La maraña judicial por el reparto de menores: tres recursos de Aragón y uno del Gobierno central
La batalla política por el reparto de los menores migrantes que llegan a Canarias ha propiciado ya la presentación de cuatro recursos en distintas instancias, tres del Gobierno de Aragón y uno del Gobierno de España
La consejera Susín, durante una comparecencia en el pleno de las Cortes. / Cortes de Aragón
La maraña judicial que rodea al reparto de menores migrantes sigue sumando enredos. La batalla política iniciada por el Gobierno de Jorge Azcón contra el real decreto del Gobierno de Pedro Sánchez para el reparto de los menores migrantes que llegan a Canarias entre el resto de comunidades autónomas ha sumado su último episodio con el recurso del Gobierno central ante el Tribunal Constitucional por la negación del Ejecutivo aragonés a compartir los datos sobre la ocupación de sus centros de menores.
Todo comenzó el pasado 18 de marzo, cuando después de que Junts anunciara su acuerdo con el Gobierno de España para el reparto de menores, el Ejecutivo central confirmó dicho acuerdo sustanciado en un real decreto por el que se establecían los criterios del reparto de menores entre las distintas comunidades autónomas.
El primer recurso del Gobierno de Aragón
Pocos días después, a finales de marzo, el Gobierno de Aragón presentó un recurso contencioso-administrativo contra el email del Ministerio de Infancia por el que se solicitaban los datos de la situación de ocupación de los centros de menores a las comunidades autónomas. Una información que debían remitir "antes del 31 de marzo".
El Gobierno aragonés presentó el recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, y también reclamó unas medidas cautelares sobre la suspensión de la petición de datos que no se ha resuelto todavía, dos meses después.
Después llegó el segundo recurso, en este caso ante la Audiencia Nacional, también por la vía de lo Contencioso-Administrativo, por el que se recurría la convocatoria de la Conferencia Sectorial de Infancia, que inicialmente era el 28 de abril, y que finalmente se convocó para el 5 de mayo por el caos circulatorio provocado por el apagón. Los dos están admitidos a trámite.
El paso al Constitucional
El Gobierno aragonés prosiguió su batalla política elevando el caso ante el Tribunal Constitucional, en la misma línea de lo planteado por la Comunidad de Madrid, al considerar que el decreto conculca el principio de igualdad entre comunidades autónomas.
Así, el pasado 30 de abril presentaron el recurso ante el Tribunal Constitucional, que todavía no ha sido admitido a trámite, aunque el Alto tribunal ha confirmado la recepción de la documentación.
La respuesta de Moncloa
Por último, en respuesta al paso dado por el Ejecutivo de Azcón hacia el Constitucional, el Gobierno central ha confirmado hoy la presentación de un recurso ante el mismo tribunal al considerar que el Gobierno aragonés está faltando a una orden de "obligado cumplimiento", como es un decreto ley.
Fuentes del Gobierno central recuerdan que el TSJM no se pronunció sobre las cautelares, y al no conocerse el resultado de las cautelares, deberían haber dado respuesta al requerimiento de información.
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