El Gobierno de Aragón critica "el profundo desconocimiento" de la ministra Saiz sobre la protección autonómica de los menores migrantes

La tensión entre el Gobierno de Aragón y el Ejecutivo central por la gestión de los menores migrantes sigue escalando. La DGA ha lamentado este domingo "el profundo desconocimiento" que a su juicio tiene la ministra de Migraciones, Elma Saiz, de la protección a los menores que se hace en la comunidad autónoma. Es la respuesta del Gobierno de Jorge Azcón a la entrevista publicada hoy por EL PERIÓDICO DE ARAGÓN, en la que Saiz afirmaba que el PP aragonés "rozaba la crueldad" por su gestión de la acogida de migrantes.

Desde la consejería de Bienestar Social y Familia, que dirige la popular Carmen Susín, han señalado que la DGA atendió a lo largo de 2024 a "1.804 niños, adolescentes y jóvenes españoles, extranjeros y extranjeros no acompañados". Según revelan desde la consejería, "en Aragón actualmente no hay ningún niño menor de 6 años en un centro residencial y la Comunidad es una referencia en este aspecto, tal y como certifica el último informe de Nuevo Futuro y el Ministerio de Infancia publicado esta misma semana". Citando una vez más ese estudio, la DGA destaca que las comunidades que más plazas para menores extranjeros no acompañados destruyeron en el último curso son Cataluña y Navarra, "donde la señora Saiz fue consejera de Economía y Hacienda".

El debate por el reparto de migrantes entre las autonomías lleva semanas enfrentando al Gobierno de Aragón con el central. Tanto es así que el Ejecutivo de Jorge Azcón es el único que no ha facilitado sus datos al ministerio, que ha llevado al Supremo esta "insumisión", según declaró Saiz en la entrevista con este diario. El Gobierno de Aragón también ha llevado a la vía judicial la sectorial y el decreto del Gobierno central, al considerarlos inconstitucionales. La Justicia debe decidir, todavía, cómo se resuelve este entuerto.

Elma Saiz: "El PP de Aragón roza la crueldad con los menores migrantes"

Mientras, el Gobierno de Aragón defiende que está atendiendo "a todos los menores de edad que llegan a la comunidad a través del programa de protección internacional que depende del Gobierno de España". Critican desde la DGA que con este programa los menores llegan "camuflados entre los adultos" y señalan que el Gobierno autonómico está llevan a cabo esta atención "con sus propios recursos y en cumplimiento de lo que establece el marco competencial".

El Ejecutivo autonómico califica de "execrable e hipócrita" las acusaciones de Saiz sobre "rozar la crueldad" en la gestión de los migrantes. El Gobierno de Aragón achaca al Gobierno de Sánhcez que "quien tiene todavía que responder al Tribunal Supremo sobre qué va a hacer para atender a más de un millar de menores migrantes no acompañados solicitantes de asilo que están a cargo de los servicios de protección de menores de Canarias".

"Las insinuaciones y aseveraciones de la Ministra a lo largo de esta semana parecen obviar todo lo anterior y que es el Gobierno de España quien está quebrando los principios de igualdad y solidaridad entre comunidades autónomas", insisten desde el Pignatelli, donde acusan al Ejecutivo central de trabajar "en favor de intereses que nada tienen que ver con la atención a estos menores vulnerables".

"El Gobierno de Aragón cumple la ley"

El Ejecutivo que dirige Jorge Azcón defiende que "ahora y siempre" cumple la ley y acata las decisiones que formula la Justicia. En este apartado del comunicado recuerda que la posición de Aragón, "desde un primer momento", sobre el Decreto Ley que quiere impulsar el Gobierno central para redistribuir a los migrantes de Canarias y Ceuta por las comunidades es "inconstitucional y conculca además todos los consensos que hasta ahora regían en lo relacionado con la atención a estos jóvenes".

Carmen Susín, consejera de Bienestar Social y Familia: "No tenemos capacidad para dar respuesta a la llegada masiva de menores"

La acusación política por parte del Gobierno de Aragón se dirige a los pactos del Ejecutivo de Pedro Sánchez con el independentismo catalán. Gracias a un acuerdo previo con Junts, el decreto denunciado por la DGA contempla que apenas una veintena de menores lleguen a Cataluña. "El Gobierno de España ha pretendido imponer una regulación pactada con un partido político independentista catalán y lo hace conforme a razones políticas muy alejadas del interés superior del menor que debe presidir esta normativa, que se ha redactado a espaldas del resto de comunidades autónomas", señalan desde el Gobierno de Jorge Azcón.

"Saiz es la Ministra responsable de los programas que se gestionan a través de ONGs que están dejando a personas en la calle cuando cumplen tres meses en el programa o incluso cuando detectan problemas de salud mental", afean desde el Pignatelli en otras cuestiones derivadas de la atención a personas en situacionesvulnerables. Instan, de hecho, a revisar los programas de atención humanitaria o el sistema de acogida de protección internacional, porque son "su responsabilidad".

"También es competencia del Gobierno de España dotar de personal suficiente a las oficinas de la Seguridad Social, que en Zaragoza están faltas de profesionales, para tramitar gestiones como el IMV –de hecho, la Comunidad Autónoma debe complementarlo porque se ha demostrado insuficiente para las familias y también ha retomado la actualización de las prestaciones de las pensiones no contributivas que el PSOE abandonó–", abordan desde el Gobierno de Aragón, donde también piden "clarificar" el resultado final del Reglamento de Extranjería y su impacto en la sociedad.