Aragón ejecuta casi 319 millones en dependencia en 2024

La consejera de Bienestar Social y Familia, Carmen Susín, ha comparecido este martes en la comisión del ramo en las Cortes de Aragón para exponer las políticas de dependencia y relativas al sistema autonómico de cuidados en los últimos 19 meses. Durante su intervención, destacó que la ejecución durante 2024 en esta materia ascendió a casi 319 millones, lo que supuso "un récord histórico de financiación", ha detallado la consejera.

Según ha señalado, “la aportación del Estado ha sido de 70,2 millones de euros por el nivel mínimo y 39,9 por el nivel acordado; en total, 110 millones de euros", que se han destinado a atender a unas 41.000 personas dependientes.

También ha recordado que la financiación por el nivel acordado de la dependencia “lleva tres años congelada por parte del Estado” y “sigue sin alcanzar el 50% de la financiación que nos corresponde a las comunidades autónomas por ley”.

Además, la consejera Susín se ha referido a las primeras decisiones que tomó el Departamento del que es responsable en agosto de 2023 –“cubrir las plazas de valoradores que estaban sin cubrir” y “ampliar los equipos de valoración y los horarios”, ha rememorado– y el objetivo que tenían y que hoy ha dado por cumplido: “Abrir la posibilidad de que todos los aragoneses que necesitaban que se valorara su dependencia pudieran hacerlo” al dejarse de topar las nuevas entradas al sistema, un modo de gestionar que generaba “una lista de espera invisible”.

Equilibrio de solicitudes y listas de espera

Susín se ha referido a las consecuencias aquellas primeras acciones, que resultaron en “un incremento muy importante de nuevas solicitudes e incluso un aumento de las listas de espera”; dos efectos que, con los datos de este primer trimestre de 2025, ya han alcanzado una situación de equilibrio entre la entrada de solicitudes, cercana al millar mensual, y la capacidad para resolverlas del sistema.

El paciente del Servet con alto grado de dependencia ingresa en una residencia tras recibir el alta

Susín ha compartido con los grupos parlamentarios varios datos que acreditan los resultados del cambio de gestión que ha hecho su Consejería desde ocutbre de 2024. “Este mes de marzo se han reducido a 574 personas la espera de más de seis meses para la resolución de grado, cifra que se duplicaba en agosto de 2023”, ha ejemplificado la consejera.

“Aragón es la tercera comunidad autónoma con menos tiempo de resolución de la dependencia”, ha indicado Susín. “Ya hemos bajado de los seis meses que establece la Ley de Dependencia y esperamos consolidar esta bajada e incluso seguir reduciendo plazos”, ha añadido. En marzo se ha reducido por primera vez desde la entrada en vigor de la Ley estatal de Dependencia en 2006 el tiempo medio de tramitación de un expediente de dependencia por debajo de los 180 días, concretamente en 179 días.

Una de las mejoras implementadas y que ha usado Susín como ejemplo de gestión es la referida al colectivo de aragoneses diagnosticados con Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA): desde el pasado enero están recibiendo de forma automática el grado II de dependencia con carácter general. Quienes reciban el diagnóstico y el correspondiente grado II de dependencia además tendrán reconocido como mínimo un grado del 33% de discapacidad y un porcentaje mínimo del 25% en el apartado de dificultades para utilizar transportes colectivos.

Otros datos sobre el sistema de dependencia

Susín ha compartido en la comisión una serie comparada de datos de Aragón respecto al resto de comunidades: Aragón ha aumentado en 2024 un 12,22% el número de personas dependientes atendidas, mientras que la media del resto de territorios en el mismo período ha sido del 7,55%. 

Las solicitudes resueltas se han incrementado en un 6% en Aragón, por encima del 5% de la media de España; además se han registrado casi un 10% más de valoraciones, doblando la media del país, y se han aumentado en un 15% la prestación de servicios, 5 puntos por encima de la media nacional, y un 16% las prestaciones.

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Además, la consejera ha subrayado que la comunidad aragonesa ha sido la primera "en poner en marcha la prestación para el cuidado de las personas en el entorno familiar a través de un cuidador profesional”. Ahora mismo, ha detallado, hay 2.286 personas recogidas en el convenio especial de cuidadores.

Respecto a las plazas de residencia de mayores con las que cuenta Aragón, Susín ha recordado que el acuerdo–marco firmado por el anterior Ejecutivo en junio de 2023 incluía un tope de contratación de 1.907 plazas de residencia. En Aragón hay 4.100 personas en una plaza residencial dentro del sistema de dependencia y 7.554 personas cobran una prestación vinculada al servicio de atención residencial. “El siguiente objetivo del Gobierno de Aragón será mejorar estas prestaciones”, ha apuntado la Consejera, para que “las personas dependientes y sus familias puedan elegir libremente el centro en el que quieren ser atendidos”.

Además ha indicado que el Gobierno de Aragón ha equiparado la prestación de cuidados en el entorno familiar con la prestación del servicio de atención residencial. En dos años se ha incrementado casi un 9% el importe que la Administración paga por la plaza concertada para atender a personas mayores –un 4,3% en 2024 y un 4,5% en 2025– frente al 1,5% del último año de la anterior Legislatura.

Susín también se ha comprometido a “implementar un programa de asignación de plazas” al amparo de los contratos vinculados a la Historia Social Única.

El sistema de cuidados y el Decreto 111/1992

Respecto a la modificación del Decreto 111/1992, de 26 de mayo, por el que se regulan las condiciones mínimas que han de reunir los servicios y establecimientos sociales especializados, la Consejera ha explicado que “es necesario aprobar la Ley de Ordenación de las Entidades Públicas y Privadas que prestan servicios sociales en Aragón; reitero, públicas y privadas, porque las exigencias cuanto menos deben ser iguales”. Ese Proyecto de Ley de entidades privadas ha llegado en dos ocasiones las Cortes, en 2017 y en enero de 2023 “con la legislatura finalizada y por lo tanto sin intención de aprobarla”, ha lamentado Susín.

“Hoy el anteproyecto de Ley está ya en fase de tramitación, la semana pasada finalizó la fase de consulta pública y el texto del proyecto ya está redactado; por lo tanto, estamos en fase de redacción de las memorias y los informes preceptivos”. Carmen Susín ha adelantado que una vez las Cortes aprueben la Ley comenzará el proceso de elaboración de la norma que sustituya al mencionado Decreto 111.

En cuanto al acuerdo sobre criterios comunes de acreditación y calidad de los centros y servicios del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) que se aprobó en 2022 en el Consejo Territorial, Susín ha recordado que solo contó con el apoyo de las comunidades gobernadas por el PSOE y “ninguna de esas CCAA lo han trasladado a las normativas; sólo las que votaron en contra de ese acuerdo -Andalucía, Castilla y León, Galicia y Madrid- han podido aprobar su propia normativa de acreditación”.

“Ese sistema de acreditación es de imposible cumplimiento y supondría el cierre de numerosas residencias que no podrían afrontar ni las inversiones en infraestructuras, si es que las instalaciones pueden adaptarse, que no siempre es posible; ni sostener la ratio de profesionales que impone, fundamentalmente porque ni siquiera se encuentran profesionales en las CCAA que como Aragón están despobladas y tienen un paro tendente a cero”, ha indicado Carmen Susín.

“Aragón no va a aprobar una normativa que ponga en riesgo la sostenibilidad del sistema residencial y del sistema de cuidados de las personas dependientes”, ha concluido la consejera.