El Ministerio de Vivienda deja fuera a Aragón de un reparto de fondos por no declarar zonas tensionadas

El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana está ultimando la habilitación de 35 millones de euros que se traspasarán a las comunidades que hayan declarado zonas tensionadas, o estén en proceso de hacerlo, para que dispongan de más recursos para adoptar medidas adicionales en aras de garantizar el derecho a una vivienda digna y adecuada. No es el caso de Aragón, por lo que la comunidad se va a quedar fuera de recibir los fondos del ministerio, que van asociados a la aplicación y desarrollo en el territorio de la Ley de Vivienda y que ha anunciado este jueves la ministra Isabel Rodríguez en la inauguración de la feria Construmat, en Barcelona.

"El Gobierno de Aragón ha manifestado en repetidas ocasiones su negativa aplicar la Ley de Vivienda, impidiendo que municipios que cumplen las condiciones para ser zonas tensionadas puedan beneficiarse de estas medidas", han indicado este jueves desde la Delegación de Gobierno en Aragón.

"El Gobierno de Aragón tiene la oportunidad de ayudar a la gente para acceder a la vivienda aplicando en Aragón la Ley de Vivienda, que permite declarar zonas tensionadas y controlar los precios. La Ley se aplica o no se aplica, y el Gobierno de Aragón por motivos ideológicos y por beneficiar al mercado ha preferido que suban los precios del alquiler a ayudar a la gente", ha dicho el delegado Fernando Beltrán.

La respuesta a la decisión del ministerio por parte del Ejecutivo autonómico no se ha hecho esperar. "Excluir a Aragón es un castigo ideológico absolutamente intolerable", han señalado fuentes del Gobierno de Aragón.

"El maltrato del Gobierno central a Aragón es continuo e injustificable. No son solo los fondos de Vivienda. Está pasando con los fondos de la Dependencia, que se nos niegan mientras se pactan en exclusiva con territorios como el País Vasco, o con los fondos para inmigración", han añadido.

"Premiar a las comunidades que se someten al dictado de la nefasta ley de vivienda del Gobierno de Sánchez en detrimento de las que no lo hacen, por la ineficacia constatada de esta ley, es un castigo absurdo y difícil de explicar. Absurdo porque ni la propia ley obliga a la declaración de zonas tensionadas y difícil de explicar porque discrimina en función de una ley de claro sesgo ideológico", han puntualizado.

Asimismo, han considerado que "la medida en sí resulta irrisoria" si se compara lo que a Aragón le correspondería en función de su población (el 3% aproximadamente) de esos 35 millones, "que apenas alcanza el millón", han dicho.

Por contra, han defendido que el programa 'Más Vivienda, Mejor Turismo' para impulsar vivienda pública en los 43 municipios más turísticos de Aragón donde hay "cierta presión en relación a la vivienda habitual" para trabajadores del sector está dotado de 65 millones. "1 millón frente a 65 millones. Esa es la comparativa", señala la DGA.

El caso de Cataluña

La Ley de Vivienda contempla en su artículo 18 "el diseño y adopción de medidas de financiación específicas" para "favorecer la contención o reducción de los precios de alquiler o venta" en las zonas que se hayan declarado tensionadas.

Por tanto, estos fondos van asociados, tal como marca la legislación, a la aplicación y desarrollo en el territorio de la Ley de Vivienda, que posibilita a las comunidades declarar zonas de mercado residencial tensionado, una figura que permitiría en esos lugares bajar el precio de los alquileres un 5% y que los caseros tuvieran una bonificación fiscal de hasta el 90%.

Beltrán, por su parte, ha recordado que la ley de Vivienda "funciona allí donde se aplica", ha dicho. "En Cataluña en un año el precio alquiler ha bajado 3,7% en zonas tensionadas y en Barcelona el descenso ha sido del 6,4%, a la vez que se han sumado nuevos contratos de alquiler al mercado, lo que hace que haya precios más bajos y contratos más estables”, ha añadido.

"El Gobierno de Aragón, con esta decisión de no aplicar la ley, castiga a todos esos jóvenes y familias que, en pueblos turísticos o zonas en expansión, no se pueden beneficiar de una Ley que está en el BOE desde 2023”, ha añadido.