Los abogados y procuradores aragoneses refuerzan la batalla para asegurar sus pensiones

Los abogados y procuradores aragoneses afrontan con incertidumbre su futura jubilación. Una buena parte de los casi 5.000 profesionales que ejercen en la comunidad están preocupados por el resultado de sus pensiones y piden al Gobierno de España cotizar bajo el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) para asegurarse pagas dignas, al menos mínimas, antes de dejar de trabajar. Esto podria llegar a afectar a más de 4.000 abogados y los más de 300 procuradores que desde que entraron en el colegio profesional en un buen porcentaje han cotizado en la mutualidad del sector y que ahora tienen el temor de cobrar pensiones de apenas 300 o 400 euros al mes una vez jubilados. Un problema que no afecta a todos por igual, pues desde la propia aseguradora de los abogados indican que la capitalización ha sido individual, por lo que cada persona ha podido decidir qué hacer durante estos años.

El próximo día 20 de mayo los mutualistas de Teruel tendrán su asamblea para decidir el nombre del delegado que participará en la asamblea nacional del 28 de junio. Los de Huesca harán lo propio el día 23 y en Zaragoza se designarán cuatro representantes el 30 de mayo. El director general de la mutualidad de la abogacía, Rafael Navas, indica que en la cita estatal se abordarán estas cuestiones, junto con el propio análisis de las cuentas de la entidad. "En muchos casos han alegado que no se ha sido suficientemente transparente, pero desde que existe una capitalización individual todos los mutualistas han recibido un informe trimestral con su propia situación", señala.

La evolución de estas prestaciones ha cambiado mucho en los últimos años. Antes de 1995 los abogados solo podían cotizar a través de la mutualidad de la abogacía, sin embargo, ese año hubo un cambio de normativa en el que se permitió pasar a cotizar a la Seguridad Social como autónomos, pero aquellos que escogían cambiar de sistema, perdían todas las aportaciones realizadas. Por ello, la mayoría de los profesionales se quedaron en la mutualidad.

Abogados y procuradores, "atrapados en auténticas mierdas de pensiones"

Los abogados y procuradores afectados por estos planes de previsión de las mutualidades se oponen a la solución del Ministerio de la Seguridad Social en la que se baraja que todos los nuevos profesionales pasen a cotizar en el régimen de trabajadores autónomos, a partir de 2027, pese a que muchos de ellos lo que buscan es reintegrarse ya, algo que se está tramitando en una ley presentada en el Congreso de los Diputados que hará posible la pasarela al régimen de autónomos para los mutualistas con la máxima urgencia.

En Aragón, un de las plataformas que trabaja para mejorar la proposición legislativa es del Movimiento #J2 de Procuradores por una Jubilación Digna. El portavoz Miguel Ángel Alcaraz incide en que buscan que la mutualidad "sea voluntaria" y afirma que mantendrán las movilizaciones para que nadie en la profesión "se quede atrás". Sobre todo ahora que existe un plazo de 15 días para presentar enmiendas al texto legal. Entre otras cuestiones piden que la pasarela al régimen de autónomos no deje fuera a los profesionales ya jubilados.

Una mutualidad "voluntaria"

Desde la mutualidad de la abogacía se reconoce que Aragón no es uno de los territorios más significados en este movimiento reivindicativo de carácter estatal. La entidad también está pendiente de presentar alegaciones a la nueva norma estatal, pues consideran que las condiciones de esa pasarela tienen que ser "justas y equitativas", garantizando que el traslado sea voluntario e individual. Esto no supondrá un quebranto económico para la propia mutua ni para los profesionales que opten por permanecer en ella. La razón, según indica Navas, está en que la propia capitalización individual hace que las rentas de cada uno de los abogados dependa exclusivamente de sus aportaciones.

El debate sobre el contenido de la ley comenzará una vez que se haya superado el primero de los trámites legislativos para una proposición de ley, la toma en consideración por parte del pleno del Congreso. Y para ello, el grupo socialista, que ha realizado la propuesta, debe incluirla en el orden del día de alguna de las sesiones semanales que restan hasta que, a finales de junio, concluya el primer periodo de sesiones de este año.