El Gobierno de Aragón teme la "inseguridad jurídica" de las nuevas normas para las universidades privadas

El panorama universitario para Aragón que se estaba gestando en los despachos del Ejecutivo autonómico podría recibir un revés inesperado. Así se desprende de los planes del Gobierno de España para regular la apertura de nuevos centros de educación superior. Esto genera, en palabras de la consejera de Empleo, Ciencia y Universidades del Gobierno de Aragón, Claudia Pérez, una situación de "inseguridad jurídica" que comparten otros operadores del ramo. En estos momentos se están tramitando tres licencias de actividad que pretenden completar la oferta de la Universidad San Jorge.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado esta semana una serie de medidas destinadas a endurecer los requisitos para abrir una universidad privada en España y poder así respetar "unos estándares de calidad y prestigio y fortalecer la enseñanza superior pública". Las acciones propuestas pasan por garantizar un número de alumnos, así como su labor de investigación y experiencia en gestión educativa. Sin embargo, todas ellas son todavía un borrador que necesita concretarse en la legislación, pero que ya se encuentra en audiencia pública. "Esperamos que el Ejecutivo nos convoque a una reunión o a una sectorial en la que participen las comunidades autónomas", ha indicado Pérez, reclamando que en esa cita participen también "los rectores y las agencias de valoración", entre otros agentes.

Tres universidades privadas ya han comenzado su tramitación para instalarse en Aragón

La consejera ha mostrado "preocupación" por los efectos que el borrador del decreto pueda tener en Aragón. En opinión de Pérez esto ha supuesto "cambiar las reglas a mitad de partido" y teme que las modificaciones provoquen que nadie "pueda cumplir con los requisitos", ni siquiera la Universidad San Jorge ni el resto de entidades privadas que han mostrado su intención de instalarse en la comunidad. 

Desde el departamento, que han defendido que existe espacio para más centros privados, sobre todo para atender la demanda de formación especializada que se desprende de las inversiones tecnológicas anunciadas en la comunidad, el borrador "va en contra de las autonomías" al entender que estas son las administraciones que tienen "potestad para decidir sobre la llegada de universidades" al territorio. Pérez señala incluso que esto podría vulnerar lo establecido en el Estatuto de Autonomía.

La USJ incumpliría las nuevas condiciones

Como ha indicado la propia consejera, en Aragón, la Universidad San Jorge no cumpliría el requisito del número de alumnos, según las cifras que se conocen, pues en este último curso solo dispone de 3.240 estudiantes de grado, 633 de másteres universitarios y títulos propios y 69 en programas de doctorado. Esto hace una cifra de 3.942 alumnos frente a los 4.500 que se quieren establecer como mínimo exigible. Por el momento, desde la institución académica perteneciente al grupo San Valero ha preferido no hacer declaraciones al respecto. La retroactividad de la medida obligaría al centro a adaptar su tamaño en los próximos tres años.

El Gobierno plantea revocar las autorizaciones a universidades que no tengan 4.500 alumnos

El resto de iniciativas puestas en marcha en Aragón todavía están en los despachos. Se corresponden con las propuestas para impulsar campus desarrollados por The Power University, que buscaría dar sus clases en los cacahuetes de la Expo en Zaragoza y la llamada Universidad Internacional de Aragón (UNIAR) que apostaría por la formación en línea y de la que no existe información alguna. Más avanzados se encuentran los trámites de la Universidad Niccolo Cusano (NCI Aragón) para instalarse en Calatayud.

Ante la posibilidad de que se frene su implantación definitiva, el alcalde de esta localidad, José Manuel Aranda, también ha lamentado la "inseguridad" a la que se puede ver abocada la tramitación de este centro, actualmente pendiente de la autorización autonómica, aunque en una fase avanzada de sus gestiones. "El proyecto está avalado por una entidad académica reconocida, no estamos hablando de fondos de inversión", señala.

Aranda defiende la necesidad de estas universidades privadas ahora cuestionadas y manifiesta que dan solución "a las necesidades laborales a las que no llega el campus público".

El ecosistema privado aragonés también cuenta con la Escuela Superior de Ingenieros Comerciales (ESIC), con un centro en el barrio de Casablanca, que se ha convertido en centro adscrito de su propia universidad, ESIC University en Madrid.

Por su parte, la Universidad de Zaragoza se muestra ajena a la polémica y se suma a la defensa de un sistema "de alta calidad, capaz de generar nuevo conocimiento y, en consecuencia, formar profesionales con alta capacidad de innovación" que reclama la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE). Los centros públicos, a su vez, han reiterado su preocupación "ante la creciente proliferación de iniciativas para la creación de nuevas universidades sin una verdadera consideración de las necesidades reales del sistema universitario español".