.400 agencias inmobiliarias y más de 5.000 agentes de toda España. Estas organizaciones trabajan por la transparencia y la profesionalización del sector a través de la formación y la colaboración con las administraciones públicas con competencias en materia de vivienda.
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