Aragón pide aumentar el peso de la despoblación, la dispersión y la orografía en la financiación autonómica

El Gobierno de Aragón ya ha enviado las alegaciones al documento sobre el nuevo sistema de financiación autonómica emitido hace unas semanas por el Ministerio de Hacienda que dirige María Jesús Montero. Su postura al respecto no ha cambiado y la exigencia principal de la consejería que dirige el popular Roberto Bermúdez de Castro es que se tengan en cuenta variables correctoras que afectan troncalmente a la comunidad como la despoblación, la orografía o la dispersión.

En ese sentido, la propuesta que la DGA hace al Ejecutivo central es que la financiación autonómica reserve un 5% del reparto a estos tres factores, que ahora oscilan entre el 3% y el 4%. Cabe recordar que, tal y como denuncian desde el Pignatelli, el documento de Hacienda "eliminaba" la variable despoblación y "no recogía" la orografía, cuestiones denunciadas por la DGA desde que se dieron a conocer, pese a que desde Madrid se señalaba que tan solo se trataba de un texto inicial sobre el que trabajar.

"No hace falta ser un erudito, somos una comunidad despoblada, con mucha dispersión y una orografía que hace que el coste de los servicios sea mucho más caro", ha argumentado Bermúdez de Castro, que ha explicado que desde su consejería han solicitado una reunión "urgente" al ministerio para razonar sus postulados.

Con todo, el consejero ha reincidido en que la relación con la ministra Montero es, prácticamente, inexistente. "La relación con el Gobierno de España es de lealtad institucional. Tenemos relaciones normales con los ministros Puente, López... Pero con la ministra Montero es casi epistolar, porque ni se digna a cogerme el teléfono", ha subrayado.

Un fondo de nivelación temporal

En cualquier caso, Bermúdez de Castro ha cifrado en 10.000 millones de euros el "mínimo" que debería incluirse en el reparto para empezar a hablar sobre la financiación autonómica. ¿Para Aragón? Hasta que haya un acuerdo, el consejero ha pedido un "fondo de nivelación" para poder seguir prestando los servicios necesarios en el territorio. "Con 300 millones casi nos daríamos con un canto en los dientes", ha proseguido, tras denunciar que, atendiendo a los últimos informes de la Cámara de Cuentas, Aragón está infrafinanciada en más de 560 millones de euros anuales.

Asimismo, el consejero de Hacienda aragonés ha destacado que el momento para llevar a cabo esta reforma es el propicio, al estar en una tendencia de "bonanza económica". "En momentos de crisis, la financiación autonómica es poco previsible", ha incidido, haciendo más palpable la prioridad que la comunidad aragonesa da a este debate, ya que el sistema actual data de 2009 y, pese a los compromisos de renovarlo quinquenalmente, no se ha hecho en la última década.

Según Bermúdez de Castro, su intención no es la de "confrontar", sino la de ir con propuestas "en positivo". "En las alegaciones no hablamos ni de Cataluña, ni del cupo catalán. Solo ponemos de manifiesto las necesidades de Aragón", ha sentenciado, pese a que también ha matizado que la reforma del sistema tiene que ser total y no ir "por trozos".

Las alegaciones de Aragón

En un documento de más de treinta páginas, el Gobierno de Aragón muestra su "rechazo" a la metodología planteada por el Ministerio de Hacienda y reclama que se incluyan las variables correctoras de la despoblación, la orografía y los costes fijos.

El informe se hace eco de los análisis de la Cámara de Cuentas de Aragón, que ha actualizado el estudio realizado en 2022 sobre la financiación autonómica en Aragón. En base a este informe, el Ejecutivo aragonés concluye que "los ingresos presupuestarios han sido insuficientes para financiar los gastos de la comunidad" durante los últimos veinte años.

El ente fiscalizador cifra el déficit presupuestario entre los 42 y los 408 millones de euros. Y señala que el gasto en Aragón en la prestación de los servicios públicos fue de 2.958 euros por "habitante ajustado" en 2022 (año de referencia), lo que supone un déficit de financiación por habitante ajustado de 398 euros, es decir, unos 560 millones de euros.

Desde el Gobierno de Aragón recalcan que, si se mantiene el modelo actual, la comunidad seguirá perdiendo ingresos y "aumentarán los riesgos de desigualdades".