La reforma de la ley de agricultura familiar da su primer paso

El pleno de las Cortes de Aragón ha aprobado este jueves la toma en consideración de la proposición de ley del grupo parlamentario de Vox de reforma de la ley de protección y modernización de la agricultura social y familiar y del patrimonio agrario. El PP ha apoyado la propuesta de la ultraderecha en pleno enfrentamiento entre ambos partidos por las consecuencias de los aranceles que llegan desde Estados Unidos, paralizados ahora por 90 días. Mientras que el PP critica a Trump, Vox insiste en que el problema se ha generado en la Unión Europea.

Precisamente en el Pacto Verde, objeto de casi todas las críticas de Vox en materia agroalimentaria, es una de las razones que se ha esgrimido para pedir la reforma de este texto. La norma, aprobada por el Gobierno liderado por el socialista Javier Lambán, se tenía que actualizar, ya que varios artículos podían ser considerados anticonstitucionales, al extralimitarse en las competencias de la comunidad. Vox en un principio quiso derogar el texto, cuando estaba dentro del Pignatelli, pero la influencia del PP y la salida de la ultraderecha del Gobierno autonómico encauzó la situación hacia una reforma.

El portavoz adjunto de Vox, Santiago Morón, ha afirmado que el modelo tradicional de agricultura familiar "está en grave peligro por las erráticas políticas contenidas en el Pacto Verde Europeo, dictado desde los despachos de Bruselas y respaldado por todos los partidos excepto Vox y que está asfixiando la economía de los agricultores y ganaderos aragoneses".

"El Pacto Verde Europeo es el responsable de los desproporcionados condicionantes medioambientales de la PAC y de los elevados costes energéticos y, en consecuencia, de la pérdida de competitividad del campo aragonés, que no puede hacer frente a la entrada masiva de productos de terceros países que no reúnen ni las exigencias medioambientales ni laborales que se les exige al productor europeo", ha aseverado. Ha indicado que la ley de agricultura social y familiar fue aprobada por el Parlamento en la legislatura pasada pero "no contó con el apoyo de la mayoría de las organizaciones del sector y, lejos de resolver los problemas, ha creado otros nuevos, generando un profundo descontento". La ley aprobada en 2023 tiene "un componente más ideológico que práctico" y su impacto "no ha podido ser peor", ya que ha aumentado el número de agricultores y ganaderos que han abandonado el sector, ha continuado Morón, quien ha emplazado a derogar cuatro artículos para "fortalecer la seguridad jurídica y económica del sector".

La izquierda ve "una ley pionera"

El diputado del PP José María Giménez ha anunciado el voto a favor de la toma en consideración de la iniciativa legislativa, señalando que la ley vigente "es muy mala", fue aprobada al final de la pasada legislatura, "tras ocho años de gobierno cuatripartito, con la oposición de todo el sector y no hicieron ni caso y perjudicaron a todos".

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En representación del PSOE, el diputado Marcel Iglesias ha dicho que la ley de agricultura social y familiar "es pionera en España" y se aprobó "con un respaldo muy amplio del propio sector, aunque algunas partes podían no estar de acuerdo". "El problema es que el Gobierno de Aragón no ha desarrollado los aspectos que favorecen que esos pequeños y medianos agricultores puedan mantener su actividad", ha zanjado.

El portavoz de CHA, José Luis Soro, ha dicho que "la ultraderechilla cobarde solo nos trae una reformilla que deroga solo cuatro artículos, ha sido el parto de los montes". Ha afirmado que con esta propuesta de reforma los pequeños agricultores "se quedan a la intemperie" ante los grandes fondos de inversión.

Desde Aragón-Teruel Existe, Pilar Buj ha criticado "la polarización del debate" y ha dejado claro que la ley "se puede mejorar", aunque sobre la misma "no se pueden cargar las responsabilidades de todos los problemas del sector, que vienen de décadas atrás en el tiempo".

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Para el diputado de IU, Álvaro Sanz, "ni tan siquiera esta ley sirve para proteger --al sector-- de sus verdaderos enemigos, la concentración y el dominio cada vez en menos manos de los activos productivos y del mercado". Ha afirmado que "desregulando se va a poner alfombra roja a esos intereses especulativos".

En el turno del PAR, Alberto Izquierdo ha rechazado la ley que Vox quiere reformar, recordando que cuando se aprobó la DPT, donde él era diputado provincial, se posicionó en contra. "Hay empresas, hay agricultores, hay ganaderos en Aragón que tenían una autorización y han tenido que parar la expansión de su empresa agraria o agrícola porque ha cambiado la ley".