¿Qué pasa con los tratamientos a los animales?: Decenas de veterinarios protestan en Zaragoza contra una ley de medicamentos "inaplicable"

Las principales quejas del sector son las restricciones que se encuentran a la hora de administrar medicamentos, algo que en situaciones urgentes puede retrasar la atención y generar complicaciones en la recuperación

Protesta de veterinarios este miércoles en Zaragoza.

Protesta de veterinarios este miércoles en Zaragoza. / Iván Anadón

El Periódico de Aragón

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Zaragoza

Veterinarios de diferentes puntos de la comunidad se han concentrado este miércoles frente a la Delegación del Gobierno en Zaragoza para exigir la derogación de la ley de medicamentos veterinarios, una norma que han calificado de "inaplicable", y que impone trabas burocráticas, sanciones y restricciones que comprometen "el bienestar animal".

Así lo ha calificado durante la movilización la presidenta de la Asociación de Empresarios Veterinarios de Aragón, María García, quien ha asegurado que se trata de un Real Decreto "imposible" de llevar a la práctica. "Es un despropósito, tanto para la profesión como para el sector veterinario que además amenaza con multas muy elevadas", ha explicado.

Una incorrecta aplicación del conocido Real Decreto 666/2023 podría suponer sanciones de hasta 60.000 euros, una cifra que García ha definido como "desproporcionada" y que "no todas las clínicas pueden asumir".

Las principales quejas del sector, según destaca el propio Colegio de Veterinarios de Zaragoza, son las restricciones que se encuentran a la hora de administrar medicamentos, algo que en situaciones urgentes puede retrasar la atención y generar complicaciones en la recuperación de los animales. "En España se establecen normativas que pueden poner en riesgo la salud de los animales, la salud de las personas que conviven con ellos y por tanto la salud de toda la sociedad", han lamentado desde la entidad.

Además, denuncian los trámites de la herramienta PresVet, que obliga a registrar cada antibiótico prescrito, lo que supone una carga burocrática excesiva sin aparentes beneficios reales en el control del uso de estos fármacos. A esto se suma la reivindicación de reducir el IVA de los servicios veterinarios del 21% a un tipo reducido, una demanda histórica del sector que, hasta ahora, no ha sido atendida por el Gobierno.

"Nos obligan a seguir fichas técnicas desactualizadas de más de treinta años que en muchos casos no dan al paciente el mejor tratamiento posible, pero, si usamos nuestro criterio clínico, estamos incumpliendo la ley", ha denunciado la veterinaria de la clínica Coso Esther Sánchez. Además, esto hace que los profesionales veterinarios tengan muy difícil aplicar las últimas innovaciones en los tratamientos de las patologías animales.

"¿Cómo puede un ordenador en Madrid estimar si el trabajo de un veterinario que está valorando al animal es el correcto o no? Es algo inviable", ha sentenciado el veterinario especializado en animales productores de alimentos, José María González, quien ha añadido que la burocracia del decreto actual ha producido un aumento de la mortalidad de dichos animales.

Este escenario de protesta generado por los veterinarios no es algo habitual. "No estamos aquí por gusto", ha asegurado González, quien ha añadido que si se están realizando estas movilizaciones es porque la situación se ha vuelto "insostenible". El objetivo final, aseguran, es conseguir reunirse con el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación así como con el de Sanidad, algo que hasta el momento no ha sido posible.

"El ministro Planas dice que están abiertos al diálogo, pero la realidad es que nuestras peticiones caen en saco roto", ha lamentado García, en referencia al ministro de Agricultura, al tiempo que ha advertido que estas protestas, también realizadas en otras ciudades de España, no cesarán hasta que se consiga dicho encuentro.

Desde el colegio oficial insisten en que "lo que está en juego" es la salud y el bienestar de los animales, así como la lucha contra la resistencia a los antibióticos y la propia salud pública.

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