El Ejecutivo cifra en 10 millones el ahorro de la Ley de Eficiencia de la Justicia en Aragón y la DGA lo niega

Siempre hay excusa para iniciar un nuevo fuego cruzado entre los gobiernos autonómicos del PP y el Ejecutivo de Sánchez. El último tiene que ver con la Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia que, según la Delegación del Gobierno en Aragón, permitirá un ahorro de 10 millones en la comunidad y, según la DGA, no es verdad.

La cifra nacional se desprende de un análisis que el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes ha realizado este martes en la Conferencia Sectorial celebrada en Barcelona, que el Ejecutivo aragonés ha abandonado, junto a otras comunidades del PP, "sin escuchar las cifras que afectan a su territorio ni detallar sus esfuerzos para implementar la ley", según fuentes de la Delegación del Gobierno en Aragón.

Un pleno que no ha podido celebrarse por no haber alcanzado el quorum de asistentes, tras el abandono de los representantes del PP que "no han podido escuchar las cifras que afectan a sus territorios ni compartir sus esfuerzos para la implementación de la nueva ley o escuchar al resto de comunidades autónomas", aseguran desde Justicia.

No obstante, el Ministerio y los consejeros de País Vasco, Catalunña, Canarias, Navarra y Asturias han mantenido la reunión en los términos previstos y continúan trabajando en la mejora del Servicio Público de Justicia.

Tras este desplante, la Delegación del Gobierno ha notificado que esta ley supondrá un ahorro de 10 millones de euros para Aragón en los próximos 10 años, y cerca de 300 millones de euros en total para las 12 comunidades autónomas que tienen transferida la competencia en esta materia, mientras que su implantación sólo requeriría una inversión de 490.000 euros, ya que no será necesario construir nuevas sedes judiciales, sino simplemente adecuar las existentes.

Horas después, desde el Gobierno que lidera Jorge Azcón han hecho un comunicado para desmentir estas cifras porque, aseguran, "no tienen en cuenta ni las inversiones que será necesario acometer durante todo el período aludido ni tampoco los costes estructurales que supondrá para las arcas de la comunidad".

Pese a haber abandonado la sesión, lamentan "la falta de lealtad del Gobierno de España al no trasladar esa información a las comunidades autónomas para poder realizar con exactitud y de manera conjunta ese estudio que evalúe los costes reales de la nueva ley". Ahora, han anunciado, solicitarán una convocatoria de la Conferencia Sectorial en la que se aborden las cuestiones a las que se ha negado el Ministerio.