Un Pacto del Agua permanentemente mojado

Nunca como en este siglo ha sido tan real la amenaza de un macro trasvase del río Ebro desde Aragón a las regiones del arco mediterráneo. El Gobierno de José María Aznar estrenó su mayoría absoluta con la aprobación en 2001 de un ambicioso Plan Hidrológico Nacional que contemplaba el trasvase del Ebro. Aznar quería asegurarse los votos de las autonomías mediterráneas y no escatimó en recursos: invirtió más de 4.000 millones de euros en una gran tubería que iba a tomar aguas del Ebro a su paso por la provincia de Tarragona para distribuirla en la Comunidad Valenciana, Murcia y Almería. Aznar puso la primera piedra de lo que iba a ser un gigantesco trasvase de agua, pero ninguna más. Aquel proyecto trasvasístico no vio la luz y fue derogado en 2005 por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero tras cuatro años de una fuerte oposición no solo social, sino también de la Unión Europea, contraria con una obra hidráulica de esa magnitud en un momento de escasez de agua y de cambio climático.

Precisamente, la falta de agua en el Ebro y el hecho de que pusiera en riesgo la subsistencia de ecosistemas propios del rio, como sucedía en el Delta, dada la irregularidad de la cuenca, fueron los principales argumentos de los detractores del trasvase que llevaron su protesta no solo a las calles de Barcelona y de Zaragoza, sino también a Bruselas, hechos que propiciaron que la UE se opusiese tanto al proyecto como a su financiación. Los defensores del proyecto del PP, por su parte, impulsaron campañas demagógicas y despectivas hacia los contrarios con el trasvase. "Apadrina a un murciano" o "Agua para todos" fueron proclamas contra Aragón y a Cataluña.

El debate sobre el trasvase, además de movilizar el rechazo rotundo de la sociedad aragonesa, monopolizó el debate hidráulico de los primeros años del siglo XXI. Hasta entonces, el foco político y mediático se había centrado en el cumplimiento de las obras del Pacto del Agua, aprobado por el Parlamento aragonés el 30 de junio de 1992, que contempló la ejecución de más de un centenar de actuaciones hidráulicas por valor de casi 2.500 millones de euros. En una comunidad extremadamente sensible con el tema hidráulico, una cuestión que forma parte de su identidad y que se considera vital para su crecimiento económico, el Pacto del Agua trazó lo que debía de ser la hoja de ruta a seguir en política hidráulica.

Sin embargo, aquel pacto pronto se quedó en papel mojado. En 2006, la Comisión del Agua de Aragón llevó a cabo la primera revisión del Pacto del Agua. Se desechó Jánovas y Santaliestra –dos de los proyectos hidráulicos más conflictivos-, redujo la capacidad del recrecimiento de Yesa y también la de Biscarrués, Con el tiempo, varios de los embalses se judicializaron. En 2017, la Audiencia Nacional anuló el anteproyecto y la declaración de impacto ambiental del embalse de Biscarrués por una infracción a la Directiva Europea del Agua, a instancias de los ayuntamientos afectados y de organizaciones ecologistas. Y en 2020, el Tribunal Supremo confirmó la sentencia de la Audiencia y el Gobierno central descartó su construcción definitivamente.

El reto del cambio climático

La judicialización de los embalses y el rechazo social obligó a una nueva revisión del Pacto del Agua en una Mesa de Diálogo que se creó en 2021 y que aprobó sin consenso unánime un documento condicionado por el reto del cambio climático. Por primera vez, se constató que como consecuencia del descenso de precipitaciones la aportación anual del río Ebro y sus afluentes a la Cuenca se había reducido de 18.000 en 1992 a 16.000 hectómetros cúbicos anuales.

Casi al mismo tiempo de la firma del Pacto del Agua, aprobado por unanimidad del Parlamento aragonés, se extendió la impresión en la sociedad aragonesa de que el cumplimiento íntegro de aquel acuerdo era una utopía y que el mismo quedaría sobrepasado fruto de la agudización de las consecuencias del cambio climático. Como así fue. La sequía y, en consecuencia, la falta de agua en los acuíferos y el descenso de los cauces del Ebro, además del enfrentamiento del llano y la montaña por la ejecución de las grandes obras hidráulicas, han obligado a una relectura permanente de ese acuerdo que todavía hoy no se ha ejecutado en su totalidad.

Grandes consensos

Se han alcanzado grandes consensos entre regantes y conservacionistas gracias a la intermediación, como sucedió en el Matarraña; se han ideado proyectos más respetuosos con los habitantes de las zonas afectadas y se ha optado por la reubicación en el llano de embalses para sortear la oposición ciudadana. Sin embargo, más de 30 años después de la firma del Pacto del Agua, la Confederación Hidrográfica del Ebro se ha encontrado con problemas de diversa índole para sacar adelante las obras hidráulicas que quería tener listas para el tercer ciclo de planificación hidrológica, que abarca de 2022 a 2027. Los planes pasaban por no impulsar nuevos embalses para centrarse en los que estaban en marcha, que son Mularroya, Almudévar, Santolea y San Pedro Manrique, este último en Soria.

De estas cinco actuaciones, con las que se presuponía que la cuenca del Ebro alcanzaría una regulación del 60%, Yesa es la más retrasada, pero las dos primeras también acumulan sendas demoras. El recrecimiento de Yesa, uno de los más emblemáticos y costosos del acuerdo, está todavía sin concluir y afronta su cuarta modificación de proyecto de ejecución. Cuando se ejecuten todas las obras la capacidad de almacenamiento del Ebro llegará al 60%, pero los regantes ya han advertido que necesitan más agua.