El Ayuntamiento de Zaragoza solicita una reunión con la Delegación del Gobierno ante “el descontrol migratorio”

El Ayuntamiento de Zaragoza ha solicitado una reunión con los representantes de la Delegación del Gobierno de España en Aragón para analizar y valorar la situación de la política migratoria en lo que concierne tanto al programa de atención humanitaria para la atención de personas llegadas a las costas como al programa de protección internacional en lo relacionado a Zaragoza. La consejera de Políticas Sociales, Marian Orós, considera que el consistorio debe de tener información detallada y recursos económicos ante el “descontrol migratorio” del Ejecutivo central.

Según indican desde el ayuntamiento, a finales de la semana saltaron las alarmas en los servicios sociales de Zaragoza cuando medio centenar de hombres procedentes de Mali se presentaron en la Casa de las Culturas para pedir ayuda. A unos se les había acabado esos tres meses de estancia y a otros se les había comunicado que en breves iban a abandonar el hotel.

Aragón recurrirá el decreto de inmigración del Gobierno de España: "No ha habido una política más desigual y xenófoba"

Este acontecimiento ha llevado a la consejera Orós a enviar una carta al delegado del Gobierno de España en Aragón para pedir explicaciones porque esta situación “puede cronificarse” y que la consecuencia sea “inmigrantes sin recursos que malvivan en la calles o inmigrantes sin recursos que estén sujetos a las mafias o a la economía sumergida”.

Orós ha explicado que desde principios de año tanto en la Casa de las Culturas como en el Albergue Municipal se ha recibido un goteo constante de inmigrantes que, una vez cumplida su estancia de tres meses, han pedido ayuda al ayuntamiento "porque estaban con una mano delante y otra detrás”. “Es tal el descontrol del Gobierno del PSOE que hay algunas entidades que después de tres meses dejan a su suerte a las personas a las que deberían no solo acoger y proteger, sino marcar un itinerario para que tuvieran un futuro en España”, ha afirmado Orós.

En relación a la situación de los malienses que se presentaron en la Casa de las Cultura a finales de la semana pasada, fuentes de la Delegación del Gobierno en Aragón han señalado que "nadie les ha echado de ningún sitio". Según han indicado, "algunos tienen trabajo por el que cobran un sueldo que les permite hacer vida de manera autónoma y otros iban a ser trasladados a otro centro en Burbáguena para iniciar el programa, después de la acogida inicial, y han manifestado su negativa al mismo".

Además, han destacado que "todos fueron preavisados con tiempo suficiente". "Es necesario liberar recursos para que puedan ser usados para otros migrantes", han indicado las mismas fuentes, que han matizado que "estos acogimientos se rigen por un programa que hay que cumplir escrupulosamente".

Las comarcas de Aragón con más población migrante: "Es una oportunidad de desarrollo"

Por su parte, Orós ha subrayado que “Zaragoza quiere información y ayuda económica si debe asumir una asistencia social que el Gobierno de España está dejando de hacer”. En Zaragoza hay en estos momentos casi 1.500 personas inmigrantes en programas de atención humanitaria y protección internacional.

La consejera ha apuntado que Zaragoza “seguirá siendo una ciudad de acogida”, pero ha solicitado al Gobierno central que "deje de mirar hacia otro lado" y que "tome decisiones en materia de inmigración porque actualmente es una fábrica de generar personas vulnerables".

Rechazada la cesión de competencias migratorias a Cataluña

Por otro lado, el pleno del Ayuntamiento de Zaragoza ha rechazado, con los votos del PP y VOX, una moción de los 'populares' sobre la cesión de competencias en materia de inmigración a la Generalitat de Cataluña al considerar que la distribución de menores inmigrantes no acompañados es un "reparto arbitrario". Según han criticado, esta medida vulnera el artículo 149.1 de la Constitución Española y "rompe" la unidad de acción en una cuestión clave para la seguridad y la cohesión social.

Además, en el segundo apartado se insta al Gobierno de España a garantizar que la política migratoria y el control de fronteras sigan siendo competencia nacional. El tercer epígrafe exige al Gobierno central que priorice una gestión migratoria ordenada, coordinada y basada en criterios de interés general, garantizando el respeto, la legalidad, el principio de igualdad entre todos los exclusiva del Estado.

También solicita que se impida cualquier cesión o delegación que otorgue a ciudadanos y comunidades autónomas la aplicación homogénea de la normativa migratoria en todo el territorio nacional y rechazando las cesiones del Gobierno del PSOE que contravienen estos principios.