Vox mira a Valencia para reforzar sus exigencias a Azcón para los presupuestos

La inmigración ilegal y el Pacto Verde copan los titulares y las declaraciones de PP y Vox para sacar adelante los presupuestos de Aragón. Las "verdes, verdes" negociaciones que explicaba el consejero de Hacienda, Roberto Bermúdez de Castro, no se centrarán tan solo en los dos temas troncales del momento, sino que contarán con más derivadas. La ultraderecha mira al reciente pacto en la Comunidad Valenciana, en el que Carlos Mazón aceptó muchos postulados de los de Santiago Abascal para resolver una parte del embrollo que vive en el Gobierno autonómico.

No todo lo aprobado a la ribera del Turia saldrá adelante en Aragón. Primero, porque hay asuntos que PP y Vox ya despejaron en la formación del Ejecutivo autonómico del verano de 2023, y segundo, porque hay puntos que no merece la pena abordar en la comunidad que gobierna Jorge Azcón. En medio de ambas, las reticencias del PP a comprar los postulados más extremos de Vox, que no deja de exigir declaraciones públicas y que los populares se acerquen a las tesis ultraderechistas.

Lo que no se aplicará en la comunidad será el plan de reconstrucción de la Dana. La razón para aprobar los presupuestos en la Comunidad Valenciana era tener unas cuentas que recuperasen la zona arrasada. Ese asterisco no estará en los cuadernos presupuestarios aragoneses. Tampoco el recorte de la Academia Valenciana de la Lengua o la promoción del valenciano, que en la DGA ya hicieron en las primeras cuentas con el aragonés: el presupuesto destinado pasó de 95.000 a 50.000 euros, repartidos entre la Academia de la Lengua Aragonesa y una cátedra especializada de la Universidad de Zaragoza. Vox intentó eliminar en un pleno de septiembre el reconocimiento del catalán y el aragonés en la ley de Patrimonio Cultural, pero el PP votó con la izquierda y no hizo posibles los deseos de la ultraderecha.

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Vox exigió a Mazón "el mayor recorte del gasto en cooperación al desarrollo en la historia de la Comunidad Valenciana". El Gobierno de Aragón ya lo hizo en la formación del presupuesto de 2024, con una reducción de más del 70% de estos fondos. La ultraderecha logró esa victoria en otras instituciones importantes de la comunidad, como el Ayuntamiento de Zaragoza (tanto con Azcón como con Chueca como regidores) y el de Huesca.

El reciente compromiso entre PP y Vox en la Comunidad Valenciana también cercenó los fondos para la memoria democrática, con la exhumación de fosas tutelada por la Ley de Concordia. Aquí, la derogación del texto memorialista fue una de las primeras decisiones políticas del Gobierno de Azcón. Con el Plan de Concordia se mantienen las exhumaciones, pero no otro tipo de actividades del ramo. La ultraderecha apretará en otros agentes sociales o "chiringuitos ideológicos", algo que el PP rechazó al inicio de la legislatura para conservar la paz social frente a los ataques de Vox a los sindicatos.

Familia, impuestos, inmigración y Pacto Verde

Las medidas acordadas por populares y ultraderechistas en Valencia también se centran en las familias, con deducciones fiscales y apoyo económico a la natalidad. En esa línea ya había actuado Azcón, que en el debate sobre el estado de la comunidad del pasado mes de octubre anunció ese tipo de medidas de cara a 2025.

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Algo que también desea el equipo de Azcón es continuar con la rebaja de impuestos. La eliminación de Sucesiones y Donaciones es una eterna aspiración de la derecha, que por ahora centra la conversación en acabar con el tramo dos del IRPF. Tanto Azcón como Bermúdez de Castro han sido claros en varias ocasiones en las Cortes: solo se eliminará ese tramo si se sacan unos presupuestos para 2025.

Los dos últimos paquetes de exigencias de Vox son los que retumban en los medios de comunicación. Por un lado, acabar con la aplicación de las políticas verdes desde Europa. El presidente de la DGA se ha mostrado crítico con algunos puntos, pero recuerda siempre a la ultraderecha que es responsable en Bruselas de las decisiones, ya que el comisario del ramo es de Patriots. La transición energética y el impulso de las renovables o de la electrificación han dado frutos a Aragón, beneficiado de planes nacionales e internacionales y foco de atención de inversores extranjeros gracias a su buen camino en la energía verde.

Por último, la obsesión de Vox, la inmigración ilegal. El pacto valenciano habla de eliminar el apoyo a las oenegés e impulsar pruebas fiables de diagnóstico para identificar a los menores. Ambos argumentos fueron adelantados en Aragón por Vox, que incluso movilizó un informe para determinar los perfiles de los agresores sexuales reincidentes.

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