Aragón ha destinado 1,2 millones desde 2022 para compensar los impagos de alquiler de personas vulnerables

Los ecos de la pandemia todavía se notan, cinco años después, en la economía de todo el país. Con motivo de las dificultades a las que se podían enfrentar las familias más vulnerables, especialmente en un contexto en el que el mercado de la vivienda está saturado por una descompensación enorme entre la oferta y la demanda, con precios desorbitados en la mayoría de los casos, el Gobierno de España lanzó una moratoria por la cual suspendía los desahucios y los lanzamientos.

Dicha disposición se prolongó hasta el 31 de diciembre de 2025 con la aprobación del famoso decreto ómnibus, y en ella no solo se buscaba proteger a los inquilinos, sino que se establecía una fórmula a la cual podían acogerse los arrendatarios para compensar las pérdidas ocasionadas por los posibles imagos.

En Aragón, la consejería de Vivienda, antes liderada por José Luis Soro (CHA) y desde 2023 por Octavio López (PP), es la encargada de canalizar estos trámites, que desde el año 2022 han supuesto el desembolso en la comunidad de más de 1,2 millones de euros para la mencionada compensación.

En total, desde el año 2021, en el que se puso en funcionamiento esta herramienta para los caseros, la dirección general de Vivienda de la DGA ha recibido 193 solicitudes, de las cuales 142 ya han sido aceptadas. Es decir, casi tres de cada cuatro peticiones. El año en el que más se registraron fue 2023, con hasta 58 peticiones, seguido de 2024 (50), 2022 (42) y 2021 (20). Con todo, este 2025 ha habido un repunte que podría llevar a superar los datos de cursos anteriores, ya que a fecha 7 de marzo constaban 23 solicitudes, lo que hace una proyección de 138 para este año, aunque hay distintas variables que influyen en el fenómeno.

Alquilar un piso en Zaragoza, una misión casi imposible: 49 familias compiten por cada vivienda que sale al mercado

Por contra, el presupuesto empleado ha descendido paulatinamente en estos tres años. Así, en 2022 se destinaron más de 650.000 euros para compensar a los arrendatarios aragoneses; en 2023, algo más de 310.000 euros; y el pasado año, poco más de 250.000. Estos fondos salen de las arcas del Estado, con carga a los remanentes del antiguo Plan de Vivienda 2018-2021, a los que también se suman otros recursos procedentes del programa de ayudas por el covid. Entre ambos suman casi 6 millones de euros, de los que el Gobierno de Aragón todavía dispone 3,34 millones del plan estatal de vivienda y 2,65 de las ayudas por la pandemia. 

De ellos, 1,74 millones están incorporados al presupuesto de 2025 –prorrogado en la comunidad–, aunque la DGA tiene capacidad para incorporar más si fuera necesario. E incluso, si se diera la circunstancia de que se agotasen todas las partidas disponibles, opción bastante improbable, el Gobierno de Aragón podría tirar de los fondos sobrantes del actual Plan de Vivienda 2022-2025. En cuanto a los requisitos, tanto los inquilinos como los arrendadores deben cumplir una serie de condiciones para optar a estas situaciones.

Requisitos

En el caso de los caseros, la primera exigencia es, evidentemente, ser propietarios de un piso afectados por la suspensión extraordinaria de un procedimiento de desahucio por habitarlo inquilinos vulnerables sin alternativa habitacional. La segunda es cumplir una serie de requisitos legales, como estar al corriente de sus obligaciones fiscales y con la Seguridad Social. La tercera es demostrar el perjuicio económico causado por la suspensión del desahucio. Esto es, si la vivienda ya estaba en venta o alquiler antes de estar arrendada. Con la última prórroga del ómnibus, los propietarios pueden solicitar estas compensaciones hasta el 31 de enero de 2026.

Respecto a los moradores, la situación de vulnerabilidad debe estar acreditada y confirmada a través de un informe de los Servicios Sociales, en el cual deben detallarse las medidas para actuar contra esa situación. Esto lleva a la segunda variable a cumplir, que la administración competente no tome las medidas señaladas en el mencionado informe en un plazo de tres meses (por ejemplo, darles esa alternativa habitacional).