El Gobierno de Aragón estudia aplicar la IA para el proceso de matriculación escolar
La utilización de la Inteligencia Artificial en la comunidad llega a 220.000 expedientes. El Gobierno de Aragón quiere implantarla en la evaluación de condiciones para acceder a prestaciones y las listas de espera

Primer día de la vuelta al colegio en el barrio zaragozano de Santa Isabel, en una imagen de archivo. | JAIME GALINDO

Es una de las prioridades del Gobierno de Aragón liderado por Jorge Azcón: transformar la Administración autonómica y reducir la burocracia con la aplicación de la Inteligencia Artificial a los distintos procesos que dependen del Ejecutivo aragonés. Después de una fase inicial en la que se han invertido algo más de 2 millones de euros para gestionar más de 220.000 expedientes, el Ejecutivo aragonés se plantea el gran salto de utilizar esta revolucionaria tecnología en procesos más complejos que afectan a un gran volumen de ciudadanos.
La matriculación escolar, la gestión de las listas de espera sanitarias y la evaluación de las condiciones para el acceso a las prestaciones sociales son tres de esos procesos administrativos que el Gobierno de Aragón quiere agilizar con la aplicación de la IA y para los que se lanza ya un nuevo concurso público.
Según explican fuentes del Gobierno aragonés, una de las líneas maestras de la gestión en esta legislatura es la aplicación de la IA a todos los procesos posibles. «El cambio que va a suponer va a ser tan brutal que casi es difícil de imaginar», defiende el propio presidente, Jorge Azcón, que quiere que la llegada de los centros de datos a la comunidad sirva también para dar un impulso a la gestión tecnológica y colocar así a Aragón a la vanguardia de este sector.
Dos proyectos en marcha
El segundo paquete, de 1.970.000 euros de presupuesto, se divide en cinco lotes que aglutinan 19 proyectos diferentes. El primer lote, de Vivienda, sale a licitación por 400.000 euros, con el objetivo de actuar sobre procedimientos como las subvenciones de rehabilitación a nivel de edificio, eficiencia energética y elaboración del libro del edificio (14 funcionarios implicados para analizar 95.000 expedientes). Además, las subvenciones al alquiler de vivienda (15 funcionarios para 8.600 expedientes), las del Bono Alquiler Joven (15 funcionarios, 6.500 expedientes); las ayudas de vivienda a colectivos vulnerables (15 funcionarios para 1.200 expedientes); o la gestión de las fianzas de los arrendamientos (4 funcionarios para 21.000 expedientes).
El segundo lote, de Educación, con un presupuesto de licitación de 450.000 euros se usará para analizar la gestión con IA de las becas de comedor escolar (14 funcionarios para 15.000 expedientes), las ayudas a la adquisición de material curricular (14 funcionarios para 12.000 documentos); y las becas del transporte escolar.
El tercero, por 300.000 euros, analiza la aplicación de la IA en Empleo, con el gestor de currículums vitae, la respuesta rápida para ofertas o la gestión del modelo de empleo y desarrollo de Aragón. El lote 4 es el que parte de un mayor presupuesto de licitación, con 470.000 euros, y es el que implica cuestiones de personal, que atañen a la dirección general de la Función Pública, la dirección de Recursos Humanos del Salud y la dirección general de Justicia. En este lote se agrupan procedimientos que están vinculados a la gestión de candidatos.
Por último, el lote 5 agrupa procedimientos relacionados con esas comunicaciones y autorizaciones, como la obtención del carné de cuidador y manipulador de animales; la certificación y control de semillas, las instalaciones de baja tensión, las comunicaciones previas de instalaciones de protección contra incendios o la inscripción en el registro general sanitario o en el registro de establecimientos alimentarios de Aragón. Las empresas pueden presentar sus ofertas hasta el próximo 7 de mayo. Así, los contratos para la gestión de estos procedimientos a través de la IA podrían estar firmados a principios de verano.
El Gobierno de Aragón ha elegido todos estos procedimientos en base al número de ciudadanos afectados (y por tanto, un mayor volumen de expedientes), los tiempos de resolución, el impacto económico y el número de funcionarios dedicados a ello. Después, se han priorizado cuestiones de interés, como las vinculadas a becas, ayudas o permisos, para reducir los plazos de espera y ofrecer «un mejor servicio» a la ciudadanía.
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