El Gobierno de Aragón sube el precio máximo de las VPO un 9,5% y lo seguirá actualizando anualmente

El Gobierno de Aragón ha decidido, de común acuerdo con la patronal de constructores, subir el precio máximo del metro cuadrado de las viviendas de protección oficial (VPO) un 9,5%. Así lo ha anunciado este jueves el consejero del ramo, Octavio López, acompañado de la directora general de Vivienda, María Pía Canals, y del presidente del recién creado clúster de la construcción aragonesa, Juan Carlos Bandrés, confirmando así lo adelantado por este diario el pasado lunes. ¿Qué va a suponer en la práctica? Básicamente, el nuevo precio quedará fijado en 1.845,94 euros por metro cuadrado, con una subida de 160 euros respecto al actual, que está en 1.685,79 euros.

Este dato, claro, hablando siempre en términos de los pisos protegidos en régimen general en las capitales de provincia, el más habitual en el territorio. Existen otras dos tipologías, la especial (para personas con menos recursos, más barata) y la tasada (en mejores ubicaciones, más cara), que también verán modificado su valor máximo en ese mismo 9,5%. En el primer caso, el metro cuadrado sube hasta los 1.443,54 euros y, en el régimen tasado, queda limitado en los 2.076,69 euros.

Aragón tiene 1.200 VPO a la espera de que se aumente el precio del módulo

La modificación, defienden desde la DGA, responde al incremento de costes de la construcción, especialmente tras la pandemia, cifrados en torno al 30%. Esta coyuntura había provocado un estancamiento en la promoción de viviendas protegidas en los últimos años, con tan solo 234 calificaciones provisionales (el paso previo a su construcción) en 2024, todas concentradas en febrero y en Zaragoza capital. Traducido a los datos nacionales, estas 234 futuras VPO solo suponen un 1% de la media estatal, un porcentaje que estaba en el 5% en 2022 y en el 3% en 2023.

Así las cosas, tal y como informó este periódico, la subida del módulo supondrá la salida al mercado de más de 1.200 pisos de protección oficial, de los que 800 podrían estar en marcha antes de verano. La oferta latente aragonesa se concentra principalmente en Zaragoza, con entre 750 y 800 viviendas, mientras que en Huesca hay unas 500 preparadas para presentar los expedientes una vez se confirme la reactivación del módulo. En esa línea, desde la DGA han reivindicado nuevamente las 2.170 viviendas impulsadas por el programa Aragón Más Vivienda, a las que se sumarán próximamente otras 100 en Teruel.

Paso previo a la Ley de Vivienda

Esta medida se aplicará ya en los próximos días, cuando se publique en el Boletín Oficial de Aragón (BOA) la orden que ha firmado este jueves el consejero Octavio López. Se trata de un paso previo a la futura y pionera Ley de Vivienda aragonesa, actualmente en tramitación parlamentaria, y que también amparará futuras subidas del precio de la VPO hasta 3,5 veces el IPREM.

En términos absolutos, permitirá que el coste máximo del metro cuadrado en régimen general sea de hasta 2.100 euros. Tanto es así que, cuando se apruebe la norma autonómica, se actualizará el precio anualmente con un coeficiente que viene marcado desde el Ejecutivo central, pero si el 15 de marzo de cada año ese índice (conocido como índice general de referencia) no se ha actualizado, se subirá la VPO conforme al IPC, que es la demanda histórica de las constructoras.

Y es que, tal y como ha asegurado López, el objetivo del sector era que el precio se incrementase un 25%. Se trata, por tanto, de un paso previo a las futuras modificaciones que podrían llegar cuando se apruebe la ley autonómica, que podría demorarse hasta final de año. "Al precio al que estaba, a los constructores ya no les interesaba construirla", ha explicado el consejero. De hecho, el margen de beneficios para los constructores ahora oscilaba en el 2% y, con la actualización, se quedará entre el 5% y el 6%.

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Con esta decisión política, todos los actores implicados esperan que se reactive el impulso a la VPO en la comunidad aragonesa y la oferta se ajuste a la elevada demanda actual, causada por las dificultades de acceso a la vivienda y que son comunes a todo el país. Según Bandrés, la actualización no solo permitirá asegurar la "viabilidad económica" de la construcción de viviendas protegidas, sino que además "la fomentará". Y ha llamado a dejar la "encapsulación" de las VPO como pisos "básicos", ya que, dice, "el hormigón no entiende de clases sociales y es el mismo".

Ayudas para paliar el incremento

Por otra parte, desde el Ejecutivo autonómico han anunciado que se incrementarán las ayudas a los compradores de VPO, incluidas en el programa Aragón Más Vivienda y que van desde los 11.000 hasta los 17.000 euros. El curso pasado, la convocatoria estuvo dotada con 3 millones de euros, pero las próximas llegarán hasta los 4,5 millones. Un millón y medio extra que sale, precisamente, de las subvenciones que el Gobierno de Aragón había reservado para los promotores, y se dividían en subvenciones de entre 4.000 y 5.000 euros que ahora se trasladarán a las ayudas a la compra.

Esta línea, consideran desde la DGA, quedará compensada por la reactivación del módulo, que llevaba fijado desde 2022, cuando la anterior consejería de José Luis Soro (CHA) lo elevó en torno al 20%. Con todo, López ha aseverado que aquella actualización solo afectó a algunos ámbitos territoriales, los de mayor rango (poblaciones más numerosas, 56), mientras que la actual llegará a los 761 municipios aragoneses.

Hasta este mes, Aragón era la segunda comunidad con las VPO más baratas del país, solo por detrás de Extremadura. Con la subida del 9,5%, escala cuatro puestos y queda como la décimo tercera en la clasificación nacional, aunque sigue 350 euros por debajo de la media estatal. De esta forma, tan solo sale más barato adquirir un piso protegido en Extremadura, Castilla y León, Galicia, La Rioja y País Vasco.

El debate por la descalificación

Otro de los debates históricos en torno a las VPO reside en los años a los que esta puede descalificarse, es decir, pasar a ser considerada una vivienda libre a precio de mercado. El proyecto de ley de vivienda presentado en las Cortes contempla reducir los 30 años actuales a 10 en las promociones privadas y 20 si son públicas. En cambio, el consejero ha abierto la puerta a negociar ampliar esa cadencia con el resto de grupos políticos e incluso ha sugerido estar dispuesto a debatir si conviene tomar cambios "drásticos", que en la práctica podrían llevar a que las VPO no pudiesen descalificarse. "Queremos evitar que la gente haga negocio con el dinero público", ha concluido López al respecto.