Las Cortes rechazan pedir al Congreso que compense con el IVA a los territorios con renovables
La proposición de ley de Teruel Existe solo ha contado con los votos a favor del grupo proponente y de CHA

Guitarte, a la derecha, conversa con varios diputados, este jueves en las Cortes. / CORTES DE ARAGÓN
EFE
El pleno de las Cortes de Aragón ha rechazado este jueves tomar en consideración una proposición de ley del grupo Aragón Teruel-Existe para instar al Congreso de los Diputados a compensar con el IVA a los territorios que acogen instalaciones renovables pero reciben escasa retribución.
La iniciativa solo ha contado con los votos a favor del grupo proponente y de CHA, la abstención de IU y PAR y el voto en contra del PP, PSOE y Vox.
Un resultado que para el portavoz de Aragón TE, Tomás Guitarte, evidencia una "falta de valentía" para exigir a Madrid una compensación real para estos territorios a los que las políticas actuales no compensan adecuadamente más allá de “alquileres de los suelos” e impuestos locales, que en algunos casos se reducen a cantidades “simbólicas e irrisorias”, pero no compensan “otros muchos daños” provocados por la implantación de estas infraestructuras.
En su explicación de voto, Guitarte ha descalificado las propuestas del PP y Vox y ha argumentado que no abordan el desequilibrio real y que las energías renovables deben generar beneficios tangibles para los territorios donde se instalan y ha insistido en que el objetivo debe ser lograr compensaciones reales para los territorios productores.
Para Guitarte, como ha expuesto al inicio de su intervención, la forma en que se obtiene el suelo provoca una “pseudo desamortización”, ya que permite a empresas privadas expropiar terrenos en caso de oposición vecinal, lo que limita la actividad agrícola, ganadera y turística y provoca un desplazamiento de sectores tradicionales, además de un impacto “claramente” negativo sobre el desarrollo socioeconómico, sin que exista compensación algun.
La medida planteaba redistribuir el IVA de los recibos eléctricos en función de la potencia instalada, lo que supondría entre 180 y 300 millones de euros anuales para Aragón sin que productores o consumidores pagaran más. A su juicio, el modelo actual “favorece la despoblación” y, sin medidas contundentes, Aragón corre el riesgo de convertirse en “un territorio de sacrificio al que se le expolia un recurso”.
Desde el PP, María Navarro ha dicho que la medida distorsiona el sistema de financiación local y autonómica, ya que plantea repartir parte del IVA, un impuesto estatal, según la generación eléctrica por provincias, ha defendido que ya existen tributos y fondos específicos que compensan a los territorios con instalaciones renovables.
La socialista Leticia Soria ha justificado su voto en contra por coincidir con una medida que ya planteó la formación en la pasada legislatura y que forma parte del Fondo Aragonés de Solidaridad Energética, incorporado por el actual Gobierno a la ley de medidas urgentes pero al que acusa de no haber desarrollado los instrumentos aprobados por las Cortes.
Para el diputado de Vox Juan Francisco Vidal, la iniciativa es un “texto mal concebido, peor redactado y completamente falto de rigor” que responde a un “planteamiento mercantilista” y a una planificación energética “irresponsable”. Ha acusado a sus impulsores de ofrecer “limosnas” a los territorios a cambio de permitir “la invasión descontrolada de macroparques eólicos y fotovoltaicos”.
El diputado de CHA José Luis Soro ha mostrado su apoyo por considerar que la proposición representa “un paso en la dirección correcta” para abordar la concentración de infraestructuras energéticas renovables en algunas comarcas aragonesas, con implicaciones “sociales, económicas y medioambientales”.
El portavoz del PAR, Alberto Izquierdo, ha señalado que "siendo una buena idea, yerra en el fondo y en la forma" porque el debate corresponde al Congreso de los Diputados. Ha calificado la iniciativa como “política cosmética” y ha criticado que se use una propuesta estatal para un posible rédito político, aunque ha optado por la abstención.
Desde IU, Álvaro Sanz ha compartido “la necesidad de proteger, planificar, parar y compensar” ante una “locura” de despliegue energético “absolutamente especulativo”, pero ha dudado de que la propuesta sea el mecanismo adecuado para lograrlo.
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