Aragón recurre contra el requerimiento de información del Gobierno central sobre los menores atendidos

El Gobierno de Aragón ha interpuesto un recurso contencioso-administrativo contra el requerimiento del Ministerio de Juventud e Infancia del Gobierno de España de aportar información sobre el número de menores atendidos en la comunidad autónoma.

Así lo ha anunciado el presidente Azcón en el pleno de las Cortes de Aragón de este viernes, en una respuesta parlamentaria al líder de Vox en la comunidad, Alejandro Nolasco, que le ha pedido "hechos" frente a los "bandazos del PP" en materia de inmigración y las políticas del Pacto Verde Europeo para poder llegar a un acuerdo sobre los presupuestos de 2025.

Después de denunciar la "desigualdad y la xenofobia" del decreto de inmigración pactado por el Gobierno de España y Junts, y anunciar la presentación de un recurso de inconstitucionalidad contra el mismo, el presidente aragonés ha anunciado que el Ejecutivo autonómico ha solicitado medidas cautelares contra la medida que pide a las comunidades autónomas aclarar cuáles son sus recursos disponibles y cuántos menores están atendiendo en la actualidad.

El recurso se ha presentado ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Madrid.

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El Gobierno de la nación había dado de plazo a las comunidades autónomas hasta el 31 de marzo para que notificasen su capacidad de acogida de menores migrantes y facilitasen el número que tutelan en la actualidad.

El Gobierno de Aragón se declara "incapaz" de dar una atención "digna"

El Ejecutivo aragonés no está dispuesto a ofrecer esos datos al Gobierno de España y ha presentado un recurso en el que declaran su "incapacidad" de ofrecer una atención "digna" a los menores por la falta de recursos disponibles.

Al haber planteado un recurso de inconstitucionalidad para el decreto del Gobierno de España, el Gobierno de Aragón opta ahora por la petición de medidas cautelares para intentar garantizar el cumplimiento de la futura sentencia. Así, se hacen eco de jurisprudencia anterior en la que se plantea que con las medidas cautelares se pretende asegurar "que la futura sentencia pueda llevarse a la práctica de modo útil".

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Además, los servicios jurídicos de la comunidad autónoma consideran que el decreto-ley invade competencias autonómicas y "perjudica los derechos y libertades de los menores tutelados, sean o no extranjeros".

Consideran desde el Gobierno de Aragón que compartir información con el central es el primer paso del procedimiento que culminaría con el "traslado forzoso" de los menores extranjeros no acompañados, lo que consideran "perjudicial" para ellos y para el resto de menores tutelados por la Administración autonómica, pues la administración aragonesa "carece de la capacidad de brindarles condiciones dignas de cuidado y atención a todos ellos".

Recuerdan desde el Ejecutivo aragonés que la capacidad de atención aragonesa está "totalmente desbordada". No en vano, fuentes de la consejería de Bienestar Social confirmaron hace apenas una semana que sus centros de atención se encuentran "al 189% de su capacidad".

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Asimismo, en el recurso, el Gobierno de Aragón afea que se adoptaran los acuerdos fuera de la Conferencia Sectorial en la que están implicadas no solo el Ejecutivo central, sino las comunidades autonómicas. También plantean que el decreto aprobado "quebranta" el principio de autonomía financiera de la comunidad, por suponer una carga sin ofrecer los medios necesarios para afrontarla.