Los juzgados del Pilar de Zaragoza: doce años de condena y un futuro inacabado
La reconversión del edificio desde su vaciado en 2013 ha pasado desde su posible venta para levantar un centro comercial hasta un litigio ya olvidado por la propiedad

REPORTAJE SOBRE EL ESTADO ACTUAL DE LOS EDIFICIOS DE LOS ANTIGUOS JUZGADOS DE LA PLAZA DEL PILAR. UN FUNCIONARIO DE MANTENIMIENTO EN LA ESCALERA PRINCIPAL. / Laura Trives

Los antiguos juzgados de la plaza del Pilar de Zaragoza siguen trabajando en su reconversión. Esta semana se ha sumado el futuro Centro Goya, un espacio museístico y de nuevas tecnologías basado en el maestro de Fuendetodos, que ocupará unos 3.000 metros cuadrados que quedaron sin uso cuando las sedes judiciales pusieron rumbo a la Ciudad de la Justicia de la Expo. Se sumarán a los 10.000 que ocupa desde 2019 el Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS) y el Departamento de Bienestar Social y Familia de la DGA. Pero su problema es que, en el mejor de los casos, en 2027 cuando finalice la construcción del museo, aún faltarán 7.000 por utilizar, un tercio de los más de 20.000 que dejaron los tribunales en ese cajón del olvido que ya contabiliza una condena de casi doce años.
El vaciado se produjo en 2013, cuando comenzó una larga travesía en el tiempo que ninguno de los gobiernos que han transitado por la DGA ha sido incapaz de finiquitar de forma definitiva. Y acumula un historial de imprevistos tras de sí que incluyen desde su posible venta para construir un centro comercial o un hotel de lujo en el epicentro del turismo en Zaragoza hasta un interminable litigio en los tribunales por decidir si la propiedad era de la comunidad autónoma o del ayuntamiento. Sus paredes exhiben esa condena que es la degradación para los edificios abandonados, aunque se conserva bastante bien, pero también son testigos de los vaivenes de quienes debían decidir su futuro.
No ha habido tregua para este edificio que nació de las manos y la imaginación de Regino Borobio, arquitecto que firmó el proyecto para su construcción en 1960 indicando que «el importe de la ejecución material de las obras es de 24.413.228,23 pesetas». Para hacerse una idea, al cambio hoy serían 146.724 euros, un tercio de lo que ha invertido la DGA ahora solo en diseñar el proyecto del Centro Goya. Un diseño en el que han participado tres nietos suyos, y que se plasmarán en unas obras que van a costar siete millones. Si se sumaran a ellos los seis que se invirtió en el desembarco de Bienestar Social y el IASS en los edificios más nuevos (los que se levantaron con las ampliaciones de los años 80 y 90), son ya más de 13 millones lo que ha costado esa factura de devolverle a la vida y ni siquiera está completada la tarea.
Sin embargo, para Zaragoza el futuro centro museístico supone cerrar ese gran vacío con un uso que se decidió en el Gobierno de Jorge Azcón. Esta idea tardó más de una década en aparecer en el radar de la DGA y se ha impulsado, tramitado y diseñado en tiempo récord. Quizá para evitar tentaciones del pasado. Porque lo que muchos zaragozanos desconocen es que estas instalaciones llegaron a tener un precio millonario en el mercado. Fue cuando la primera solución que se pensó para él, en tiempos de escasez económica y de dificultades para la Administración, fue ponerlo a la venta para obtener cuantiosos ingresos por este caramelo inmobiliario. Y hubo empresas interesadas, y se llegó a sopesar la idea de convertirlo en un centro comercial (se presentó un proyecto en el ayuntamiento incluso) o en un hotel, o un bloque de oficinas... Incluso llevar allí algunas de las sedes administrativas de empresas públicas y departamentos dispersas por la ciudad.
