Los empleados de los reformatorios en Aragón exigen al menos "dos trabajadores por turno" para evitar agresiones

Los trabajadores de los servicios de protección y reforma de menores en Aragón han lanzado esta semana una nueva campaña de alerta recordando a la ciudadanía que sus peticiones de mejoras laborales, con el objetivo de garantizar la seguridad de las propias plantillas y de los usuarios, no se han atendido "a pesar de la situación de saturación y precariedad" en la que se encuentran. Entre sus prioridades está el “establecer las ratios adecuadas garantizando que en todos los turnos haya al menos dos personas trabajando conjuntamente”.

El portavoz de la Plataforma por un Convenio Aragonés de Reforma y Protección, Guillermo Esteban, ha señalado que las plantillas de centros de menores y pisos tutelados "llevan tiempo denunciando la falta de medidas de seguridad adecuadas", así como la insuficiencia de personal y la sobrecarga de trabajo al que se enfrentan en sus jornadas laborales.

Además, creen que desde el Ejecutivo autonómico no se están tomando las medidas adecuadas para afrontar la redacción de unos nuevos pliegos con las empresas adjudicatarias. "Es sencillo, lógico y urgente que ningún trabajador afronte en solitario su labor al frente de un centro", reiteran.

El Gobierno de Aragón pregunta a los reformatorios por sus "camas plegables y sillones" para acoger a menores no acompañados

Además de la mejora de las ratios, desde la agrupación piden “evaluar los riesgos acorde a las características de los diferentes centros y la implementación de medidas de seguridad efectivas a tenor de los riesgos detectados” y “garantizar la mejora de las condiciones salariales de los profesionales de los centros de protección y reforma”.

Esteban ha lamentado que desde la consejería de Bienestar Social y familia no se les traslade una solución de fondo y se abogue por la reordenación de los pocos recursos disponibles e incluso por la instalación de "botones del pánico" para atender emergencias. "Demuestran una gran falta de compromiso por los menores tutelados y un profundo desprecio ante los profesionales que trabajamos con ellos", han señalado.

Segundo motín en un mes: los antidisturbios disuelven una trifulca en el centro de menores de Juslibol

La plataforma considera que están "sufriendo un bloqueo por parte de la Administración pública" a la que achacan que únicamente les recibe en reuniones "sin tomar decisiones" y sin considerar que la protección de menores tutelados "es un derecho esencial".

Por otro lado, reclaman que se tomen medidas de presión para que las entidades en las que está externalizada la gestión doten a las plantillas de los recursos humanos y materiales necesarios para desempeñar su labor. "Si se tomaran en serio su labor dotarían a los centros del personal necesario para atender adecuadamente a los adolescentes que llegan con una mochila de vida demasiado pesada", ha reiterado.

Por su parte, el también miembro de la plataforma Héctor García ha incidido en que es imperativo "garantizar unas condiciones laborales dignas y seguras” para evitar situaciones de violencia como las que se han denunciado recientemente, con agresiones y motines.

Este mismo martes, la Comisión de Bienestar Social y Familia en las Cortes de Aragón ha debatido una proposición de ley presentada por Izquierda Unida para implementar con urgencia estas medidas para mejorar las condiciones de las personas que realizan su trabajo en los centros de protección y reforma de Aragón.

La iniciativa ha contado con el voto en contra de PP y Vox, por lo que ha sido rechazada. El diputado Álvaro Sanz ha denunciado que el trabajo que se realiza en los centros de atención es "un servicio 100% público" que se encuentra atenazado por su falta de financiación crónica. "Su trabajo está dedicado a atender a una población vulnerable como es la infancia y la adolescencia", ha manifestado.