Fago y Ansó encaran la recta final de la batalla legal por el deslinde

Fago y Ansó mantienen desde 1830 uno de los pleitos territoriales más singulares de la geografía española. La primera es de las pocas localidades en todo el país que no tiene término municipal. Y la segunda le pone trabas a la reivindicación fagüeña, basándose en que hace casi 200 años, cuando ambas localidades altoaragonesas acordaron separarse, el citado convenio recogía que Fago no gestionaría más territorio que las calles y casas que ocupaba el pequeño pueblo jacetano. El deslinde, entre otras rencillas personales, fue una de las principales líneas de investigación en la causa del crimen de una de las páginas más notorias de la crónica negra aragonesa. Varios testimonios acreditaron a la Guardia Civil que ese fue el catalizador de la escalada de tensión que terminó con el asesinato del entonces alcalde de Fago, Miguel Grima, a manos de Santiago Mainar, un guarda forestal y ganadero que le descerrajó varios disparos de escopeta una noche de enero de 2007. La sentencia que lo condenó a 20 años de prisión recogió la posibilidad de que en el crimen existiera la participación de cómplices.

Otra resolución judicial juega un papel fundamental en esta historia: la que en 2018 emitió el Tribunal Supremo para darle la razón a Fago y conferirle un término municipal de 2.876 hectáreas, que le servirían, por ejemplo, para gestionar las licencias de las explotaciones ganaderas que se encuentran en su entorno o para ejecutar actuaciones en infraestructuras municipales, como los depósitos de agua. La citada sentencia se basaba en dos resoluciones del Ministerio de Hacienda fechada en abril y septiembre de 2014, entonces con Cristóbal Montoro a los mandos, en el que se reconocía que Fago debía contar con un término municipal bajo su gestión.

El reparto se basa en un informe del Instituto Geográfico Nacional que, según refieren distintas fuentes consultadas para la elaboración de este artículo, es «algo aleatorio» dado que carece de fundamentos técnicos, y que dejaría a Ansó con un término municipal de 22.308 hectáreas. Sin embargo, la citada resolución del alto tribunal, si bien concede a Fago el derecho a tener monte bajo su dominio, afirma que la asignación que propone es provisional. Y le da la última palabra a la Dirección General de Administración Local del Gobierno de Aragón, que, como decretó el Supremo, es la competente en la ejecución del deslinde cuando no hay acuerdo entre las partes. Ambos municipios comparten una mancomunidad forestal creada en 1878 en la que el 20% del monte pertenece a Fago y un 80% a Ansó.

Santiago Mainar, el asesino ‘inocente' que quiere agotar su condena

El procedimiento de deslinde se reativó el 19 de octubre de 2023, cuando el alcalde de Fago, Enrique Barcos (ahora en las filas de CHA, antes del PP y del PAR, y sucesor de Miguel Grima), presentó una demanda en el Juzgado Contencioso-Administrativo contra el Ejecutivo autonómico por su inactividad en la ejecución del deslinde municipal de Fago. El proceso había quedado paralizado en 2004, después del cual comenzó la derivada judicial que terminó dando la razón al municipio. 

En los meses posteriores, ambos consistorios constituyeron sendas comisiones de deslinde, que ya han enviado sus respectivos informes y argumentarios para justificar su posición. Y las dos son radicalmente contrarias, porque el Ayuntamiento de Fago exige que su término municipal ronde las 5.200 hectáreas –la misma propuesta que reclamaba el difunto Miguel Grima–, casi el doble de lo que le confirió el Supremo.

La dirección general deberá resolver en los próximos meses

La pelota queda ahora en el tejado de la dirección general de Administración Local, liderada por Marina Sevilla, que debe dilucidar cuánto terreno le corresponde a Fago en base a criterios geográficos (el cauce de un río, la paralela de una cima o una carretera, por ejemplo) e históricos. Y lo más complicado: discernir por dónde discurre la nueva linde, con las correspondientes afecciones sobre los propietarios de esas tierras. 

El plazo de resolución y notificación del procedimiento de deslinde y amojonamiento de términos municipales es de 18 meses a contar desde la constitución de las dos comisiones, por lo que el plazo se cumplirá entre finales de este año y principios de 2026. Y la obligación de la dirección general es resolver, como fuentes oficiales del Departamento de Fomento aseguran que harán. Por tanto, en los próximos meses se emitirá una resolución que pasará al Consejo Consultivo de Aragón (presidido por Xavier de Pedro), que deberá ser posteriormente aprobado en Consejo de Gobierno. 

Este diario se puso en contacto con el alcalde de Fago, Enrique Barcos, que declinó ofrecer declaraciones al respecto de esta información hasta que el proceso llegue a puerto. Por su parte, desde el consistorio de Ansó refieren que la delimitación provisional propuesta por el Instituto Geográgico Nacional que está sobre la mesa no les convence, pues incluso el citado órgano «valora que no obedece a criterios objetivos que la justifiquen, y la contempla como aleatoria».

«Estamos hablando de una delimitación de carácter administrativo y no de propiedad. No encontramos documentos históricos o geográficos que hagan pensar que el término municipal haya sido diferente en otro tiempo ni que indiquen que sea necesario modificarlo ahora. La forma de gestión de los montes se ha ejercido y se sigue llevando a cabo a través de la Mancomunidad Forestal Ansó-Fago, órgano de gestión en el que participa el ayuntamiento fagotano con una quinta parte», refieren desde el ayuntamiento ansotano, desde el que se muestran «dispuestos a entablar un diálogo y buscar fórmulas alternativas, como la delegación de ciertas competencias o contemplar áreas de expansión urbanística».

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