Porque lo que demuestran estos doce años es que su estado actual es la consecuencia de un movimiento estratégico que se planificó solo para vaciarlo, pero no para qué hacer con él después. Al fin y al cabo, su vaciado, que se acabó realizando en 2013, no se planteó por una cuestión de mejora en las sedes judiciales, sino porque en un momento de parón en el recinto Expo, en el que el interés de las empresas privadas por instalarse allí era casi inexistente, se decidió apostar por construir la Ciudad de la Justicia, aglutinar allí todos los juzgados posibles y sacarlos de este edificio de la plaza del Pilar. Para que ese proyecto ejerciera de motor en la pos-Expo y ocupara más de 60.000 metros cuadrados en ese complejo que se concibió para convertirse en parque empresarial y que ha sido la propia Administración autonómica la que ha ido ocupando muchos de sus oficinas.
Aquel vaciado de los juzgados de la plaza del Pilar, sin embargo, se planificó sin solucionar una cuestión clave: ¿para qué se iba a reutilizar? Y la primera decisión en firme llegó con el Gobierno de Javier Lambán, fue la de llevar allí la sede principal del Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS). Hubo que esperar hasta 2019 (seis años después de vaciarse) para que apareciera este primer residente en los antiguos juzgados, pero acabó recalando en la parte nueva del edificio que linda con la trasera de la plaza del Pilar.
Aunque sí se consiguió que el acceso principal siguiera estando en la plaza del Pilar. Una entrada que ahora seguirá manteniéndose a pesar de la creación del futuro Centro Goya pero que en su día supuso un logro en mitad de un largo proceso judicial abierto por el Ayuntamiento de Zaragoza, cuando gobernaba ZEC. La reclamación del consistorio era sencilla: la ciudad era la legítima propietaria del suelo y el vuelo de ese edificio porque en 1947 había cedido la propiedad de esos terrenos al Ministerio de Justicia franquista cuando este decidió que era ahí donde debían llevarse todos los juzgados de Zaragoza.
En aquella época estaban en el palacio de los Duques de Villahermosa, junto a la antigua cárcel de mujeres, en el número 60 de la calle Predicadores, que acabaría siendo luego el actual colegio Santo Domingo y donde el consistorio entonces quería construir una estación de autobuses que nunca hizo. ZeC se dio cuenta de que aquella cesión de los solares se hizo condicionada a que su uso fuera el de albergar sedes judiciales, y que una vez la DGA había decidido cambiar su uso, ese acuerdo del pasado perdía validez y se podría reclamar la reversión de la propiedad a su legítimo propietario.
Así se lo reconocieron los tribunales, pero solo en la parte referida al inmueble que linda con la plaza del Pilar, la parte vieja de los antiguos juzgados, con más de 10.000 metros cuadrados que ahora ocupará en parte el futuro Centro Goya. El último fallo judicial, del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, en mayo de 2022, con Jorge Azcón como alcalde de Zaragoza y Javier Lambán como presidente de Aragón, reconocía la imposibilidad de retornarle el inmueble al ayuntamiento pero obligaba a la comunidad a indemnizar al consistorio con 4,2 millones de euros.
¿Se han pagado? Lo cierto es que nadie, ni en la DGA ni en el ayuntamiento, sabe a ciencia cierta si esa indemnización se ha abonado. Principalmente porque, en 2023, tras las elecciones autonómicas y municipales, Azcón se convirtió en presidente de Aragón y Natalia Chueca, también del PP, en alcaldesa, y ambos acordaron, en el seno de una de las bilaterales Aragón-Zaragoza, poner fin al litigio judicial y dejar de recurrir a instancias más altas que forzaran ese pago o lo incrementaran. Y poco después surgió la idea de crear el Centro Goya, abandonar la de crear algo similar en la Lonja, en otro proyecto estratégico que Azcón defendía como alcalde.
Y así ha navegado durante 12 años este viejo edificio que se inauguró en la dictadura franquista un 15 de junio de 1966. Casi 60 años de vida, 48 como juzgados y 12 como alma en pena buscando un futuro.
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